CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) investiga la presunta tortura, abuso de autoridad y detención arbitraria de policías capitalinos contra Fabián, estudiante de la UNAM, acusado por el homicidio de un sujeto ocurrido en un panteón de la alcaldía Azcapotzalco el pasado 2 de mayo.

En entrevista con Proceso, Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCM, informó que los familiares y la defensa jurídica del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras interpusieron una queja hace unos días ante el organismo por las múltiples irregularidades en su detención, que lo mantienen en prisión preventiva desde hace un mes en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La queja fue recibida por la Cuarta Visitaduría del organismo, el cual ya solicitó la información correspondiente del caso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

“Ya se mandaron los oficios de solicitud de información, porque las líneas de investigación son esas (abuso de autoridad y detención arbitraria)”, dijo. 

Aplicarán Protocolo de Estambul 

Como parte del seguimiento de la queja ante la CDHCM, Ramírez Hernández agregó: “Acabamos de verlo a él la semana pasada, lo visitamos en el Reclusorio Oriente. Físicamente, digamos que está bien”.

Sin embargo, alertó: “también está reportando posiblemente tortura y ahorita estamos esperando turno para aplicar el Protocolo de Estambul… Le vamos a aplicar el protocolo, no te puedo dar mucho porque apenas abrimos el asunto hace 10 días, apenas fuimos la semana pasada y ya se mandaron dos oficios, pero estamos en inicio de investigación”.

Se trata del protocolo internacional que se aplica para investigar si una persona fue sometida a tortura antes, durante y después de su detención; si se comprueba que la persona detenida fue torturada, se debería anular el proceso penal en su contra.

Cuestionada sobre si Fabián ha recibido apoyo de la UNAM, como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, la ombudsperson capitalina comentó: “El abogado general de la UNAM está en contacto con él, me dicen que ya le ofrecieron facilidades para su situación académica”. 

Otra vez el Sector Hormiga

Fabián fue detenido la tarde del pasado 2 de mayo por policías del Sector Hormiga de la SSC, dirigida por Omar García Harfuch, que patrullan en la alcaldía Azcapotzalco. 

Se trata del mismo sector policiaco que el 23 de enero del 2018 detuvo con violencia a Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de 17 años de la Preparatoria 8 de la UNAM, y lo mantuvo desaparecido durante seis días. 

Cuando el joven fue hallado en la calle, el 28 de enero, estaba golpeado, confundido y con secuelas de daño psicológico severo que lo obligaron a permanecer internado en un hospital durante varios meses.

Fabián estaba en su casa

Hace un mes, Sergio, alias “El Caramelo” fue asesinado a tiros cuando asistía al entierro de “El Mike” en el panteón de San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco.

En un comunicado, la SSC dijo que minutos después del crimen, elementos del Sector Hormiga recibieron el reporte de disparos dentro del panteón ubicado en el cruce de las calles Manuel Salazar y Lucio Blanco. Con ayuda de las cámaras del C2 Poniente, ubicaron y detuvieron al presunto homicida “cuando trataba de salir del cementerio” y, en la revisión preventiva, le hallaron “un arma de fuego corta, abastecida con cuatro cartuchos útiles”.

Sin embargo, según el diario Reforma, la persona detenida fue presentada al Ministerio Público con el nombre de Juan Armando “N”; pero era Fabián, quien iba a una partida de ajedrez que pactó desde su casa, mientras en el panteón otra persona cometía el homicidio.

De acuerdo con esta versión, las cámaras de vigilancia de la unidad habitacional donde vive Fabián, grabaron al joven 20 minutos después del crimen en el cruce de las calles Zempoaltecas y Amuzgos Norte, en los límites de la Unidad Habitacional Miguel Hidalgo y la colonia Tezozómoc, casi a 2.5 kilómetros del panteón San Isidro. 

Según los familiares del estudiante, los policías recibieron el reporte de un robo a transeúnte en las cercanías de la estación Aquiles Serdán de la Línea 7 del Metro y que el presunto responsable coincidía con las características físicas de Fabián. Luego, los uniformados agregaron que, imágenes de las cámaras del C2 Norte, también mostraron que el sujeto fumaba mariguana.

La familia de Fabián aclaró que éste accedió a subir a la unidad para aclarar los hechos y demostrar su inocencia, ya que los oficiales le dijeron que, de no ser encontrado culpable, quedaría en libertad. Los policías no encontraron drogas o armas en sus pertenencias. Sin embargo, no lo dejaron descender del vehículo y lo comenzaron a torturar y amenazar para que acaptara la responsabilidad del asesinato de “El Caramelo”.

Los familiares de Fabián aseguran que los policías lo llevaron al panteón de San Isidro donde lo obligaron a ponerse una sudadera roja para que coincidiera con las características del homicida descrito por los testigos. Las pruebas de inocencia y de la detención arbitraria presentadas por la defensa jurídica de Fabián fueron desestimadas por la jueza de Control que solo consideró la declaración de uno de los policías responsables de la detención.

Fabián fue vinculado a proceso como presunto responsable del homicidio de “El Caramelo” y está bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

SSC y FGJCDMX, las que más causan quejas

El pasado 14 de diciembre, en un recuento anual de las acciones de la CDHCM, su presidenta Nashielli Ramírez informó que al cierre del 2022, el organismo registraía poco más de 50 mil quejas de los capitalinos, lo que representa un aumento de un 10%, respecto a las recibidas en el 2021.

Detalló que dichas quejas se concentran contra la FGJCDMX, la SSC y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario que depende de la policía capitalina.

Los principales motivos que denuncian los capitalinos contra la SSC son detenciones arbitrarias cometidas por policías, falta de apego a los protocolos de detenciones, así como violación al derecho a la integridad personal. 

Mientras que contra la FGJ local acusan faltas al derecho al debido proceso y al de acceso a la justicia y al Sistema Penitenciario, por violación al derecho a la libertad y a una vida libre de violencia.