PUEBLA, Pue. (Proceso).- Organizaciones, comunidades, académicos y ambientalistas han emprendido una batalla para frenar la aprobación de las reformas en materia hídrica presentadas por el Ejecutivo federal, al advertir que plantean perpetuar prácticas neoliberales como las privatizaciones, además no corrigen la sobreexplotación, el acaparamiento, el mercadeo y el despojo del agua a comunidades; simulan la participación social y son permisivas con la contaminación y el fracking.

También la iniciativa, elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y presentada el 2 de octubre ante el Legislativo, concede un plazo de 60 años, que abarcarían hasta 2085, para que el Estado mexicano cumpla por completo con el derecho humano al agua y al saneamiento que mandata el artículo 4 constitucional.

En una campaña para informar sobre el contenido de esta propuesta e impedir su aprobación fast track, los colectivos y expertos, que desde hace más 15 años promueven un nuevo paradigma de la gestión del agua en el país, han hecho diversos análisis en los que advierten que esta iniciativa deja prácticamente intacto el modelo extractivista que ha llevado a México a una crisis hídrica y que, por lo mismo, podría agravar las problemáticas ya existentes hasta derivar en un colapso.

En la mañanera del 1 de octubre, Efraín Morales, titular de la Conagua, anunció que se enviarían al Congreso de la Unión iniciativas para expedir una Ley General de Aguas (LGA), reglamentaria del artículo 4 constitucional sobre el derecho humano al agua, y para reformar la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), concerniente al artículo 27, para fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó estos cambios propuestos a la LAN como una “buena forma de celebrar” el primer año de su gobierno, pues aseguró que se acabará con el mercado de concesiones, se ordenará el uso del agua, el recurso volverá a ser un bien de la nación y se garantizará el derecho humano al vital líquido.

Incluso confió en que se aprobaría a la brevedad al derivar de foros de consulta que hizo la Conagua. “Esto no es una sorpresa, sino que ya ha sido consensuado”, subrayó.

Sin embargo, desde Baja California hasta Yucatán, organizaciones y comunidades salieron a dar ruedas de prensa con lemas en común: “Una sola agua, una sola ley” y “Aguas con la reforma del agua que propone la Conagua”. En sus reclamos evidenciaron la contradicción entre el discurso de la presidenta y el contenido de las iniciativas presentadas, las cuales, acusan, sólo beneficiaría a la llamada hidrocracia.

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La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que agrupa a más de 82 organizaciones, las 34 Contralorías Autónomas del Agua locales y regionales, la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua y la Coordinadora Mexicana de Organizaciones por el Derecho Humano al Agua manifestaron que la iniciativa es contraria a los consensos obtenidos en los 13 foros que hizo la dependencia entre febrero y marzo de este año.

La demanda ciudadana, refieren, fue abrogar la LAN, expedida en 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como parte del andamiaje neoliberal previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, y que, como lo marca la reforma al artículo 4 constitucional de 2012, ésta se sustituyera con una Ley General de Aguas (LGA) que sentara las bases para el “acceso y uso equitativo y sustentable” al agua.

Aparte, esa reforma que elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento fue específica, por primera vez en la Constitución, en mandatar la participación ciudadana, al mismo nivel de los tres órdenes de gobierno.

En los transitorios la reforma al artículo 4 estableció un plazo 360 días para expedir la LGA, por lo que el Estado mexicano lleva ya 12 años de omisión.

Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Agua de la Conagua y fundadora de Agua para Todos, señala que fue al cobijo de la LAN que se generó un “mercado del agua” en el país, con el cual las concesiones pasaron de 2 mil a 320 mil en los siguientes 10 años, sin que se hicieran estudios de disponibilidad y generando el sobreconcesionamiento de 215 cuencas y acuíferos más poblados y productivos.

En la exposición de motivos de su iniciativa, la Conagua alerta que México enfrenta “una crisis sin precedente en materia de agua”. Indica que en 2023 la Red del Agua, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimó que el 71% del territorio nacional presenta presión hídrica elevada; más del 60% de los cuerpos de agua contienen algún grado de contaminación; 157 acuíferos se encuentran sobreexplotados y al menos 106 municipios son vulnerables a las sequías. 

Las organizaciones revelaron que apenas Efraín Morales ocupó la Conagua, 27 de los más importantes investigadores y académicos en temas hídricos y ambientales del país se reunieron con él para proponerle medidas para atender esta crisis, pero que ninguna de esas recomendaciones se tomó en cuenta en la iniciativa oficial.

El 13 de octubre, representantes de colectivos confrontaron a legisladores afines a la 4T en la Cámara de Diputados, a quienes exigieron apoyar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que desde 2013 han construido organizaciones e investigadores articulados por la Coordinadora Nacional de Agua para Todos.

Esta propuesta, que se presentó primero en 2015 y luego en 2020 y que incluso ya se había dictaminado, fue calificada por Pedro Arrojo Agudo, relator de la ONU para los derechos humanos del agua y saneamiento, como “ejemplar para el mundo”.

“Es importante que como diputados definan de qué lado están. ¿Están del lado de las empresas capitalistas? ¿Defienden el modelo neoliberal que implantó Carlos Salinas de Gortari o están con el pueblo?”, les dijo a los legisladores José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares.

La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua reclamó que la iniciativa presidencial excluyera a los pueblos indígenas y afromexicanos de su derecho a decidir sobre los acuíferos ubicados en su territorio.

El 17 de octubre, un grupo de 13 diputados federales, encabezados por Reginaldo Sandoval Flores, José Narro Céspedes y Dolores Padierna, volvieron a presentar la iniciativa ciudadana de LGA, llamada 3.0 por ser la tercera revisión que se ha construido a través de un proceso que conecta luchas en diferentes entidades contra la privatización, contaminación, pueblos indígenas y movimientos populares.

Además, hay otras dos iniciativas de los legisladores morenistas Xóchitl Zagal, del 12 de noviembre de 2024, y Hugo de la Rosa, del 9 septiembre de 2025, que son consideradas afines a la propuesta ciudadana.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento acordó realizar foros regionales de Parlamento Abierto para analizar las propuestas legislativas.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, dijo que representantes de la industria refresquera, minera y agrícola también estaban pidiendo diálogo para revisar esta reforma, ante el riesgo de resultar afectados.

La Coordinadora Agua para la Vida ha emprendido además una campaña de firmas para exigir que la reforma hídrica se dictamine en Parlamento Abierto, en el cual se debatan las cuatro iniciativas presentadas, incluida la del Ejecutivo y la ciudadana.

Para Conagua, todo el poder

En los análisis sobre la iniciativa de reformas a la LAN elaborada por la Conagua, las organizaciones advierten que de fondo están orientadas a fortalecer “aún más” el poder de las oficinas centrales de la Conagua, lo cual consideran riesgoso por las constantes denuncias que hay por corrupción contra esa dependencia.

Los informes presentados por la dependencia, indican, reflejan que no aplica la ley contra grandes concesionarios en medición, cobro de derechos y descargas de contaminantes.

En el foro de Parlamento Abierto realizado en esta entidad, Elena Burns expuso, por ejemplo, que de 56 mil millones de pesos que la Conagua debería recaudar por el cobro de derechos a la industria, agroindustria, comercios y servicios, en 2023 sólo cobró 12 mil millones, es decir el 20%. De 4 mil 360 millones de metros cúbicos concesionados a esos sectores, sólo se paga por 950 millones de metros cúbicos.

Burns dijo que para equilibrar los acuíferos y cuencas del país y tener disponibilidad del líquido para cumplir con los derechos humanos y colectivos, la iniciativa ciudadana plantea recuperar volúmenes de los usuarios que por años no han pagado.

En un foro realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la Contraloría Nacional del Agua y exsecretario del Agua en el Estado de México, señaló que de 130 modificaciones que propone la Conagua a la LAN en su iniciativa, 100 son sólo para cambiar las palabras “Distrito Federal” por “Ciudad de México” y “el titular” por “la persona titular”.

Pero más allá, advirtió que es incluso regresiva, de lo cual, consideró, ya se percató la presidenta Sheinbaum cuando en una mañanera se le cuestionó sobre el cambio planteado al artículo 118 de la LAN.

El autor del libro El agua en nuestras manos recordó que ese artículo fue modificado en 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para prohibir que la Conagua concesionara zonas federales para la disposición de residuos de uso minero. Pero la Conagua está proponiendo ahora volverlo a permitir.

Otras de las “perlas” que contiene, señala, es que si bien ya no se podrán transmitir las concesiones de agua entre particulares, ahora se crearía otra figura que es la “reasignación” de los títulos, la cual sería autorizada por las oficinas centrales de la dependencia. “Que es lo mismo, pero ahora con coyote”, acotó Moctezuma.

En el planteamiento de la Conagua no se prohíben las privatizaciones de organismos operadores del agua, ni de obras hidráulicas, se conservan los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, que están dominados por los grandes concesionarios, igual que se mantiene el sistema de autorregulación, que equivale a “pago por contaminar”.

Las organizaciones proponen crear consejos regionales, de corresponsabilidad ciudadana-comunitaria y gubernamental; reemplazar los mercados del agua con la planeación consensuada; prohibir las privatizaciones y cobrar los permisos de descargas lo suficiente para financiar monitoreos e inspecciones.

También, en los análisis de la iniciativa oficial se alerta que seguiría permitiendo el fracking, pese a la destrucción de acuíferos que éste genera.

En cuanto al derecho humano al agua y al saneamiento, la iniciativa de Ley General de Aguas elaborada por la Conagua, detalla una Estrategia Nacional Hídrica de seis etapas que se evaluarían cada 10 años, para cumplirse en su totalidad en 60 años.

“Estamos sonando la campana de Miguel Hidalgo para exigir un diálogo serio, respetuoso, cuidadoso”, expresa Moctezuma Barragán, quien asegura estar optimista de que la iniciativa de la Conagua sea revisada por la presidenta Sheinbaum y se le hagan cambios, como ocurrió en la Ley de Amparo y en las reformas sobre transgénicos.