CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Esto es ley mordaza!”, acusó la candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada Molina, tras enterarse que la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las medidas cautelares que pidió el PAN para que ella y los morenistas no mencionen ni relacionen a su contrincante de la oposición, Santiago Taboada, con la investigación de la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) sobre el llamado “Cártel Inmobiliario”.

En el último mitin del miércoles, en la colonia Niños Héroes de la alcaldía Benito Juárez -la misma donde se descubrió la corrupción inmobiliaria-, la morenista reaccionó molesta: 

Acaban de informar que las acaban de aprobar, las medidas cautelares. ¡Eso no es democracia! Se está demostrando el miedo, está atrás de la derecha, pero se les va a revertir. ¡Esto es ley mordaza! ¡Esto atenta contra la libertad de expresión!”.

Como lo aseguró por la tarde, antes de la decisión del IECM, la exalcaldesa de Iztapalapa, acusó: “El cártel inmobiliario es real, existe. Así que, miren, apenas la semana pasada se acaban de encontrar más inmuebles con el mismo modus operandi del cártel inmobiliario, cada semana se encuentran más y más edificios que fueron construidos ilegalmente y además, en el periodo de Santiago Taboada, así que no puede deslindarse de eso”.

Entonces, reiteró lo que ayer dijo en conferencia: que Morena iniciará una campaña para que los ciudadanos sigan con la denuncia contra Taboada y el “Cártel Inmobiliario”.

Brugada Molina afirmó que “el pueblo tiene que hablar, la ciudad va a hablar y se va a expresar todos los días”. Luego, convocó a los vecinos de la Benito Juárez “a seguir hablando del cártel inmobiliario, porque podrán callarnos algunos legalmente, pero nunca el pueblo nunca al pueblo”.

“No es calumnia, es una realidad”

Por la tarde, la morenista aseguró que el “Cartel Inmobiliario no es una calumnia, sino una realidad” que operó en la administración de Santiago Taboada en la alcaldía Benito Juárez. 

Esa fue la respuesta a Federico Döring, coordinador de la campaña del abanderado del PAN-PRD-PRI, quien por la mañana declaró que la queja que interpusieron ante el IECM, fue para “evitar la calumnia electoral”, no para censurarla, como lo acusaron ayer ella y dirigentes morenistas.

“El Cártel Inmobiliario no es una calumnia, hoy ya está incluso tipificado como delito. Es el gran escándalo de la corrupción en este siglo en esta ciudad y no podemos quedarnos callados”, aseguró en entrevista, luego de participar en el encuentro “Ciudad pluricultural” en la Plaza Garibaldi.

La exalcaldesa en Iztapalapa defendió su argumento al decir que la corrupción inmobiliaria se descubrió en la alcaldía Benito Juárez y que “hoy funcionarios y exfuncionarios que están siendo procesados.

Entonces, ¿qué calumnia hay? Todo lo que hemos dicho está sustentado. No estamos haciendo, como ellos, bolas de humo o simplemente caer en una campaña de mentiras ni mucho menos”.

Reunión con mazahuas y otomíes

La candidata Clara Brugada tuvo mítines con comunidades mazahuas y otomíes en la CDMX en la Plaza Garibaldi y Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Con ellas se comprometió a trabajar “intensamente” para evitar que las comunidades indígenas sufran discriminación por raza.

Reconoció que ello implica “mucha conciencia, pero implican también medidas que garanticen que ustedes no puedan ser discriminados”. Luego, les ofreció atender “con un plan de justicia las causas que generan la discriminación de los pueblos indígenas y originarios” y darle prioridad a garantizarles su derecho al trabajo, educación, salud y vivienda como lo dice la Constitución Política de la capital.

Esos son parte de sus compromisos para hacer de la CDMX “una Ciudad Pluricultural".           

Se comprometió a que, con el Sistema Público de Cuidados se atenderá a la población indígena y se desarrollará una acción específica para que las lenguas indígenas se preserven, al igual que sus tradiciones y costumbres.

Además, les ofreció un programa de apoyo para fortalecer la comercialización de productos mediante cooperativas que impulse su autonomía económica, principalmente de las mujeres.

También les ofreció un plan de justicia para las comunidades indígenas que se hará “de la mano de estas poblaciones”.

En el acto, Albina Téllez de Jesús, representante de la comunidad Mazahua, y Brígida Ricardo Matilde, de la comunidad Otomí, pidieron a Brugada apoyo para garantizar a sus comunidades el derecho al trabajo con la venta de sus productos, evitar la privatización de los espacios públicos y continuar con su lucha en la búsqueda de desaparecidos.