CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presuntos delitos de violencia digital relacionada con la Ley Olimpia, que sanciona la difusión de imágenes sexuales sin el consentimiento de la persona involucrada. 

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas atendió a las jóvenes que se presentaron en compañía de los abogados generales del IPN para dar seguimiento a las denuncias.

Agregó que, en primera instancia, acordaron realizar entrevistas a las víctimas, en compañía de la asesoría jurídica y psicológica. 

Además, la Policía Cibernética de la Policía de Investigación (PDI) llevará a cabo una “exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del investigado”. 

Según esta versión, la FGJCDMX instruyó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales otorgar “de inmediato medidas de protección” a las jóvenes, así como notificar a la Unidad de Asuntos Internos, para que se determine si existió alguna irregularidad en la atención psicológica inicial de las víctimas.

También pactó hacer una reunión de seguimiento a la investigación, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

Por su parte, los abogados del IPN señalaron que “se otorgan las medidas de protección que le corresponden al instituto” y que, con reuniones de trabajo y de acuerdo a los protocolos de la institución, se dará el seguimiento necesario al tema, “luego de escuchar las exigencias y denuncias de las alumnas”.

Ley Olimpia 

En diciembre de 2022, el Congreso de la CDMX aprobó la “Ley Olimpia”, la cual entró en vigor en enero de 2020 con modificaciones al Código Penal local y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para sancionar la difusión de imágenes sexuales sin el consentimiento de la persona involucrada con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Dicha ley fue impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la difusión en redes sociales de imágenes de contenido sexual por parte de una expareja, lo que no fue posible denunciar por la falta de legislación que lo sancionara.