CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Justo a mitad de la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la administración de Martí Batres publicó la reforma al Código Penal local que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito y la penaliza hasta con 20 años de prisión, con la opción de aumentar 50% más la sentencia si se comete para obtener beneficios económicos.

En un acto público para anunciar la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial de la CDMX y su entrada en vigor este miércoles 17, el jefe de gobierno destacó que el propósito de ésta es sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción de inmuebles o pisos adicionales fuera de la ley.

El morenista agregó que esa reforma es también para inhibir a grupos como el llamado “cártel inmobiliario” que la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) descubrió en la alcaldía Benito Juárez y del que hasta el momento hay cuatro personas sentenciadas que aceptaron su culpabilidad.

Dicha alcaldía fue gobernada hasta finales del año pasado por el panista Santiago Taboada, actual candidato a la Jefatura de Gobierno por la alianza PAN-PRI-PRD.

Este martes, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el funcionario local explicó que el artículo 276 Quater publicado hoy establece que el delito de corrupción inmobiliaria lo comete el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

“Cuando las obras se permiten sin ton ni son, sin orden, sin cumplir requisitos, sin cumplir con cada paso, ocurren situaciones como la de edificios nuevos que se derrumban con un temblor o, para referirme a un caso gravísimo reciente, la perforación de instalaciones estratégicas, como un túnel del Sistema Colectivo Metro”, dijo Batres, en relación al daño a un tren de la Línea 12 en la estación subterránea Eje Central, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, ocurrido a mediados de marzo pasado.

El jefe de gobierno mencionó directamente al “cártel inmobiliario” de Benito Juárez que, dijo, “involucra a exservidores públicos de la alcaldía, familiares y socios, quienes de manera organizada participaron en construcciones ilegales a través de dos modus operandi: la autorización de pisos de más a cambio de dinero en efectivo o departamentos en dichas construcciones, y la conformación de empresas en el mercado inmobiliario para otorgarse ellos mismos los permisos para las obras”.

Batres Guadarrama detalló que en un año y medio las autoridades detectaron 130 obras irregulares con pisos de más, relacionadas con este grupo en la demarcación. Agregó que, hace poco, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) identificó otras cuatro obras con pisos excedentes. Y recordó que se tienen 12 órdenes de aprehensión autorizadas por jueces, nueve detenidos, cuatro prófugos y cuatro sentenciados.

Y remató: “Algunos calculan que el cártel inmobiliario de Benito Juárez, por lo menos, ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos de más”.

El encargado de despacho de la FGJ, Ulises Lara, explicó que, de acuerdo con la Reforma al Código Penal, a quien incurra en el delito de corrupción inmobiliaria se le impondrá una pena de entre 10 y 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos, como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Añadió que la pena crecerá 50% cuando las conductas de corrupción inmobiliaria produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie al propio servidor público y su familia.

Lara López recordó que la FGJ local ha asegurado al menos 60 inmuebles, “producto de componendas, propiedades, cuyo valor en el mercado es de decenas de millones de pesos por el tipo de construcción y sus ubicaciones, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán”.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Inti Muñoz, afirmó que esta tipificación permite a los vecinos defenderse y denunciar cuando servidores públicos autoricen obras o desarrollos inmobiliarios sin apego a la normatividad.

El tema de la corrupción inmobiliaria ha sido utilizado en los debates presidenciales y “chilangos” de parte de los candidatos de la coalición Morena-PT-PVEM, contra los de la alianza PAN-PRD-PRI.