Periodismo
Adela Navarro, directora de ZETA, enfrenta nueva amenaza: empresario armado exige "pruebas" de vínculos con el narco
Ante las amenazas, Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA, es contundente: "Vamos a seguir haciendo periodismo". Afirma que la impunidad y la corrupción estatal son el origen de la violencia contra los comunicadores.CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del semanario ZETA, se enfrenta a un nuevo capítulo de hostigamiento que subraya los riesgos persistentes del periodismo en Baja California.
En México, donde ocho periodistas han caído bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y la impunidad devora casos como el de Lourdes Maldonado o Margarito Martínez, ambos de Tijuana, la nueva agresión contra el semanario y sus periodistas implica a una mujer que, como la frontera misma, es herida pero no vencida.
El 31 de octubre, ZETA publicó la investigación “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, que presentaba el asesinato de Omar Cisneros Salcedo (hijo del empresario Manuel Cisneros Romero) el 18 de octubre último en Ensenada. La nota vinculaba al joven con presuntos lazos al crimen organizado, extorsiones y disputas entre narcotraficantes basándose en fuentes de inteligencia y testimonios. Eso enfureció al padre, quien vio la cobertura como difamatoria.
Cisneros Romero se presentó armado en las oficinas de ZETA, acompañado de escoltas, su abogado y “blogueros” (personas con perfiles digitales afines). Exigió ver a Navarro para que le mostrara “pruebas” de las acusaciones gritando frases como: “Voy a ir con todo porque ella publicó” y “Quiero verla, vengo a buscarla”. Uno de los acompañantes reveló públicamente la dirección de Navarro, escalando el riesgo.
Ante la embestida, la periodista interpuso en la Fiscalía de Baja California una denuncia por actos intimidatorios y la presencia de hombres armados frente a las instalaciones de ZETA.
En conversación con Proceso, Adela Navarro deja claro que las agresiones sufridas por ZETA han ocurrido sin importar el partido que está en el poder. Lo mismo con el PRI que con el PAN y ahora con Morena.
–¿Por qué sigue vulnerable el ejercicio periodístico en México?
–Los ataques, amenazas y desafortunadamente los destinos fatales que muchos de nuestros compañeros encuentran en este país son resultado de la impunidad y la corrupción que prevalece.
–Después de esta amenaza, desatada por el reportaje sobre los vínculos de empresarios con el crimen organizado, ¿silenciará a ZETA?
–Vamos a seguir haciendo el periodismo que estamos acostumbrados a hacer, el que nos legaron quienes fundaron el semanario. Tomaremos nuestras medidas de seguridad y las necesarias para mantener el rigor periodístico y no abrir la puerta a este tipo de situaciones, que lamentablemente no es la primera vez que enfrentamos. Vamos a seguir haciendo periodismo de investigación, como dice el lema del ZETA: “Libre como el viento”.
–Tenemos un partido nuevo en el gobierno, por primera vez una presidenta y la situación de la prensa parece no cambiar…
–No cambia, desafortunadamente. Por ejemplo, todos los casos que tenemos aquí en el semanario ZETA, todos están en la impunidad: a Héctor Félix lo asesinaron en 1988 y gobernaba el PRI. A Jesús Blancornelas en 1997 intentaron asesinarlo, asesinaron a su seguridad y asistente, y gobernaba el PRI. A Francisco Javier Ortiz Franco en 2004, cuando lo asesinaron ya gobernaba el PAN. A Margarito Esquivel lo mataron ya con Morena en el gobierno. No se combate a quienes están atentando contra los periodistas y contra el ejercicio de la libertad.
–Hay un sentimiento frente a la muerte...
–Es una situación que nos preocupa. Nuestra principal protección es el rigor periodístico, es hacer entrevistas, hacer investigación, contar con nuestros contactos que hemos hecho a lo largo de 45 años de fundación del semanario.
–¿Qué pasó tras la amenaza del empresario?
–Él quedó que el lunes siguiente al día en que se presentó en la oficinas iba a estar aquí en el semanario esperándome para que yo le diera la cara, para que yo hablara. Pero no ocurrió.
–¿No hubo más intención de diálogo?
–Creo que su intención era nada más hacer lo que hizo, porque estuvimos aquí esperándolo y no llegó.
–¿En el pasado, cuando ocurrieron los atentados contra miembros de ZETA, hubo amenazas?
–No; cuando sucedieron los atentados no hubo nada. No hubo amenazas previas en ninguno de los casos.
–Hay que seguir contando...
–Nosotros tenemos una página negra que publicamos en el semanario sobre por qué los asesinos de Héctor Félix Miranda salieron del Hipódromo Agua Caliente, las armas fueron encontradas ahí. Los asesinos eran el jefe de seguridad de Jorge Hank Rhon. Fueron capturados, fueron sentenciados purgaron 25 y 27 años de prisión, pero nunca se llegó a la autoridad intelectual. Como dijo en su momento un gobernador: “Todos los caminos conducen al Hipódromo”. Seguimos publicando esa página preguntándole a cada gobernador que entra qué va a pasar. El caso decidieron cerrarlo sin llegar a la autoridad intelectual, tenemos que seguir conviviendo con esas personas.
Cuando el asesino material, Antonio Vera Palestina, sale de prisión en 2015, si mal no recuerdo, regresa a Tijuana y Jorge Hank le da el mismo trabajo que tenía cuando asesinó a Héctor Félix. Lo hace nuevamente su jefe de seguridad. Eso qué te dice, que nosotros, como periodistas y toda nuestra ciudad, tenemos que seguir conviviendo con esas personas en el mismo escenario, en la impunidad.
Navarro Bello ahora viaja acompañada por elementos de seguridad. Desde la amenaza del 31 de octubre último el padre de Omar Cisneros Salcedo no ha vuelvo a presentarse a las oficinas de ZETA y tampoco se ha puesto en contacto.
La periodista es clara frente al futuro:
Muchos de los que se acercan al semanario, o a cualquier otro medio a denunciar algo, no van con la autoridad porque saben que hay corrupción y porque saben que ahí se les puede ir la vida. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo es periodismo.
En la entrevista, Adela Navarro defiende la investigación de ZETA y afirma que la Fiscalía estatal investiga la posible relación entre el homicidio y el crimen organizado.
Periodismo bajo asedio
En los últimos diez años, lapso de sexenios con promesas rotas y sombras alargadas–, fueron asesinados más de 150 periodistas.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas, estigmatizaba a la prensa como “fifí” o conservadora, un discurso que, aunque no aprieta gatillos, siembra semillas de legitimación para la agresión.
Desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México el 1 de octubre de 2024, el país ha registrado al menos 10 asesinatos de periodistas vinculados a su labor informativa, de acuerdo con reportes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Esa cifra posiciona a México como el país sin conflicto armado más letal para la prensa en 2025, con 10 de los 153 periodistas asesinados a escala global hasta noviembre de ese año.
La violencia no es un fenómeno aislado: se entrelaza con el crimen organizado, la corrupción local y una impunidad que supera 95% de los casos.
Aunque Sheinbaum firmó un compromiso con RSF durante su campaña para fortalecer la protección a periodistas, la implementación ha sido parcial, y el Mecanismo Federal de Protección –que cubre a más de 650 comunicadores– ha fallado en al menos dos casos durante este sexenio, donde víctimas protegidas fueron ejecutadas.
Estos asesinatos no son aislados: México acumula 171 homicidios de periodistas desde el año 2000, con 47 en el sexenio de López Obrador. Bajo Sheinbaum, el ritmo es alarmante (casi dos por mes) superando los primeros meses de gobiernos previos (con AMLO hubo cuatro ejecuciones de periodistas en su primer trimestre de gobierno). Estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Colima destacan por su letalidad, impulsada por disputas entre los cárteles de la droga.
Una semana antes de la amenaza del empresario, Navarro Bello escribió una columna titulada “Callar o morir”, ahí apuntaría una frase que exhibe una realidad que no cambia con el paso de las décadas:
“Los criminales no están solos; en muchas regiones del país cuentan con el apoyo del Estado mexicano, sea a partir de corporaciones policíacas corruptas —federales, estatales o municipales—, e incluso con la complicidad de otras autoridades en la estructura de gobierno, para ofrecerles protección.”