CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum sabía, desde diciembre de 2019, que había una separación de las vigas en el tramo elevado de la Línea 12 que colapsó el pasado 3 de mayo, por lo que “la tragedia pudo y debió evitarse”, aseguró Gabriel Regino, abogado de 15 exfuncionarios del Proyecto Metro, incluido su exdirector Enrique Horcasitas.

En conferencia, el exsecretario de Seguridad Pública capitalino explicó que el propio informe sobre el colapso que la empresa noruega DNV presentó ayer y que hoy hizo público, contiene el dato de que revisó imágenes y videos tomados por drones en diciembre de 2019 en las columnas 12 y 13 del tramo elevado en el que se encontraron dichas fallas.

Y basó su declaración en el párrafo de la página 170 de dicho informe, en el apartado 4.4 “Conclusiones del Análisis Estructural”, que dice:

“La secuencia en video del tramo tomada por drones en diciembre de 2019 muestra una deflexión descendente significativa en el tramo medio donde la Viga T-6 conecta con la Viga Norte. Dicho desplazamiento es mucho más grande que el que se observa en otros tramos y puede explicarse por la no funcionalidad de los pernos sobre una longitud significativa del tramo considerado”.

De acuerdo con Regino, “las autoridades no hicieron lo que tenían que haber realizado, por eso es nuestra afirmación de que esa tragedia se pudo evitar”. Y añadió: “Ahora quieren culpar a los encargados del diseño de la Línea 12, dejando fuera las posibles fallas tras el sismo de 2017".

El abogado es representante legal de 15 exfuncionarios del Proyecto Metro, encargado de supervisar la construcción de la llamada Línea Dorada, en el sexenio de Marcelo Ebrard. No obstante, sólo mencionó a dos: Enrique Horcasitas y Manuel Ponce Guerrero.

“No es dictamen, es informe y no tiene validez”

El exsecretario de Seguridad Pública aseguró que el documento que presentó DNV a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) no tiene validez de peritaje forense, debido a que se rompió la cadena de custodia de tres muestras de acero que obtuvo en la llamada “Zona Cero” y envió para analizar a laboratorios en Ohio, Estados Unidos.

“Este es un tema de suma gravedad… No podemos avalar esa información. Absolutamente no confiamos en el resultado”.

Como prueba, ofreció copias de las denuncias penales que Ausencio López Ramírez, apoderado de DNV Energy Systems México, antes DNV GL México, presentó el pasado 2 de septiembre a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y un día después a la Fiscalía General de la República (FGR), porque “el registro de cadena de custodia no se encontraba en la misma y el embalaje de las muestras había sido violado estando una de ellas aún abierta”.

El abogado recordó que en días anteriores presentó una denuncia contra la SGIRPC y su titular, Myriam Urzúa, por contratar a la empresa DNV sin licitación de por medio y “para inducir la investigación”, así como influir en los resultados de la FGJ local.

Además, cuestionó que el informe excluyera el factor de mantenimiento de la Línea 12, como si éste no fuera necesario en una obra de tal magnitud.

Por último, denunció que la FGJ, encabezada por Ernestina Godoy, no le ha permitido el acceso --como abogado de los exfuncionarios-- a la carpeta de investigación que abrió por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.