CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo minimiza la crisis de desapariciones en México, el país continúa encabezando los registros de Acciones Urgentes presentando ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), en las que se advierten trabas institucionales para la búsqueda e investigación de los casos.

De acuerdo al reciente informe sobre las Acciones Urgentes registradas en el último periodo de trabajo, entre 2012 y febrero de 2026, de las 2 mil 160 comunicaciones sobre desapariciones forzadas recibidas de todo el mundo, 819 corresponden a México, seguido de Irak con 669 casos.  

El reporte indica  que durante el periodo del 17 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2025, de las 161 solicitudes de acciones urgentes, el 37%, esto es 40 casos, son de México, 15 de ellas presentadas ante el Comité durante los dos primeros meses de este año.  

De acuerdo a los registros del CED, en 2024, último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los tres primeros meses de Claudia Sheinbaum, se presentaron 100 acciones urgentes, y 2025 cerró con 90 solicitudes de intervención internacional ante el gobierno mexicano. 

Sobre las 40 desapariciones reportadas al CED en el último periodo, corresponden a hechos ocurridos entre septiembre de 2011 y enero de 2026, de las cuales 13 ocurrieron en 2024, 16 en 2025 y una en 2026. 

Se revela que 30% de las desapariciones reportadas 12 ocurrieron en Chiapas, 7 en Jalisco, mientras que en Guanajuato y Sinaloa ocurrieron cinco en cada entidad; 4 en Oaxaca; en Baja California y Tamaulipas, dos en cada estado, mientras que en el Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo, uno en cada uno.  

El informe resalta los perfiles de las víctimas reportadas: 26 hombres o niños; 14 mujeres o niñas; cuatro niños y tres niñas; una persona adulta mayor y una persona buscadora.  

En su reciente reporte, el CED indica que durante septiembre del año pasado y febrero de este, recibió 10 acciones urgentes, que se registraron en una base de datos sobre asistencia y cooperación internacional, relacionados hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2024, en específico de “dos grupos de migrantes, incluidas personas de Cuba y Honduras, que viajaban por Chiapas, México, con la intención de continuar hacia Estados Unidos”, y que las víctimas habrían sostenido la última comunicación con sus familiares cuando estaban en “pequeños botes” en Oaxaca.  

El informe toma como casos emblemáticos del presunto involucramiento de autoridades en desapariciones ocurridas en Jalisco, Guanajuato y Sinaloa  

En la primera entidad, se refiere que en varios de los casos presentados hombres que se identificaron como “miembros de la fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y un video mostró una patrulla municipal” en las cercanías del lugar de los hechos, aunque a las familias se les informó que no se había llevado a cabo ningún operativo. El CED advierte que del análisis de la información, habría deficiencias en la entrevista a agentes estatales, en la revisión del video y mientras que no se realizó la geolocalización.  

Sobre Guanajuato, aunque no es mencionado por sus nombres, se incluye en el informe el caso del adolescente José Juan Arias Solís, desaparecido el 19 de junio de 2025 por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), mientras que su padre, Jose Juan Arías Corona, se reportó como desaparecido el 28 de diciembre de ese año, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por el CED. Este caso sería un ejemplo de las “demoras en acciones de búsqueda y esfuerzos limitaos para examinar todas las hipótesis pertinentes, incluida la posible participación del Estado”.  

En cuanto a Sinaloa, el CED apunta sobre el contexto de violencia desatada por las disputas territoriales de grupos delincuenciales, y que entre las denuncias recibidas hay reportes de la “colusión o tolerancia de agentes estatales” en casos de “personas secuestradas de sus hogares por hombres armaos y desapariciones grupales ocurridas en su lugar de trabajo”.  

El informe destaca su “preocupación” por casos ocurridos hace más de ocho años en estados como Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, debido a “la falta de progreso tangible en los procesos de búsqueda e investigación”, ya que sólo se limitan a “solicitudes formales de información a centros de detención o a las instituciones sanitaria, sin búsquedas exhaustivas  sobre terreno, análisis forenses ni una exploración completa de las hipótesis de investigación”.   

Casos de trata

El Comité alerta en su informe sobre las desapariciones de personas con fines de trata sexual o reclutamiento forzado, atribuidas a la delincuencia organizada, siendo ejemplos de ello las desapariciones de un joven en Guanajuato, en septiembre de 2025 y de un niño en Jalisco en junio de 2025, casos en los que el Comité “recibió denuncias de colusión entre agentes del Estado y delincuentes”.  

El CED resalta que los reportes recibidos revelan “obstáculos a la participación de familiares,  en el acceso a los archivos; periodos prolongados sin información y amenazas o intimidación relacionadas con sus esfuerzos de búsqueda que no son investigados de manera adecuada”.