Poder Judicial
Magistrado De la Mata sobre vicios en elección judicial: “Antes era igual; los gobernadores proponían jueces”
Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral, da su versión sobre las razones que permitieron la validación de la elección judicial pese a las irregularidades, como los acordeones. “Tenemos que darle la oportunidad del beneficio de la duda a todos los electos”, dice en entrevista.CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A raíz de las elecciones judiciales del 1 de junio último, los principales organismos judiciales federales están ocupados por personas afines al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; en los estados gobernados por Morena los presidentes de tribunales electos son afines al partido en el poder y la misma situación impera en los estados gobernados por partidos de oposición que organizaron sus elecciones judiciales locales, como el PRI en Coahuila, Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León y el PAN en Aguascalientes.
Al preguntarle cómo explica esta correlación entre candidatos ganadores y gobiernos en el poder, en una elección donde los partidos políticos y los servidores públicos tenían prohibido participar, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explica:
“Suponiendo sin conceder que fuera así –porque es algo que tendríamos que ver si es verdad o no–... ¿antes no era igual? Antes era igual porque normalmente las personas llegaban porque el gobernador los proponía al Congreso”.
–¿Entonces, no ha cambiado, solamente se adaptaron a las nuevas reglas?
–Yo no estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que, suponiendo sin conceder, antes era igual.
De La Mata recibe a Proceso en su oficina del TEPJF para ofrecer su versión sobre el reportaje “Operación Acordeón”, de la periodista Estrella Pedroza, que esta revista destacó en su portada de septiembre.
En el trabajo periodístico, la reportera documentó que, en plena veda electoral, la Secretaría de Bienestar adjudicó un contrato millonario a la empresa Impresora en Offset y Serigrafía (oficialmente para imprimir folletos de promoción de programas sociales) mientras que autoridades locales pagaron a operadores de Morena para distribuir los acordeones que contenían el nombre y lugar de elección de los ganadores.

“Las investigaciones periodísticas pasan por tamices menos formales que los criterios jurídicos; muchas veces tienen elementos que no necesariamente se aportan en los expedientes jurídicos”, asevera el magistrado.
Durante una larga entrevista, De La Mata defiende su decisión de desechar los proyectos elaborados por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, que pretendían anular los resultados de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a las irregularidades observadas antes y durante la jornada electoral, y, especialmente, por el reparto de “acordeones” que promovieron a los candidatos ganadores.
Asegura que las pruebas en el expediente –tres mil 188 acordeones “nuevos, no habían sido utilizados” con 51 combinaciones distintas, decenas de fotografías de acordeones, cuatro videos de TikToks, decenas de cartas anónimas y una prueba pericial en materia de estadística– son insuficientes para determinar la existencia de una operación política detrás de la elección judicial.
Si fue algo tan espectacularmente estratégico -expone De la Mata-, tendría que haber millones de pruebas y tendría que haberse hecho tan evidente que las tendría cualquiera. Y todavía más: tendría que haber millones de personas, no papelitos, y mucho menos nuevos; tendrían en su caso que ser usados, que recibieran el papelito y hayan dicho ‘yo voté por esa persona porque me condicionaron, por ejemplo, un programa’. ¿Qué poder hipnótico se le atribuía a los papelitos? De repente recibes un papel y dices ‘mi voto está comprado y condicionado a partir de este momento’.
–Los proyectos no planteaban que hubo compra de votos, sino la participación de partidos que tenían prohibido participar en el proceso electoral –se le plantea al magistrado.
–Viene la pregunta: ¿seguro que fue un partido el que hizo los papelitos? –replica.
–Todo parece indicar que fueron varios partidos –se le hace notar.
–Esto significa que oposición y oficialismo podrían hipotéticamente haberle entrado al tema de los acordeones; y no nada más ellos: también hay otras posibilidades, por ejemplo, la ciudadanía, empresarios, sindicatos, iglesias, y esto tiene que estar en el expediente de tal manera que tengamos claridad y nos lleve a la nulidad. De otra manera, lo que tenemos son suspicacias; todos tenemos suspicacias, pero ninguna certeza.
–¿La sola existencia de acordeones producidos por actores que tenían prohibido participar no era causal de nulidad?
–En el proyecto reconocían: ¿quién lo hizo? No lo sé. ¿Quién metió la lana? Tampoco lo sé.’ Y, sin embargo, querían anular una elección nacional…
“Hay que empezar a preguntarnos si la motivación final de un juzgador tiene que ser su ideología en torno de una reforma electoral o judicial electoral”.
–Está la visión del juez, según la cual el expediente no tiene pruebas suficientes para anular una elección, pero ¿cuál es la visión de Felipe de la Mata sobre las elecciones en general?, tomando en cuenta los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o de la relatora de la ONU sobre la independencia judicial, que dan cuenta de irregularidades y advierten de la coincidencia entre los ganadores y los acordeones que más se difundieron.
–Vuelvo a afirmar que, en lo personal, no me parece que haya sido una buena idea desaparecer la carrera judicial, y también creo que la vía democrática no es la mejor para seleccionar a jueces y magistrados. Pero ya es el pasado; quiero tener una esperanza, estamos en el momento en el cual tenemos que darle la oportunidad del beneficio de la duda a todos los electos. Habrá que estudiar las sentencias y resoluciones de este nuevo Poder Judicial.

A De La Mata se le cuestiona sobre la integración de Gilberto de Guzmán Bátiz García y de Claudia Valle Aguilasocho como nuevos magistrados de la Sala Superior del TEPJF, pues sus candidaturas fueron promovidas en acordeones atribuidos al oficialismo, lo cual podría generar dudas sobre su imparcialidad.
“Es lo mismo: suspicacias. La SCJN validó, sin dudarlo, la elección de mis dos compañeros de la Sala Superior y creo que la corte que se acaba de ir tenía fama de todo menos de ser oficialista. ¿Por qué entonces las mismas casillas, los mismos electores, los mismos cómputos llevaron a algunos de mis compañeros a querer anular la elección de ministros?”, suelta.
Sentido institucional
A lo largo del proceso electoral emergió un bloque mayoritario en la Sala Superior, conformado por su presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, y los dos “Felipe”, es decir, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.
Sus votos coincidieron al igual que en los debates más ríspidos que se dieron en torno de las elecciones judiciales, incluyendo en la sesión maratónica que desembocó en el desechamiento de los proyectos que proponían anular los resultados de la elección judicial. Los tres magistrados siempre votaron para quitar los obstáculos a los comicios, que surgieron como producto de las múltiples deficiencias de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

“Me parece que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF tenían que tomar una decisión: si iba a haber o no elecciones. Y, por lo tanto, si se iba a cumplir con la Constitución”, dice De La Mata en retrospectiva, y añade: “Hubo un sentido institucional, de tratar de que una reforma constitucional mal hecha, porque está mal redactada, pudiera cumplirse y hacer viables sus efectos.
“Lo que hemos destrabado es el cumplimiento de la Constitución, que dice que los jueces y magistrados se tienen que elegir por la vía democrática. Puede no gustarnos, pero lo dice la Constitución, y si esto se lee como ayudar al oficialismo, diré que son miradas cortas, probablemente basadas en criterios políticos de partidos opositores”.
De la Mata continúa: “Los partidos dicen, ‘usted y sus dos amigos son del oficialismo’, pero yo me acuerdo que, hace menos de dos años, todos los partidos, menos Movimiento Ciudadano, suscribieron un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para pasar una reforma constitucional que nos quitaba facultades porque habíamos empezado a otorgar acciones afirmativas a mujeres”.
En ese contexto, el magistrado dice que lo que él ha aprendido en este trabajo es que “los políticos son buenos para los chismes, y normalmente llevan los chismes que les convienen; entonces, no son exactamente buenos ni objetivos. Los políticos buscan el poder”.
Precedente de 2006
Durante la entrevista, se le plantea a De La Mata que declarar la nulidad de la elección de la Corte, como lo consideraban los magistrados Otálora y Rodríguez, habría causado una crisis profunda entre el Tribunal Electoral y el gobierno –junto con Morena–, promotores de la elección judicial.

El magistrado elude el tema de la elección judicial. “Voy a poner un ejemplo donde sí se hubiera generado una crisis enorme y, sin embargo, había pruebas y determinaciones claras de que hubo gravísimos ilícitos: las elecciones de 2006, en las cuales quedó acreditado que el presidente de la República (Vicente Fox) se metió en la elección en favor de un candidato (Felipe Calderón), y donde quedó acreditado, también, que los empresarios se metieron contra un candidato (López Obrador), quien sufrió una campaña negra durísima.
“¿Y qué hizo la sala? –continúa– No anuló, porque la nulidad es la última decisión, y eso, pese a las gravísimas conductas que acabo de describir”.
–Si considera que en 2006 era válido anular una elección, no veo por qué este criterio no justificaría anular la elección judicial –se le expone al magistrado.
–Yo dije que habría que abrir los paquetes electorales y recontar, eso sí. Después podríamos platicar de otra cosa, pero no necesariamente anular.
“Yo puedo estar contra el voto democrático para elegir a jueces y magistrados. Mucho antes de que hubiera una reforma judicial, yo decía que esto es pésima idea. Ahora, ¿es importante lo que yo piense? Le soy sincero, yo pienso que no: lo importante al final del día es lo que diga la Constitución, y la Constitución dice con claridad que ahora se seleccionan a los jueces y magistrados por vía democrática. Y mi chamba justamente es aplicar la Constitución”.
“No me acuerdo de este caso”
Se le recuerda al magistrado De La Mata Pizaña los casos de aspirantes a candidatos que salieron seleccionados en la tómbola organizada en el Senado, pero cuyos nombres no aparecieron por error en las listas definitivas. En estos casos el bloque mayoritario consideró que el daño ya estaba hecho, pese al error manifiesto.
“Yo dije hace tiempo que no creía que la tómbola fuera un buen sistema para elegir jueces y magistrados, y lo sigo sosteniendo. Pero el sistema, así como está diseñado, está hecho para que suceda una sola vez por el Senado; no puede haber dos, porque los resultados serían distintos, entonces una vez que pasó la tómbola, se acabó”, justifica.
Este reportero pone sobre la mesa el voto del bloque mayoritario para confirmar una decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE de no investigar a Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, las tres ministras identificadas con el oficialismo, por actos de precampaña ilegales, los cuales estaban documentados.
“No me acuerdo de este caso en particular porque se puede imaginar que hemos resuelto cientos de casos. Pero el principio dispositivo establece que las pruebas tienen que presentarse de inmediato con la demanda”, dice.
Una Corte politizada
Al magistrado también se le plantea que, con la reforma judicial, se transitó de un Poder Judicial desacreditado por temas de corrupción o nepotismo, a uno nuevo que llega con acusaciones de politización, y que en ambos casos hay dudas sobre los jueces.
“En el siglo XIX los magistrados de la Suprema Corte eran electos y estaban altamente politizados, tanto que tres de ellos fueron presidentes de la República: Benito Juárez, Lerdo y Díaz”, responde.
–Se refiere a politizado en el sentido noble de la palabra. Pero aquí estamos hablando de intercambios de favores, de tráfico de influencias...
–No es posible determinarlo ahora respecto de un Poder Judicial que acaba de entrar, pero sí es posible decirlo respecto del Poder Judicial que se acaba de ir. La esperanza es que este nuevo poder judicial trate de enmendar esa plana porque la sociedad está cansada de un Poder Judicial que no atendía a sus problemas de origen y que, viciados en temas de formalismos, hacían casos y juicios que duraran décadas”, dice.

En otro momento de la conversación, que vierte sobre la presunta influencia que tuvieron los acordeones en los resultados de la elección, De La Mata observa que “por primera vez, desde Juárez, tenemos a un ministro presidente de la Corte que es indígena”, y pregunta: “¿Apoco ningún indígena, de los pueblos y comunidades del país, votó por él por sentirse representado en sus ideales y circunstancia?”.
–Muchos de los candidatos eran desconocidos, y que tanta gente votara por las mismas personas genera dudas –se le insiste.
A ver… difícilmente iba a haber una persona más capacitada como yo para votar, pues como magistrado del TEPJF tengo un pie en lo electoral y otro en lo judicial. Y no conocía prácticamente a ningún candidato a juez ni magistrado. ¿Qué hice? Me metí a la aplicación del INE, vi los currículos y voté –responde el magistrado, aunque momentos más tarde reconoce que–, la boleta es compleja y los nombres son muchos. No podemos anular una elección si las pruebas no son claras.
Con esos antecedentes, De La Mata considera que la comisión creada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para elaborar una nueva reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, debería considerar la experiencia de las instituciones para determinar “qué funciona y qué no funciona”, sobre todo considerando la agenda electoral complicadísima de 2027.
“Reflexionemos y veamos los precedentes para que en 2027 no se repita, porque se van a juntar las elecciones para la otra mitad del Poder Judicial y 13 poderes judiciales locales, diputados federales, 17 gobernadores, prácticamente todas las presidencias municipales del país… Estamos hablando del Godzilla de todas las elecciones de México y esto, en experiencia, no es viable”, considera el magistrado.