CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones que representan a víctimas de desaparición y feminicidio exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) procesar a funcionarios que filtraron videos e información concerniente a la investigación del asesinato de una adolescente y las lesiones a su madre por el mismo perpetrador en la delegación Iztacalco.

En un comunicado conjunto, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Justicia Pro Persona, alertaron que la difusión de videos de las declaraciones de Miguel “N”, presunto feminicida, así como de la escena del crimen y de nombres de otras posibles víctimas, “han expuesto la vulnerabilidad de las investigaciones en curso”.

Tras exigir detener las filtraciones y recordar que las autoridades de la FGJCDMX, el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana son las responsables de mantener en “secrecía” la información del proceso penal, los activistas pidieron a los titulares de esas dependencias dar “vista a los organismos internos de control a efecto de investigar las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas funcionarias públicas que actuaron como primer respondiente y quienes procesaron al escena de los hechos, esto es peritos, personal ministerial y policial”.  

Señalaron que al vincular los indicios encontrados en el departamento del detenido con desapariciones de otras personas, se vulneran los derechos de las víctimas y de sus familiares, más aún cuando en la Ciudad de México el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene reportes de 6 mil 840 mujeres desaparecidas, “pero las autoridades no informan cuántas han sido localizadas y cuántas siguen desaparecidas”.

Sobe la difusión de imágenes que pueden comprometer la investigación, las organizaciones sociales exigieron a las autoridades de la FGJCDMX que “apliquen la Ley Ingrid para evitar la filtración y difusión de información en proceso de investigación”.

Resaltaron que “la filtración y difusión de imágenes, audios o videos asociados a crímenes cometidos por razones de género es una práctica violatoria de derechos humanos de las víctimas y sus familias, atenta contra el derecho al debido proceso y amplifica el agravio cometido contra la vida y dignidad de las víctimas”.

Las organizaciones resaltaron que la difusión de las imágenes agravian a las víctimas, quienes tienen derecho a la privacidad y a la protección de sus datos, y “contribuyen a la normalización de la violencia feminicida”.

Criticaron que al divulgar la imagen del presunto perpetrador como asesino serial o como una persona dañada de sus facultades mentales, se deja de lado que persiste “la violencia extrema contra las mujeres, a la permisibilidad de las autoridades y la impunidad que la rodea”.