CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de un largo debate, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que los candidatos a las elecciones judiciales del próximo 1º de junio no podrán gastar más de 220 mil 326 pesos durante los 60 días de campaña, los cuales provendrán exclusivamente de su bolso, pues la reforma judicial prohibió el uso de recursos públicos o privados en este proceso electoral inédito. 

Durante la sesión de hoy se enfrentaron diversas posturas respecto al tope de gastos de campaña, entre quienes consideraron que el máximo de 220 mil pesos era razonable y equitativo, y quienes estimaron que ciertos cargos de alcance nacional –como las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— deberían disponer de un monto más amplio. 

A diferencia de los demás procesos electorales que organiza el INE, en los que partidos políticos reciben recursos públicos y pueden captar donativos privados, la reforma judicial planteó que los candidatos solo podrán gastar recursos personales, para participar en foros públicos o para promocionarse en redes sociales de manera “orgánica”, es decir, sin pagar por ampliar el alcance de sus mensajes. 

Aparte, la reforma prohíbe de manera expresa la contratación de espacios publicitarios, ya sea en radio, televisión o cualquier medio impreso o digital. 

La corriente mayoritaria de consejeros planteó que la limitación a 220 mil pesos por todos los cargos establece una mayor equidad en la contienda, pues la otra opción favorecería a los candidatos con las mayores fortunas personales. 

"Topes de campaña de 2 millones de pesos estarían restringidas a personas que dispongan de 20 millones de pesos, es decir, un millón de dólares (…) solamente 288 mil mexicanos, el 2.3 al millar, dispone de una riqueza de un millón de dólares”, sostuvo Espadas, quien agregó que “aprobar límites de gastos personales en millones de pesos abriría formalmente el tránsito del sistema electoral mexicano a la plutocracia”. 

El consejero Jaime Rivera admitió que la opción adoptada por el INE no es óptima, pero sostuvo que es producto de una de las “muchas deficiencias normativas” de la reforma judicial que “hacen inoperantes las campañas y que no propician la equidad, más bien crean incentivos para la simulación”. 

Otro grupo de consejeros planteó que el monto de 220 mil pesos podría servir como piso, en lugar de tope, lo que autorizaría a los candidatos a gastar más recursos en sus campañas. 

La consejera Carla Humphrey Jordan estimó por su parte que los 220 mil pesos resultarán insuficientes “para el adecuado desarrollo del proceso electoral”, y aseveró que con esta limitación la población solo podrá elegir “entre las mismas figuras públicas que ya son conocidas a través de los medios de comunicación”. 

Aparte, la consejera subrayó que el INE todavía tiene muchos temas sensibles que resolver en torno a estas elecciones. “Fiscalizaremos, ¿y qué sigue?, ¿qué seguirá a un rebase de tope de gastos de campaña? ¿Quedarnos sin candidaturas? ¿O bien tener personas juzgadoras, impartidoras de justicia que abiertamente hayan infringido con la normatividad?”, preguntó.