SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Dos días antes del Dia Internacional de la Mujer, Alejandra, una mujer indígena tseltal del municipio de Yajalón, fue sentenciada a 110 años de prisión, acusada del delito de secuestro agravado, “a pesar de que no hay testigos directos ni peritajes que indiquen su responsabilidad en el delito, sino un razonamiento lógico del juez de elementos”, denunció la Colectiva Cereza. 

La condena de 110 años en contra de Alejandra, madre de tres niñas y presa en el penal de San Cristóbal, “está basada en pruebas circunstanciales, lo cual es violatorio de derechos humanos”, afirmó la agrupación feminista. 

En el día que miles de mujeres salen a las calles para que los delitos se investiguen con perspectiva de género, la Colectiva Cereza destacó que “se sigue condenando a las mujeres por el hecho de serlo; porque son la esposa, la concubina, la hermana o la madre de quien cometió el delito y ellas también son detenidas y acusadas porque se les hace responsables por el vínculo familiar o afectivo, debido a en el momento de la detención ahí estaban”. 

Cereza, que da acompañamiento legal y psicosocial a mujeres en situación de cárcel y a su salida, señaló que, en Chiapas, “seguimos observando muchas sentencias condenatorias injustas; en muchas causas no hay un debido proceso, no hay defensa pública técnica adecuada, los peritos de la Fiscalía no tienen preparación técnica suficiente y los que sí, realizan dictámenes ‘a modo’, según el interés del Fiscal del Ministerio Público”. 

Las defensoras sostienen que “la visión de las fiscalías y de los jueces sigue siendo patriarcal y sin perspectiva de género ni derechos humanos, constituye una visión que violenta y criminaliza a las mujeres por el hecho de serlo y automáticamente las hace cómplices de las acciones de los hombres cercanos a ellas”. 

Señaló que los fiscales y jueces son capaces de tener empatía con otro hombre, porque manifiesta emociones en la sala y construye un discurso de imposibilidad de reacción adecuada por su “paternidad” con uno de los responsables del delito, y porque era el “único varón de sus 10 hijos”. 

“Todo lo anterior es discriminación y criminalización de las mujeres por ser mujeres”, manifestó la Colectiva, al demandar que “los y las jueces tienen que tomar responsabilidad en primera instancia y juzgar con perspectiva de género, del interés superior de la infancia, de los adultos mayores, interculturalidad y derechos humanos”, porque “es una obligación constitucional”. 

Demandó que el Tribunal de Enjuiciamiento debe de ser independiente, garantizarse su autonomía y el respaldo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para dictar sentencia con libertad de criterio; que las fiscalías, cuando hay insuficiencia probatoria, “pidan apoyo” a su titular para que a su vez lo haga con su superior y éste con el TSJ para que el juez condene, “es corrupción y son malas prácticas que deben terminar”. 

La colectiva feminista destacó que “cuando una persona inocente es condenada, se produce un daño irreparable, individual pero también familiar, comunitario, social. Y si es una mujer el daño impacta directamente en sus hijos e hijas, afectándoles física, económica, educativa y psicológicamente, se quedan con mucha frecuencia en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, sin acceder a la escuela porque tienen que trabajar o son obligados a ello”. 

Dijo que como Colectiva, “seguimos observando muchas sentencias condenatorias injustas; en muchas causas no hay un debido proceso, no hay defensa pública técnica adecuada, los peritos de la Fiscalía no tienen preparación técnica suficiente y los que sí, realizan dictámenes ‘a modo’, según el interés del Fiscal del Ministerio Público”. 

Sostuvo: “la Fiscalía ejerce presión sobre otras instituciones para que ‘colaboren’ realizando actos que constituyen violaciones a los derechos humanos, como con las Procuradurías locales del DIF, que firman entrevistas de la Fiscalía a niños y niñas a posteriori sin haber estado presentes”. 

Mientras, “la Fiscalía Indígena sigue utilizando a los niños y niñas contra sus madres, manipulando, amenazando y obligando a los adolescentes, lo que viola sus derechos constitucionales y los convenios internacionales de los que es parte México”, denunció. 

La colectiva Cereza finalmente pidió que “se tomen las medidas desde la Fiscalía General del Estado para que se investigue con perspectiva de género y derechos humanos, y se dejen de construir delitos contra las mujeres”.