CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A nueve meses de que la Suprema Corte de Estados Unidos bateó la demanda presentada por el gobierno mexicano contra empresas manufactureras de armas de fuego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió hoy una opinión consultiva, a petición de México, en la cual sostuvo que los Estados de la región deben aplicar una “debida diligencia” en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas para evitar su tráfico ilícito. 

Aunque sea un premio de consolación, pues la demanda principal no tuvo cabida en el sistema judicial de Estados Unidos, la Cancillería mexicana presumió que la opinión de la CoIDH “respalda la posición de nuestro país” en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego, y aseveró que el documento “refuerza la posición de México de que las empresas juegan un papel significativo en la problemática de la violencia armada”. 

“Esta opinión refrenda los argumentos esgrimidos por nuestro país en sus litigios estratégicos contra fabricantes y tiendas de armas en EUA por sus prácticas negligentes y representa un avance jurídico internacional en la estrategia integral en materia de seguridad del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Cancillería presentó dos demandas contra la industria armamentista. 

La primera acusaba a ocho empresas que fabrican armas de fuego de ser corresponsables de la violencia homicida en México, pues producen rifles y pistolas a sabiendas que van a ser traficadas y utilizadas por grupos armados de este lado de la frontera.  

La segunda demanda apuntaba a cinco tiendas ubicadas cerca de la frontera con México, que vendieron cientos de armas traficadas a México. 

En junio de 2025, la Suprema Corte desechó el primer litigio, con el argumento de que el gobierno mexicano no presentó una argumentación verosímil que pruebe que las empresas manufactureras ayudaron o fomentaron la venta de sus armas a organizaciones criminales en México. 

Con esta resolución, la justicia de Estados Unidos blindó aún más la muy poderosa industria de armas, que goza desde 2005 de una suerte de inmunidad contra demandas por lesiones causadas por sus productos.