CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al grito de “Tres de tres, ningún agresor al poder”, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional la llamada “Ley 3 de 3” que prohíbe el acceso a un empleo, cargo o comisión pública a violentadores y deudores alimentarios.

La medida, aprobada por unanimidad en el Pleno este jueves 23, modifica los artículos 10 y 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, surgió de las iniciativas presentadas por las diputadas Gabriela Quiroga Anguiano, del PRD, y Martha Soledad Ávila Ventura, de Morena.

Tras la aprobación, la Constitución local asegura mejores condiciones para combatir la violencia política de género y para garantizar mayor igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político.

Martha Soledad Ávila, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, argumentó que “no podemos tener representantes populares, ni servidores públicos, con estas situaciones, deudores alimentarios, violadores”.

Agregó que con “este tipo de funcionarios, de representantes populares nunca vamos a avanzar en estas grandes reformas en beneficio de las mujeres, en este país y en esta ciudad”.

El dictamen fue aprobado el 21 de noviembre por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Políticos Electorales del Congreso capitalino.

El 12 de mayo pasado, el Congreso local aceptó por unanimidad la minuta proveniente del Senado de la República y conocida como “Ley 3 de 3”, que implica la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ésta fue impulsada, bajo la consigna de “Ningún agresor al poder”, por varias organizaciones civiles de mujeres, entre las que destaca la colectiva Las Constituyentes MX Feministas.