COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– Envuelta en una crisis económica atribuida al adeudo del gobierno estatal desde el año pasado y al presunto retraso en la entrega de los recursos federales de enero de este año, la Universidad de Colima hasta este sábado no había cubierto el salario de sus trabajadores sindicalizados y de confianza correspondiente a la primera quincena de 2021.

A través de un comunicado oficial, el rector de la casa de estudios, José Eduardo Hernández Nava, explicó que la falta de pago se deriva de que “aún estamos a la espera de recursos del 2020 que tiene pendientes de entregar a la institución el gobierno del estado, así como los del gobierno federal correspondientes a enero de 2021”.

Reconoció que “son tiempos difíciles por la pandemia y el inicio de año, pero estoy convencido, como ha ocurrido desde hace 80 años, de que las y los universitarios saldremos delante de cualquier situación, por lo que les pido su comprensión ante este retraso que esperamos solucionar a la brevedad posible”.

Asimismo, Hernández Nava señaló que continúa haciendo gestiones para cumplir con las responsabilidades financieras establecidas con los trabajadores, ya que “uno de los principales intereses” de su administración es el bienestar y la seguridad de quienes laboran en esa casa de estudios.

Al respecto, el diputado Vladimir Parra Barragán, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local, se solidarizó con los trabajadores universitarios “ante el atropello de sus derechos y la falta de claridad en sus pagos, por el retraso en su primera quincena del año”.

Mediante una publicación en la red social Facebook, el legislador denunció que el gobierno estatal mantiene un adeudo de 301 millones de pesos con la institución educativa.

Parra Barragán, quien el año pasado propuso una iniciativa para democratizar a la Universidad de Colima –desechada recientemente por la fracción del PRI y partidos aliados–, insistió este sábado que “falta claridad y revisión a los manejos financieros” de la casa de estudios, así como “reformar la Ley Orgánica para evitar nepotismo, corrupción, malos manejos financieros y democratizar a nuestra universidad”.