CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) alertó que el embarazo infantil continúa siendo una forma extrema de violencia de género y sexual en México, donde la proporción de niñas menores de 15 años que se convierten en madres permanece sin cambios desde hace una década. 

Este martes, cientos de movilizaciones feministas tomarán las calles de diversos lugares alrededor del mundo para manifestarse contra la violencia machista, incluyendo grandes ciudades mexicanas como la capital, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, entre otras.

En ese contexto, la organización puso al centro de las demandas garantizar el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y llamó a los Estados a garantizar educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, medicamentos seguros y servicios de aborto y postaborto como medidas urgentes de justicia reproductiva.

“La negación del aborto en casos de violación también es una forma de violencia institucional. Hablar del aborto es hablar de autocuidado y de derechos humanos”, subrayó.

Con datos del Sistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), en un comunicado Ipas LAC señaló que entre 2015 y 2024 los embarazos infantiles disminuyeron de 12 mil 180 a 6 mil 471 casos —una reducción cercana al 47%—, pero su proporción dentro del total de embarazos se mantuvo fija en 0.6% durante diez años. Para la organización, esta estabilidad muestra que la problemática no ha cambiado en términos estructurales, pese a los esfuerzos institucionales. 

La subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC, María Elena Collado, subrayó que estos embarazos no son resultado de decisiones deliberadas: “En mujeres menores de 15 años, el embarazo no es resultado de una decisión deliberada, sino consecuencia de circunstancias fuera de su control. La violencia de género, particularmente la violencia sexual, es una de las principales causas de los embarazos infantiles”.

Destacó que la mayoría de los casos provienen de violaciones cometidas por hombres adultos, incluidos familiares o personas conocidas. 

El organismo, de talla internacional, destacó que en América Latina y el Caribe más de 1.6 millones de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres cada año —una cada 20 segundos—, y que la tasa de fecundidad adolescente se sitúa entre las más altas del mundo con 50.6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, solo por debajo de África Subsahariana, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2025). 

La organización llamó a mirar el aborto como un derecho de autocuidado basado en la empatía y los derechos humanos, y recordó que el Estado es responsable de garantizar condiciones que eviten el embarazo infantil forzado. 

“El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna niña sea obligada a ser madre. Prevenir el embarazo infantil forzado y garantizar el aborto seguro son medidas urgentes de justicia y reparación”, subrayó Collado. 

En México, el parteaguas en la despenalización del aborto ocurrió en 2007, cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a la Ciudad de México en la primera entidad del país en reconocer este derecho.

Un año después, en 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de la reforma, un fallo histórico que abrió un camino jurídico que, años más tarde, llevaría a que más estados replicarán la despenalización; los primeros en seguir fueron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. 

De acuerdo con el mapeo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en México el aborto aún está penalizado en Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, y Tlaxcala, mientras que en Morelos y en Durango existe una orden judicial para penalizarlo.