CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La familia Zaragoza Fuentes, cuyo patriarca es Miguel Zaragoza Fuentes, es propietaria de uno de los imperios más grandes de gas del continente: el Grupo Zeta Gas, empresa señalada por ser favorecida en su momento, por contratos con Pemex, otorgados por Juan Camilo Mouriño cuando era diputado federal y presidente de la Comisión de Energía; así como los presuntos vínculos con el crimen organizado. 

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuantificó un quebranto de tres mil 303 millones 81 mil 348 pesos por robo de combustibles a través de tomas clandestinas en el país. 

Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua fueron las entidades donde más aumentó el reporte de tomas clandestinas a Pemex, de acuerdo con información de la empresa petrolera. 

El pasado 24 de julio, ocurrió una explosión de una pipa cargada con combustible proveniente del trasiego y contrabando de este líquido. Esto surgió a tan solo 500 metros de Leche Lucerna, propiedad de la familia Zaragoza Fuentes, propiedad de la familia Zaragoza Fuentes, y colindante con un terreno con el logo de Super Gas, dedicado a la venta de Gas LP y propiedad de la misma familia; dicho complejo se encuentra a un costado del patio donde Super Gas y Windstar realizan maniobras de trasvase en Chihuahua. 

El Grupo Agroindustrial Zaragoza está constituido por más de 30 empresas dedicadas en su mayoría a la producción, pasteurización y comercialización de leche fresca de vaca.

Basta recordar que en noviembre de 2024, un reporte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detalló el aseguramiento de una pipa con 34 mil litros de combustible proveniente del "huachicol" en la entidad, que estaría operado por grupos del narcotráfico. 

La expansión de la empresa

Tras la aprobación de la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los Zaragoza expandieron el negocio de la gasolina. Fue entonces cuando nacieron las empresas Super Gasolineras de la Frontera y Gasolineras Windstar, propiedad de Marco Zaragoza Fuentes y Miguel Zaragoza Fuentes. Marco y Miguel son hijos de Miguel Zaragoza López y Élida Patricia Fuentes Varela y, a su vez, nietos de Miguel Zaragoza Fuentes.

La empresa opera al menos otras 2 marcas de expendio de gasolina: Phillips 66 y Estación 76. Que cuentan con presencia principalmente en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora; aunque también en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas, en el caso de Phillips 66.

Desde 2021, Windstar ha estado envuelta en diversas irregularidades relacionadas con el contrabando y la adquisición de huachicol, así como señalamientos de implicación de corrupción.

Entre las irregularidades se refirió que las empresas excedían la cantidad autorizada de importación utilizando documentación falsa, declarando el producto como mercancía diversa como aceites, lubricantes o aditivos, con el objetivo presuntamente de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En julio de 2021, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía suspendieron el permiso de almacenamiento de combustibles a la empresa Petrolíferos Windstar de Sonora.

La Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tenían documentadas denuncias en contra de la empresa desde hace cuatro años, como figuró en un informe de Sener. 

Chihuahua es considerada la sede del emporio gasero y gasolinero de la familia Zaragoza Fuentes. En dicha ciudad se han detectado actividades de trasvase de combustible observados en Piedras Negras.

Huachicol en Piedras Negras

Las pipas que aprovechan los patios ilegales de huachicoleo en Piedras Negras pertenecen a Transportes Nari, Transportes Rápidos Regionales (TRR), JRM Transportación de Hidrocarburos y Energética Carvel, todas ellas dedicadas al autotransporte de carga. La primera, Transportes Nari, fue constituida en 2014 en Matamoros, Tamaulipas, y cuenta con un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que le autoriza transportar el producto a Nuevo Laredo por medios distintos a ductos.

El rastro fiscal de Súper Gasolineras de la Frontera, principal empresa gasolinera de la familia Zaragoza, así como de Energética Carvel, cuya presencia se ha constatado en patios ilegales de Piedras Negras y Ciudad Juárez, lleva a dos empresas: AMCA Combustibles y V8 Garage. Estas empresas son, en conjunto, los principales proveedores de ambas empresas chihuahuenses por encima de MGC México, filial de Pemex.

De acuerdo con documentación del Registro Público de Comercio, Transportes Nari, Transportes Rápidos Regionales y JRM Transportación de Hidrocarburos, tienen o han tenido a Abel Escobedo Flores como accionista o administrador único, además de compartir representantes legales y apoderados, es decir, son parte del mismo grupo empresarial.

Los accionistas actuales de Transportes Nari son Abel Escobedo Flores y Daniel Mejía Robledo; mientras que Transportes Rápidos Regionales tiene como accionistas a María del Pilar Cano Nava, Gerardo Gómez Torres, Carlos Hernández Martínez, Alberto Riveros Hernández y Abel Escobedo Flores. Este último es contador público egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León14 y empresario dedicado al sector energético con empresas en Ciudad de México y Monterrey. Los accionistas de JRM Transportación de Hidrocarburos son Jesami Ana Lucía Carrillo Félix y Jeraldhyne Carrillo Zavala. Por su parte, Energética Carvel es una empresa constituida en 2013 en Chihuahua, dedicada a la comercialización de gasolinas y diésel, y que ha sido acusada de huachicol y contrabando en 2018 y 2021.

Aunque los socios actuales de la empresa son Carlos Alberto Velázquez Nieto y su hijo Carlos Alberto Velázquez Díaz Luna, al momento de la creación de la empresa, el empresario Homar Prieto Barrera también formaba parte de la sociedad. Los empresarios Velázquez Nieto y Prieto Barrera han sido acusados del robo de combustibles.

Energética Carvel ha sido señalada por emitir facturas falsas, supuestamente por la proveniencia ilegal de los combustibles, y de mantener nexos de corrupción con el gobierno estatal que encabezó en ese entonces el político Javier Corral Jurado.

Pleito legales

Basta recordar que en 2022 ocurrió a disputa legal por el control de Grupo Zeta Gas, la empresa distribuidora de gas LP más importante del país con presencia en México, Europa, Estados Unidos, El Caribe, Centro y Sudamérica.

El caso se remonta a 2015 cuando el Juez Roy. L Moore, de Houston, Texas, otorgó a Evangelina López Guzmán de Zaragoza la mayor parte de las propiedades de este grupo, que le correspondía por ser la esposa del fundador de Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, quien llegó contar con una fortuna superior a dos mil millones de dólares, convirtiéndolo en el hombre más rico de Ciudad Juárez.

"Un tribunal de divorcio de Texas, donde Zaragoza y López se casaron, se pronunció a favor de López y ordenó a Zaragoza que le cediera una parte importante de su imperio empresarial. Pero tras una serie de apelaciones y batallas legales que llegaron hasta la Suprema Corte de México, Zaragoza no ha acatado la orden", de acuerdo con lo referido en una investigación de Mexicanos contra la corrupción.

Huachicol en Hidalgo

Hidalgo –gobernado desde noviembre de 2022 por el morenista Julio Menchaca Salazar y antes por el expriista Omar Fayad Meneses– fue el estado más ordeñado del país durante el mandato de AMLO, con 26 mil 820 perforaciones; no obstante, en 2021, 2022, 2023 y desde enero hasta agosto de 2024 el daño por el hurto de gasolinas, diésel, gas, petroquímicos e incluso turbosina –un combustible para aviones–, está en ceros.

Hidalgo lideró el huachicol en el país con amplio margen de diferencia sobre sus seguidores, que llegó a ser del doble: en 2021, con cuatro mil 489 piquetes a ductos; en 2022, siguió a la cabeza con cinco mil 779; en 2023, con tres mil 675, y de enero a agosto de 2024 alcanzó mil 743.

En el último año de Enrique Peña Nieto la pérdida reconocida por el hurto de combustibles en la entidad hidalguense fue de mil 132 millones 75 mil 661 pesos, como resultado de 597 denuncias, aunque en esos 12 meses se detectaron picaduras en ductos dos mil 111 veces; más, porque de 2018 a 2019 las tomas clandestinas aumentaron 90.85% en Hidalgo, entre un fuego cruzado de organizaciones criminales dedicadas a este delito.