GUADALAJARA, Jal. (apro).– Gabriela E. denunció a su hermano, el empresario y proveedor de suministros médicos del gobierno de Jalisco, Gabriel, por presunto abuso sexual en contra de su sobrina de 5 años de edad, pero la Fiscalía del estado archivó la denuncia y le abrió un proceso a ella por supuestamente violentar la intimidad sexual de la menor.

El asesor de la señalada, Héctor Pérez Rivera, relató que, en enero del año pasado, Gabriela se percató que su sobrina presentaba una afectación en su zona íntima que habría sido provocada por su padre.

Ella decidió tomar a la niña una fotografía para interponer una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco. La dependencia citó a declarar a la menor, quien en presencia de su padre negó que hubiera sido agredida, y cerró el caso.

Gabriela solicitó reabrir el caso. Un juez ordenó investigar, tomar en cuenta peritajes independientes y que se le diera una protección especial a la niña. Pero el caso quedó estancado.

“La Fiscalía fue absolutamente omisa en ello, y además amenazó a Gabriela, le dijo que ‘si usted sigue moviéndole, se la vamos a voltear’”, dijo Héctor Pérez.

Agregó que el padre de la menor tuvo acceso a la fotografía, pese a que debe existir un sigilo en la investigación y debía mantenerse en un sobre cerrado.

El empresario pidió a la Fiscalía proceder en contra de su hermana por el presunto delito de violar la intimidad sexual de la menor, y como prueba presentó la foto que Gabriela le había tomado para denunciar.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 8934-22, al argumentar que Gabriela violó la Ley Olimpia al tomar la fotografía en enero de 2021, almacenarla hasta noviembre de ese mismo, año cuando acudió a la dependencia, y amenazar a su familia con que pretendía denunciar.

El pasado viernes comenzó la audiencia de imputación en contra de Gabriela. Aunque no es un delito de prisión oficiosa, el juez Felipe de Jesús Rivera consideró “contrario a la perspectiva de género, a la presunción de inocencia, que ese delito como era una agresión sexual contra una niña, era de prisión preventiva”.

Este miércoles se realizó una audiencia de vinculación a proceso donde la defensa de Gabriela presentó dos peritajes, uno en psicología para recalcar que se debió investigar la violencia sexual contra la menor, y otro en antropología para explicar el contexto de la Ley Olimpia, que es mal utilizada en este caso.

Además, declararían dos testigos que presenciaron cuando la niña confesó a su tía que era agredida por su padre.

La defensa descarta tráfico de influencias en el caso, solo perciben “demasiadas presiones económicas y presiones mal entendidas por parte del Tribunal y de la Fiscalía”.

Previo a la audiencia, un colectivo se manifestó afuera de las instalaciones de los juzgados orales de Puente Grande para pedir “justicia y libertad” para Gaby a través de cartulina y mantas.