CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde que se liberó la comercialización de armas de asalto en Estados Unidos hace dos décadas, entre 60% y 70% de las muertes en México han sido causadas por armas de fuego traficadas ilegalmente al país desde Estados Unidos, alerta el “Aporte del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México a la discusión sobre las armas de fuego en México”.

La presentación del documento, a cargo de Sergio Aguayo, director del Seminario; de los expertos en seguridad Eduardo Guerrero y Javier Schütte, y de la actriz Marina de Tavira, ocurrió ayer miércoles 12, antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre la petición del fabricante de armas Smith &Wesson y la empresa mayorista Interstate Arms para desestimar la demanda de México contra la industria armamentista estadunidense al considerarla responsable del tráfico ilegal de armas en México.

El documento, que fue presentado a las cortes estadunidenses como amicus curiae a la demanda presentada en 2021 por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra fabricantes de armas estadunidenses, sistematiza estadísticas oficiales sobre “el papel de las armas de fuego y en el alto costo social generado por la violencia en México”.

De la revisión de las estimaciones de causas de muerte que hace el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), la investigación, a cargo de Dulce Alicia Torres, destaca que a partir de 1998 “se ha identificado que las armas de fuego son el instrumento responsable de más de 50% de las defunciones por homicidio en el país”.

El documento destaca que a partir de 2004, dos años después de que Felipe Calderón declarara la “guerra contra el crimen organizado”, al expirar la Prohibición Federal de Armas de Asalto en Estados Unidos (AWB, por sus siglas en inglés) las muertes provocadas por el uso de armas de fuego en México representó 50.50% del total, porcentaje que se elevó cuatro años después a 62.92%.

“Desde entonces, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego a oscilado entre 60% y 70%. En el último año, de acuerdo con la cifra recuperada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se alcanzó el porcentaje más alto registrado en la historia, con 72.92% hasta noviembre de 2024”, se indica en el documento.

La investigación recupera información hackeada de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el Grupo Guacamaya en 2022, de la Base Sexenal de Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (Grupo Candado), sistematizada por las organizaciones Data Cívica e Intersecta.

De acuerdo con esa base de datos, “entre 2007 y 2020 se registraron un total de 65 mil 552 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, relacionados con 52 mil 327 eventos”.

Del total de víctimas, 80.54%, es decir, 52 mil 797, relacionadas con 42 mil 430 eventos, tuvieron como causa de muerte el impacto de arma de fuego, lo que “refleja la alta incidencia en el uso de armas de fuego”.

El calibre de las armas utilizadas en esos 42 mil 430 eventos fueron 9 mm en 42.26% de los hechos; de calibre desconocido en 27.15% y calibre .223 en 5.37% de los casos.

El reporte del Colmex incluye estimaciones durante el sexenio pasado de la circulación ilegal de armas, que pasaron de 200 mil a 873 mil traficadas desde la frontera norte, en tanto que en agosto de 2019 el entonces secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval estimó en 2 millones 012 mil 573 armas de fuego en el país, “entre las ingresadas por tráfico y las reportadas como robadas y extraviadas”.

Para el Colmex, considerando que mínimamente se estarían traficando en el país alrededor de 200 mil armas al año, “para los 19.5 años que abarca el periodo de 2005 a 2024 se tendría un total de 3 millones 900 mil armas de fuego ilegales en poder de civiles”, de las cuales, las autoridades sólo han logrado asegurar 337 mil 067 armas, esto es el 8.64%.

El documento incluye gráficas de la evolución de los homicidios por arma de fuego de 2000 a 2022 registrados en los 32 estados del país, que revelan el incremento paulatino de esa causa de muerte en México.

Durante la presentación del documento, Eduardo Guerrero, director de Lantia Inteligence, destacó que el debate sobre el tráfico de armas en México cobra relevancia a partir de las declaraciones y órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, entre ellas la de declarar como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos.

El especialista en temas de seguridad alertó que el tráfico de armas ha generado una “epidemia de violencia” en México que, al igual que las epidemias biológicas o sanitarias, “una vez que cruza la alerta epidémica se vuelve incontrolable y puede durar años”.

Guerrero resaltó que las organizaciones criminales han evolucionado hasta llegar a tener “control territorial, el control de autoridades políticas, porque están metidos en las elecciones, hay una captura del estado a nivel subnacional y pérdida de soberanía”.

En esa epidemia, agregó, el tráfico de armas desde Estados Unidos ha sido fundamental para incentivarla, por lo que consideró válido el argumento del gobierno mexicano de que los fabricantes de armas norteamericanos tendrían responsabilidad en el incremento de la violencia en México, al venderlas de manera indiscriminada.

Eduardo Guerrero consideró que la orden de nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas se cruza con intereses de “empresas estadunidenses que han vendido armas a los cárteles mexicanos, no sólo se trata de los empresarios, sino de los congresos estatales, en una complicidad de las clases políticas y con los cárteles mexicanos para relajar la adquisición de armas”.

En ese sentido, advirtió que de concretarse la nominación de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos por parte del gobierno estadunidense, “habría sanción a un montón de actores domésticos que traería problemas no sólo de tipo político electorales, entre las bases de apoyo del Partido Republicano sino con corporativos, empresas y legisladores estatales de Texas, Arizona, Nuevo México”, donde residen los proveedores de armas de los cárteles mexicanos.

Javier Schütte, del bufete de abogados Schütte & Delsol, propuso una clasificación en cuatro categorías de delitos relacionados con la violencia armada: (1) aquellos en los que las armas inhiben la reacción del Estado o de grupos rivales, (2) delitos en los que las armas se usan como instrumento de coacción, (3) delitos en los que se emplean para cometer violencia física directa y (4) delitos que involucran armas en sí mismas, como su tráfico, posesión o uso ilegal..

Para el abogado el tráfico de armas en poder de organizaciones criminales les ha permitido entrar “en fin, en realidad aquí podemos pensar en casi cualquier actividad delictiva en la que decidan incursionar las organizaciones criminales, que ya cuenta con una infraestructura o capacidad instalada. Este fenómeno que vale la pena subrayar me parece que obedece a la siguiente lógica. Dado el prohibicionismo, el negocio de la droga permitió y requirió que las organizaciones criminales invirtieran cantidades industriales en armas, en ejércitos de sicarios, en redes de corrupción, de influencia política. Claro, una vez ya costeada esta infraestructura criminal, esta capacidad instalada, pues tienen incentivos muy claros para dedicarse a otros delitos y ya no solamente a los relacionados con drogas”.

Schütte retomó los resultados de la investigación del Colmex para destacar la necesidad de analizar los impactos del tráfico de armas en los sectores más vulnerables de la sociedad, como el infantil y las mujeres.

Ante un panorama en el que el tráfico de armas en México ha intensificado la violencia, Javier Schütte consideró que sin duda “las armerías y las distribuidoras de armas podrían hacer muchísimo más de lo que hacen para evitar que sus productos acaben en manos de los cárteles de la droga”

Y puntualizó: "son organizaciones criminales en Estados Unidos las que distribuyen las drogas, captan los recursos de su venta, lavan ese dinero y luego lo destinan, entre otras cosas, a comprar armas".

Como preámbulo de la presentación, Marina de Tavira leyó un pasaje de la obra “Antígona González”, de la poeta Sara Uribe, que aborda el fenómeno de los desaparecidos y la violencia en México.