OAXACA, Oax. (apro).- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,  y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se comprometieron a resarcir los daños causados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, quienes están vivos.

Además, hicieron el compromiso de investigar y sancionar a los funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria involucrados en los hechos.

Con el objeto de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio indígena, funcionarios de esos tres órganos declararon como fallecidos y sepultados, pese a encontrarse vivos, a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, precisó que la denuncia sobre la “muerte legal” de los indígenas mixtecos llegó a CIDH.

El pasado 30 de junio de 2021 el organismo internacional solicitó un informe al Estado Mexicano para que informara las razones por las cuales habían dados por muertos y sepultados a 22 comuneros beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH.

Por ello, este miércoles 11 el gobernador fue citado a una reunión en la Secretaría de Gobernación, donde participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y ambos se comprometieron a reparar los daños a los comuneros mixtecos.

La reunión se realizó con los beneficiarios de la Medidas Cautelares MC-113-08, familiares, amigos y testigos del asesinato de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, perpetrado el 30 de abril de 2008 por el expresidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias.

El encuentro fue para buscar una solución, ya que dentro de los mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que fueron declarados como “fallecidos y sepultados”, se encuentran 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Ahí, Encinas Rodríguez y Murat Hinojosa reconocieron que efectivamente se violentaron los derechos de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, cuando funcionarios de los gobiernos estatal y federal los dieron por fallecidos.

Tanto Encinas como Murat se comprometieron a “reparar el daño causado a los comuneros para recuperar sus derechos que les fueron violentados de manera arbitraria, para que puedan en su oportunidad elegir a sus representantes agrarios de Santo Domingo Ixcatlán”.

De igual forma, sancionar a las personas y funcionarios públicos, tanto federales, estatales y particulares, que participaron en el hecho.

En la reunión participó una comisión de ocho personas de los beneficiarios de la MC-113-08 y dos representantes de del Cedhapi.

Santiago Reyes manifestó: “Resulta alentador para Cedhapi que el Estado Mexicano reconozca las violaciones y arbitrariedades que se han cometido en contra de los beneficiarios, que se comprometa a repararlos y se garantice el derecho de no repetición”.