CIUDAD DE MÉXICO (apro) — El gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo informó que desde octubre pasado decidió retirar la designación de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario en Toluca, es decir, antes de revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al empresario de formar parte de una red criminal dedicada entre otros al contrabando de combustible y armas.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) precisó que el retiro derivó de un informe de la embajada de Guatemala en México que advertía sobre un cambio no autorizado de la dirección del consulado honorario de Rocha, quien “únicamente estaba autorizado” para desempeñar el cargo en la capital mexiquense.

“Esta designación se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”, indicó la institución, en referencia a la cascada de escándalos que envolvieron a Rocha en las últimas semanas, empezando con las acusaciones de haber presionado por entregar el certamen de Miss Universo –del que es dueño a 50%-- a la mexicana Valeria Bosch, la hija de un asesor de la dirección de Pemex Exploración y Producción (PEP), que otorgó dos contratos multimillonarios a una empresa de Rocha.

Ayer y hoy, Carlos Loret de Mola y el diario Reforma dieron a conocer que la FGR tenía abierta una investigación contra Rocha, al que señalan de participar en una red de contrabando de combustible –introducido ilegalmente desde Guatemala-- y de armas, y de operar en contubernio con poderosos grupos criminales de México, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG). Loret de Mola reveló que Rocha evitó la cárcel, pues se convirtió en testigo colaborador de la FGR.

Prudente, el ministerio de Guatemala insistió en que la designación de Rocha como cónsul honorario en Toluca fue propuesta por el gobierno de su antecesor, Alejandro Giammattei, en diciembre de 2021. Aparte, resaltó que los cónsules honorarios “no son diplomáticos” por lo que Rocha no tiene ningún tipo de inmunidad.

Figura opaca

En noviembre de 2022, Proceso reveló, junto con otros medios que participaron en la investigación internacional Diplomacia en la Sombra –coordinada por ProPublica y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)--, cómo la figura del cónsul honorario ha sido aprovechada por personajes oscuros y algunos gobiernos para realizar operaciones delincuenciales.

En México, la investigación destacó que el empresario Antonio Rullán Dichter, quien fuera cónsul honorario de Rusia en Acapulco –ciudad donde tiene hoteles, restaurantes y la célebre discoteca Palladium--, estuvo señalado en informes de inteligencia militar como integrante del grupo delincuencial conocido como “Los Rusos”, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

Rullán permaneció como cónsul honorario hasta que la Cancillería, le canceló la autorización en abril de 2024, bajo la gestión de Alicia Bárcena Ibarra; es decir, un año y medio después de la publicación.

La investigación periodística también destacó los casos de Sergio Alejandro López Rivera y Andrea Giuseppe Sabbia, quienes fueron respectivamente cónsules honorarios de Chile en Guadalajara y de Italia en Playa del Carmen.

A la par de su cargo consular, el primero era titular de la Notaría Pública 64, desde el cual falsificaba documentos y de defraudar a varios clientes con escrituras de préstamos bancarios apócrifos. Su patente como notario público fue suspendida en 2019. El segundo, dueño del “Hotel Tortuga” en Playa del Carmen, fue cónsul honorario de Italia hasta 2012. Agentes de la fiscalía estatal lo detuvieron en junio de 2021 por presunto fraude procesal, en un caso de disputa con su hermano por el hotel.