OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició de oficio una investigación por el caso Santo Domingo Ixcatlán, donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros que están vivos, para despojarlos de sus tierras.

Este hecho –advirtió-- vulnera, entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.

La Defensoría solicitó información a las autoridades señaladas como responsables de declarar como fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, indicó que analizará la posible comisión de violaciones a derechos humanos en las que probablemente incurrieron servidores públicos de las instituciones responsables, fundamentalmente relacionadas con la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de personas que aún se encuentran vivas, hecho que tendría como consecuencia desconocer la posibilidad de las mismas a ser titulares de derechos y deberes, sobre todo los concernientes a su carácter de persona comunera.

Así también, la Defensoría advirtió que es fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues las propias autoridades agrarias señalan que en Oaxaca 76% del territorio es propiedad social --comprendiendo siete mil 200 millones de hectáreas--, lo que implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades o con otras.

El órgano autónomo manifestó su especial preocupación respecto a la obligación que las autoridades tienen de proteger el derecho a la personalidad jurídica de las personas en la entidad, pues en un estado de Derecho esta prerrogativa se convierte en base para el ejercicio de otros derechos.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), así como el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue y sancione a los funcionarios implicados en la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.

Acusó al exdelegado federal Agrario, Francisco Javier Cañada Melecio; al jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca, Daniel Víctor Merlín Tolentino, y a Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral, integrantes del RAN.