XALAPA, Ver., (apro) .- La reforma recién aprobada por el Congreso de Veracruz, que modifica el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), generó debate entre diputados de oposición. 

La medida devuelve a la gobernadora Rocío Nahle la facultad de nombrar a la persona titular de la Fiscalía, quien permanecerá en el cargo por cuatro años en lugar de nueve. Antes, la designación estaba en manos del Congreso local que, mediante una convocatoria, integraba una terna. 

Esta modificación podría alcanzar a la actual fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, identificada con el partido Morena y quien fungió como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno a cargo de Eric Cisneros antes de ser nombrada encargada de despacho en un proceso legislativo acelerado. 

En mayo de 2020 —durante el gobierno de Cuitláhuac García— fue ratificada por el Congreso local para un periodo de nueve años (2020-2029), en sustitución de Jorge Winckler, previamente removido. 

Esteban Bautista, diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), confirmó que la nueva legislación debe aplicarse a la fiscal en funciones, abriendo la puerta a su posible remoción. 

La votación se realizó cerca de la medianoche de este miércoles y generó un intercambio entre legisladores de Morena y de la oposición. Mientras la bancada oficialista respaldó la reforma, diputadas y diputados opositores advirtieron que la propuesta debilita a la Fiscalía, representa un retroceso institucional y abre la puerta a un nombramiento alineado con el nuevo gobierno. 

La diputada Indira Rosales, de la bancada del PAN, cuestionó que la reforma concentre la decisión del nombramiento en una sola persona y reduzca los contrapesos que actualmente ejerce el Congreso en la designación del fiscal. 

En su posicionamiento, la diputada Monserrat Ortega, del grupo Veracruz Nos Une, alertó que la reforma disminuye la independencia técnica de la Fiscalía y trastoca principios constitucionales de imparcialidad y autonomía al aumentar la intervención del Poder Ejecutivo en el nombramiento y la remoción. 

Por su parte, la diputada Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, señaló que el dictamen elimina requisitos clave para garantizar independencia y permite nombramientos “a modo”. 

Cuestionó que la reforma haya modificado puntos como exigir la carrera de Derecho o el requisito de no haber ocupado un cargo político un año antes, lo que —dijo— abre la puerta a designaciones automáticas sin deliberación real. 

Si el cambio aplica para la actual fiscal, Verónica Hernández se convertiría en la tercera persona en encabezar la Fiscalía desde que la dependencia obtuvo autonomía en 2016. Ninguno de los fiscales ha logrado completar el periodo de nueve años, pues han sido removidos conforme al gobierno en turno: PRI, PAN y ahora Morena. 

La historia de las fiscalías en Veracruz ha sido políticamente compleja

Luis Ángel Bravo, cercano al exgobernador priista Javier Duarte, también fue nombrado por nueve años (2015-2024), pero renunció en 2016 y entregó la Fiscalía al gobierno panista. 

En 2018 fue detenido por desaparición forzada como presunto responsable del ocultamiento de 19 cuerpos hallados en la barranca La Aurora, en Emiliano Zapata. Obtuvo libertad un año después mediante un amparo federal y sigue su proceso en libertad. 

Cuando Miguel Ángel Yunes ganó la gubernatura (2017-2018), impulsó a Jorge Winckler —su amigo y abogado personal— como fiscal de Veracruz. El Congreso lo designó por nueve años (2016-2024), pero solo permaneció dos. 

Finalmente, el 3 de septiembre de 2019, tras varios señalamientos, fue removido por la Diputación Permanente del Congreso local por no acreditar los exámenes de control y confianza. El 25 de julio de 2023 fue detenido por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. 

¿Qué dice la propuesta? 

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que cambia el modelo de designación, remoción y duración del encargo de la persona titular de la FGE. 

Estos son algunos de los puntos clave: 

1. Nuevo modelo de nombramiento del fiscal. 

La persona titular del Poder Ejecutivo propondrá directamente a quien ocupará la Fiscalía General del Estado. Antes, el Congreso emitía una convocatoria. 

El Congreso deberá aprobar la propuesta por mayoría calificada en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si no se pronuncia, la propuesta se considerará aprobada automáticamente. 

2. Segunda propuesta y facultad de designación. 

Si el Congreso rechaza la primera propuesta, el Ejecutivo enviará una segunda. 

Si esta también se rechaza o no se vota en el plazo señalado, el Ejecutivo podrá designar al fiscal entre las dos personas propuestas. 

3. Duración del cargo y ratificación. 

El encargo del fiscal se reduce de nueve a cuatro años, con posibilidad de una sola ratificación para otro periodo igual. Si no hay ratificación, se inicia un nuevo proceso de designación. 

4. Remoción con control legislativo. 

El Ejecutivo podrá remover al fiscal por causas graves previstas en la ley. El Congreso podrá objetar la remoción con la misma votación requerida para el nombramiento y en un plazo de cinco días hábiles. 

5. Requisitos y perfil reforzado. 

La reforma actualiza los requisitos: ciudadanía mexicana por nacimiento, título en Derecho con cinco años de antigüedad, evaluaciones de control y confianza y no tener condenas por delitos específicos. El perfil exige conocimientos jurídicos, experiencia en procuración de justicia, perspectiva de género y respeto a derechos humanos. 

6. Nuevas facultades para el Congreso y el Ejecutivo. 

El Congreso obtiene la facultad expresa de aprobar el nombramiento. El Ejecutivo suma la atribución de proponer, remover y ratificar a la persona titular de la Fiscalía. 

Una vez aprobada la reforma —de carácter constitucional— deberá ser avalada por los 212 ayuntamientos para entrar en vigor.