PUEBLA, Pue (Proceso).– La defensa legal de Jorge Lobato, imputado por una presunta agresión sexual, cuestiona “los modos” de operar del Sistema de Justicia en el estado de Puebla; su cliente tiene más de dos años esperando una sentencia y, pese a que ya venció el plazo legal para recibir una condena, el sospechoso sigue en prisión. Peor aún, sigue detenido, aunque durante distintas audiencias ya presentó pruebas que no lo vinculan con la agresión.

La situación de Lobato, de acuerdo con su defensa, es una violación a los derechos humanos y desvela que la “justicia se administra” a beneficio u bajo el amparo del gobernador, Alejandro Armenta Mier. 

“Tenemos dos años, dos, que nos atiendan, queremos que el sistema de justicia en Puebla nos tome en serio; incluso, en caso que mi cliente fuera culpable y se le dictara sentencia, ya estaría libre cumpliendo condena, pero no es así, es un hecho lamentable porque ninguna instancia se preocupa por la justicia en este lugar.

“Sabemos que en estos tiempos el delito que se le imputa al señor Lobato es delicado, pero no estamos hablando de defender a un agresor sexual en serie ni que el imputado sea un peligro para la sociedad, eso se ha ido disolviendo en audiencia, el tema es igual de grave porque nadie atiende el caso ni le da celeridad, ni para imputarlo, sentenciarlo o dejarlo en libertad”, explica el abogado David Arellano. 

En este caso, denuncia el defensor, existe el tráfico de influencias y contradicciones en la carpeta de investigación que se inició el 7 de junio de 2022.

Derechos humanos

De acuerdo con el expediente FGEP/CDI/FEIDVGMC/SEXUALES-I/006291/2022, el 16 de abril de 2021 la víctima fue agredida por Jorge Lobato y otra persona en un domicilio particular de Zacatlán, Puebla. El hecho ocurrió presuntamente durante una fiesta que ofreció Jorge Lobato en su casa, donde acudieron más de 40 personas. Ese dato lo destaca el abogado, pues asegura que la víctima no pidió ayuda y tampoco le dijo a nadie de lo presuntamente ocurrido, realizando la denuncia a más de un año de los hechos. 

Arellano también aseguró que la víctima convivió con sus presuntos victimarios en otra reunión, de lo que incluso hay video e imágenes que obran en la carpeta. 

“No queremos revictimizar a nadie, pero hay declaraciones, tiempos y hechos que no concuerdan de la declaración original a las consecuentes; si tomamos en cuenta que el hecho se denunció un año después, los tiempos y lapsos no concuerdan y eso también es parte de la investigación y un punto importante que se aclaró en juzgados”.

Por esa situación, el abogado acusa que su representado ha sido objeto de violación de sus derechos humanos, debido a que supuestamente existen influencia de funcionarios en el caso; ya que reveló que la denunciante es sobrina de Olivia Lecona, ahora delegada de la Micro Región 01 de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla y antes fue directora de Transversalidad de la Perspectiva de Género de la Secretaría de la Mujer; además, la víctima es hija de Sandra Escamilla, exdirectora del Deporte en Zacatlán.

Estamos hablando que todos los que han presionado y provocado que el imputado siga en prisión son muy cercanos al gobernador Armenta. Entonces, el piso no es parejo. Lo que buscamos es que la situación se aclare, sí el imputado es responsable, que pague su condena, pero no de esta manera entorpeciendo todo y castigando de esta manera a una persona que, hay que decirlo, también tiene sus derechos. 

Uno de los asesores jurídicos de la víctima, Israel Ramírez Rodríguez, se ha desempeñado como jefe de Causas en los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, entre otros cargos, en el Poder Judicial de Puebla.

“Se presentan en las instalaciones y hacen uso del equipo de cómputo oficial e ingresan a áreas que no son de acceso al público, así como también tienen trato familiar con los servidores públicos y les permiten tomarse fotos en el interior de la sala de audiencias; así como algunas otras facilidades contrarias a las disposiciones oficiales”, denuncia el abogado.

Los próximos jueves y viernes se celebrarán audiencias de juicio como parte del proceso que existe contra Lobato, quien fue detenido en mayo de 2023, en cumplimiento de una orden de aprehensión.