CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En los últimos cuatro a cinco años la violencia se ha incrementado “como nunca” en las zonas impactadas por la construcción del Tren Maya, donde ya “han aparecido restos de personas descuartizadas o embolsadas, y por primera vez se han conformado organizaciones de búsqueda de desaparecidos”, que son perseguidos y amenazados.

La anterior es una de las conclusiones del informe “Misión Civil de Observación sobre Impactos y Afectaciones del Proyecto Tren Maya (construcción y uso de las vías del tren y desarrollos colaterales) en los estados de Quintana Roo y Campeche (tramos 5, 6 y 7)”.

En el informe participaron la coordinación del Congreso Nacional Indígena, Centro Comunitario U kúucchil k Ch’i’ibalo’on, Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil, Cenotes Urbanos, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Greenpeace, Jultun Investigación y Acción Colectiva, Kanan Derechos Humanos, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Observatorio de Multinacionales y Terravida.

El documento es el resultado de un despliegue de expertos por la zona afectada realizado en abril de 2025, a partir de la sistematización de testimonios de habitantes del territorio, organizaciones sociales, investigadores, usuarios el agua, productores agropecuarios y propietarios de los terrenos atravesados por el tren, así como de trabajadores de desarrollos turísticos administrados por militares, sumado a las observaciones directas de activistas.

La violencia

El informe señala que en la zona de construcción del megaproyecto se ha registrado “un incremento generalizado y ostensible de violencias a las que se encuentra expuesta la población local”, atribuibles a “grupos delincuenciales y vinculados a economías ilegales (tráfico de drogas, de armas y de personas) se han expandido en regiones hasta ahora marginales”.

De acuerdo con el informe, “la presencia de una población flotante ajena a los contextos locales contratada para la construcción de la vía férrea ha abierto un mercado incipiente para el consumo de drogas y prostitución en los contextos rurales y ha provocado disputas entre grupos criminales que tienen como teatro las pequeñas comunidades del sur de Quintana Roo y Campeche”, mientras que en las zonas turísticas del norte de Quintana Roo se ha agravado la violencia.

“La ingente presencia de las fuerzas armadas no ha detenido la exacerbación de las violencias”, resaltan los expertos en el documento, destacando que prevalece en la zona “una generalizada percepción de inseguridad”.

Además de las continuas afectaciones socioambientales que no han terminado, los expertos identificaron como preocupaciones la especulación inmobiliaria y el despojo de tierras y territorio, impulsado no sólo por empresarios sino también por instituciones, “que imponen condiciones arbitrarias y desfavorables en las expropiaciones para el derecho de vía”.

Asimismo documentaron “la inaccesibilidad a la justicia y violaciones al marco jurídico vigente, toda vez que las acciones legales contra el megaproyecto han sido neutralizadas por el Estado mediante estrategias que van desde la intervención militar, la coerción de la población, el señalamiento y estigmatización a las personas defensoras del territorio y los derechos humanos, el fomento a grupos de choque dentro de las comunidades y, lo que ha sido crucial: una determinación política de aseguramiento del proyecto ferroviario mediante decretos presidenciales que lo declararon tema de Seguridad Nacional (2022), y la cooptación del Poder Judicial que mantuvo un desempeño plegado a la ordenanza presidencial”.

Prueba de lo anterior es que de los más de 50 juicios de amparo relacionados con el Tren Maya interpuestos desde 2020 “no lograron detener las obras ni los daños, ni mucho menos restituir el orden de las cosas”.

Pese a todo, los integrantes de la Misión encontraron en la zona afectada “la presencia activa de una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, colectivos informales y agrupaciones ciudadanas, tanto en contextos rurales como urbanos, que a contrapelo de todas las amenazas, mantienen espacios de diálogo y reivindicación de sus derechos, y manifiestan públicamente su inconformidad frente a un modelo de ocupación territorial impuesto”.

Los autores del documento advirtieron como uno de los efectos de la construcción del Tren Maya que se mantiene la resistencia al megaproyecto y que se manifiesta de distintas formas, a través de movilizaciones y acciones legales “para defender el territorio y derechos humanos conexos y frente a la obra”.

Militarización de la región

Tras la sistematización de la información recabada, una de las preocupaciones de la Misión de Observación es la militarización en la región, donde por cada pasajero del Tren Maya hay dos militares.

“La promiscuidad de actividades, la impunidad y la amplia circulación de miembros de las fuerzas armadas en toda la región, en una ocupación que no termina con la construcción de tren, ha cambiado la dinámica y el perfil comunitario. Lo mismo pueden encontrarse en restaurantes que en supermercados, la tienda, las salas de cine, los bares y los parques, moviéndose ente los pobladores, a pesar de estar ostensiblemente armados. La libertad con que circulaban los niños, las mujeres y la población en general se ha transformado en miedo y en violencia”, se lee en el informe.

Se retoman datos proporcionados por el propio director del megaproyecto Óscar David Lozano Águila, quien en junio de 2025 informó que “la presencia militar en el territorio donde se despliega el proyecto Tren Maya es de 6 mil 583 efectivos, lo cual contrasta con los 3 mil 320 pasajeros transportados por día”.

Se detalla que de los 6 mil 583 efectivos, 5 mil 661 pertenecen a la Guardia Nacional (GN), 832 al Ejército y 90 a la Fuerza Aérea”.

Con base en el Plan Integral de Seguridad del Tren Maya 2023, divulgado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el documento resalta que en los siete tramos que comprenden el proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador “hay 38 instalaciones y 4 mil 931 efectivos de la GN, 28 drones, cinco helicópteros Augusta, 90 efectivos de la Fuerza Aérea con tres bases en Mérida, Tulum y Palenque”.

De hecho, en la zona de megaproyectos impulsados por el gobierno federal en el sur-sureste, se diseminaron 58 mil 504 elementos castrenses, de los cuales 27 mil 633 estaban adscritos a la Sedena, 17 mil 610 a la GN y 13 mil 261 a la Secretaría de Marina, apunta el documento.

Al recordar que para la materialización de su proyecto insignia, a través del decreto del 22 de noviembre de 2021, el presidente López Obrador “transfirió su construcción, su administración e incluso sus beneficios a la Sedena, en una dinámica de empoderamiento de los militares, así como del incremento de la militarización y militarismo que se impuso al sur-sureste como parte fundamental del proceso de reconfiguración del territorio”.

A partir de la investigación realizada, los integrantes de la misión alertan que con el decreto presidencial a la Sedena se “le abrieron las puertas para hacerse del territorio y accionar impunemente, generar réditos a partir de negocios y empresas paraestatales y concretar el fenómeno de militarización en la región, disciplinando cualquier tipo de manifestación crítica, denuncia u oposición a la intervención del Estado”.

Los testimonios recabados entre los pobladores hablan de “vejaciones, el abuso del poder y la extralimitación de funciones de elementos castrenses sobre las personas, terrenos, instituciones comunitarias y espacios públicos de las comunidades”.

Las afectaciones

Con una deforestación de 11 mil 482 hectáreas de selva; instalación de 15 mil pilotes de acero en el sistema de cuevas; daños irreversibles a fauna y flora, así como afectación a 130 cenotes y con ello al sistema acuífero natural de la península de Yucatán.

Los principales daños se detectaron en “parcelas agropecuarias, bosques y tierras de uso común y terrenos particulares; la falta de respeto a las actividades productivas locales; la explotación de fuentes de agua; la instalación de campamentos; la explotación de personal contratado para la obra; el cercamiento de espacio público y los patrullajes armados en zonas de recreación de comercio y recintos culturales (como las zonas arqueológicas) que se realizan sin respetar ni consultar con la población local; el incumplimiento de pagos a los ejidos por los derechos de vía y material pétreo extraído de sus tierras, como también a trabajadores y proveedores contratados durante las obras”.

Tras agregar que los pobladores se han visto despojados por el proyecto de “parques, lagunas, cenotes, playas, caminos rurales, entre otros”, habitantes coincidieron en que se encuentran indefensos “frente a las arbitrariedades de los militares” al no poder denunciar ante mandos militares los daños causados debido al “miedo palpable que siente en un ambiente alterado con la imposición de la Sedena como nueva autoridad que llegó a desplazar a las autoridades civiles”.

Para los defensores que elaboraron el informe, la entrega del proyecto Tren Maya a la Sedena es una “ocupación del territorio” de las fuerzas armadas, que se han hecho de “caminos, estaciones, almacenes, cuarteles, bancos de material, aeropuertos y otros”.

La misión de observación constató que las estaciones del tren instaladas en donde antes había selva, la mayor parte del día están vacías, y que otras obras han invadido áreas anteriormente protegidas por su valor ambiental, destruyendo hábitats de animales y plantas cercanos a zonas arqueológicas.

Así, el hotel militar en Uxmal impactó 40 hectáreas de selva; el hotel militar de Calakmul se construyó dentro de la Reserva de la Biósfera considerada por la Unesco como Patrimonio Mixto por su importancia histórica-cultural y también ambiental.

Una muestra de “la impunidad con que actúan las fuerzas armadas” es que se apropian de territorios más allá de los requeridos para el tren, pues “ahí donde hay una laguna (como la de Bacalar) o el camino ancestral (Sakbej), un cenote o un paisaje hermoso disponen del lugar, remueven la vegetación y construyen”, como precisamente ocurre con “la casa de descanso” de los altos mandos militares en Bacalar, que inició su construcción sin permisos ambientales “y en contra de la voluntad de la población local”.

Entre los rasgos más graves destacan la opacidad en que se manejan las empresas militares que forman parte del corporativo Grupo Mundo Maya, al ser consideradas por decisión del presidente López Obrador como de “seguridad nacional”.