COLIMA, Col. (apro).- El catedrático José Miguel Rodríguez Reyes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), fue despedido de la Universidad de Colima (Ucol) justo cuando está por emitirse la resolución de un juicio de amparo que podría obligar a la Junta de Conciliación y Arbitraje a entregar la toma de nota a esa organización sindical. El académico despedido, profesor investigador de la Facultad de Lenguas Extranjeras, participó en 2014 en una huelga de hambre colectiva para exigir la transparencia del manejo del fondo de pensiones de la casa de estudios, demanda que no fue atendida, y posteriormente fue uno de los impulsores de la fundación del SITU, del que fue electo secretario general. El caso de Rodríguez Reyes se suma al de otros siete trabajadores también expulsados de la Ucol en el transcurso de los últimos cuatro años, luego de formar parte del movimiento por la rendición de cuentas del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) y de integrarse al sindicato independiente. Además de José Miguel Rodríguez, entre los docentes despedidos hasta ahora se encuentran Pedro Vidrio Pulido, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y secretario general suplente del SITU; Teresa Hernández Ortiz, profesora del bachillerato técnico 23; Hugo Marcelino Coronado Carreón, reconocido como el mejor profesor de inglés en Manzanillo y miembro del SITU; Yanalum Cerda Guzmán, orientadora educativa y tesorera del SITU. También sufrieron rescisión de su contrato laboral José Jesús Lara Chávez, profesor e investigador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas (CUIB); Sergio Humberto Elenes Zepeda, profesor e investigador del CUIB, y Leonardo César Gutiérrez Chávez, líder sindical depuesto del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) tras impulsar la lucha por la transparencia del Fosap, quien tenía 30 años de servicio. En entrevista, Rodríguez Reyes informó que el pasado viernes 23 fue notificado de su despido por parte del abogado general de la Ucol, Elías Flores García, quien acudió a su centro de trabajo y sostuvo que la rescisión del contrato obedecía a la acumulación de tres faltas por incumplimiento de su horario de tiempo completo. El profesor aseguró que se trata de un argumento falso, aunque resulta difícil probar una cosa u otra, pues ante la falta de reloj checador sólo se firman listas de asistencia en las que no queda evidencia de las horas de entrada o de salida. Señaló que en 2016 hubo un intento de separarlo de sus labores de la Ucol, a través de un ofrecimiento de pensionarlo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a una crisis de ansiedad que sufrió en esa época. Tras negarse a aceptar esa medida, dijo, la Ucol lo mantuvo marginado sin asignarle tareas durante aproximadamente dos años, hasta que en octubre pasado fue llamado a reincorporarse para realizar labores de revisión del plan de estudios de la facultad, y poco más de un mes después fue separado del empleo. José Miguel Rodríguez aseguró que se trata de una represalia de los directivos de la institución educativa por haber participado en la huelga de hambre de 2014 y en la fundación del SITU. Consideró que su despido es una estrategia para intentar evitar que el sindicato independiente obtenga el reconocimiento legal, pues desde hace un año un juez federal ordenó a la Junta de Conciliación y Arbitraje la entrega de la toma de nota al SITU, pero la institución laboral no ha cumplido hasta ahora, por lo que el asunto se dirime en el tribunal colegiado, que en los próximos días podría emitir su resolución. De esta manera, añadió, se alargarían los plazos para el reconocimiento del sindicato, pues la autoridad laboral podría argumentar que no puede entregar la toma de nota si la mayoría de los directivos del sindicato se encuentran despedidos, aunque la mayoría interpuso demandas por despido injustificado. Recientemente los trabajadores despedidos de la Ucol expusieron su caso ante diputados de la nueva legislatura local, que tiene mayoría de Morena y sus aliados, quienes se comprometieron a intervenir en busca de su reinstalación.