GUADALAJARA, Jal. (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que modificó la Ley del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco.

En dicho decreto se establece como monto máximo de pensión 39 veces el valor mensual de unidad medida, equivalente a casi 105 mil pesos, y se reducen las pensiones a exfuncionarios, es decir, se puso un tope a pensiones “de lujo”.

Y es que aproximadamente 70 funcionarios y exfuncionarios que terminaron su periodo de cotización al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) reciben actualmente montos que van de los 106 mil a los 208 mil pesos al mes, mientras que la mayoría de afiliados cobra alrededor de 17 mil pesos.

La CNDH argumentó ante la SCJN que la reforma que planteó el gobernador Enrique Alfaro (aprobada por el Congreso local el 3 de septiembre y publicada seis días después en el Periódico oficial de Jalisco) viola los derechos humanos a la seguridad jurídica, seguridad social, así como los principios de legalidad, irretroactividad de la ley y previsión social.

“El derecho a la seguridad social, así como al principio de previsión social, al señalar los contenidos prestacionales mínimos de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, no podrán nunca restringirse por leyes secundarias; es decir, el legislador ordinario no se encuentra facultado para establecer limitaciones a los derechos sociales establecidos constitucionalmente”, se lee en el documento.

Con la entrada en vigor de la reforma, 17 funcionarios se ampararon para no perder sus pensiones VIP, entre ellos el exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, el exalcalde priista Eugenio Ruiz Orozco, así como los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Guillermo Guerrero Franco, Carlos Raúl Acosta, Luis Ernesto Camacho y José de Jesús Angulo Aguirre.