HERMOSILLO, Son. (Proceso).– El gobierno de Sonora concedió que un sobrino consanguíneo de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, pueda ser notario público en el estado.

Se trata del abogado Ranjeet Kang Ojeda, de 36 años, originario de Benito Juárez, Quintana Roo, hijo de Luz del Carmen Ojeda Durán, hermana del marino en retiro.

Kang Ojeda obtuvo la patente de aspirante a notario el 18 de marzo último, según consta en el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La designación se formalizó mediante el oficio número 03.01-1-029/(2025), firmado por el mandatario y el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

En el documento se señala que el Ejecutivo estatal actuó “en ejercicio de mi atribución contemplada en el artículo 10, fracción IV” de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, y que el aspirante ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 104 y 106 de la misma legislación.

El boletín establece que la notificación se realiza “para su conocimiento y se proceda al cumplimiento de las formalidades” previstas en el artículo 123 de dicho marco normativo, lo que abre paso al proceso de adscripción y la eventual asignación de una patente titular a Kang Ojeda, quien egresó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de las Américas, en Puebla, en 2017.

La condición de Kang Ojeda llama la atención, ya que Proceso constató que tiene un domicilio registrado en Benito Juárez, en un sector conurbado llamado Super Manzana 31, a 4.8 kilómetros del puerto de Cancún.

A la fecha no hay registro público de su actividad como abogado litigante en México, ni tampoco en Sonora.

La formalización de su estatus como aspirante a notario precedió a la trama de huachicol marítimo transnacional que involucra a los sobrinos políticos de Ojeda Durán originarios de Sonora, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Ambos son señalados desde el 9 de septiembre por la Fiscalía General de la República (FGR) como líderes de una organización llamada Los Primos, que usó su posición de poder para corromper a personal de la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas en puertos federales, con el objetivo de ingresar ilícitamente hidrocarburos a México, mediante buques contenedores provenientes de Estados Unidos, con el soporte de toda una red de empresas transportistas nacionales en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guaymas y Ensenada durante los últimos seis años.

El acto ocurre también en un contexto donde el mismo gobernador Alfonso Durazo se ha pronunciado contra el uso político de las notarías públicas en Sonora, como ocurrió el 30 de agosto.

En un encuentro con los funcionarios notariales alertó que al participar en actividades políticas asumen el riesgo de “pervertir la fe pública” que depositan los ciudadanos en sus actividades conformando empresas o dando fe de actos legales.

“Lo único que les he pedido es que no hagan política desde su condición”, señaló el mandatario, para después insistir en que deben alejarse de militancias partidistas.

Previo a este pronunciamiento, en 2023 Durazo Montaño emitió una reforma a la Ley para evitar que el Ejecutivo estatal, al final de su sexenio, “obsequie” notarías públicas a personas con potencial conflicto de interés.

En Sonora hay 116 notarías públicas activas, según el directorio oficial actualizado al 16 de febrero de 2024.

Ayer viernes 19, el gobierno del estado difundió un comunicado con respecto de este tema, en el que señala que Ranjeet Kang Ojeda tiene acreditado el estatus de aspirante junto con otras cien personas que presentaron la documentación y el examen respectivo.

En el comunicado, firmado por la vocera Paloma Terán Villalobos, el gobierno estatal afirma que dicho estatus no significa una garantía para alguno de los aspirantes de que obtendrán la patente notarial que buscan.

El gobierno aludió a la Ley de Notariado de Sonora, que establece que todas las personas que cuenten con estudios de Licenciatura en Derecho pueden aspirar a convertirse en notarios. Y subrayó finalmente que Kang Ojeda deberá cumplir “con todos los requisitos y procedimientos que establece la ley”.