CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar del discurso oficial de la inexistencia de desapariciones forzadas, de enero al 16 de septiembre de 2025, el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), recibió 65 Acciones Urgentes por esta violación grave. 

México se mantiene como el país con mayores registros al acumular 779 casos, equivalentes a 37.56% de los 2 mil 074 que ha contabilizado el organismo desde 2012.  

De acuerdo con el último reporte del CED sobre acciones urgentes, fechado el 7 de octubre pasado, después de México, el país con mayores denuncias por desapariciones forzadas es Irak con 663 casos, al que le siguen dos países de América Latina, Colombia con 244 y Cuba con 200.  

Dado a conocer después del pasado periodo de sesiones ordinarias en Ginebra, Suiza, el informe refiere que, durante el último periodo de trabajo, comprendido entre el 1 de marzo al 16 de septiembre, el CED recibió 144 reportes de desapariciones forzadas, de los cuales 88.19% se refiere a hombres o niños, esto es 127 casos, y en 11.81 por ciento, 17 víctimas, son mujeres o niñas. 

De manera particular, el CED refiere que 13 de las víctimas reportadas son niños, niñas o adolescentes; ocho son defensores de derechos humanos; dos pertenecen a pueblos indígenas; tres tienen algún tipo de discapacidad y dos son personas mayores.  

El CED resaltó que, durante el último periodo de trabajo, de las 144 acciones urgentes, 35% corresponden a México, esto es, 51 acciones urgentes, mismo porcentaje y cifra que Irak, países que fueron seguidos por 10 acciones urgentes de Sudán, nueve de Burkina Faso y seis acciones urgentes procedentes de Ecuador. 

En el informe sobre Acciones Urgentes, el CED manifestó su preocupación por “las denuncias de amenazas relacionadas con casos de Burkina Faso, Ecuador y México”, en particular expresó su alarma porque “algunas autoridades estatales ofrecieron una compensación informal a familiares de personas desaparecidas en México para que dejaran de buscar a sus seres queridos”.   

El informe refiere que de 336 Acciones Urgentes que cuentan en las que el CED ha solicitado medidas provisionales o de protección, 259 corresponden a México.  

Sobre los 51 reportes correspondientes a México, el CED informó que las desapariciones forzadas se registraron entre el 14 de mayo de 2014 al 19 de junio de 2025, destacando que 22 de los casos ocurrieron entre 2024 y 2025. 

El órgano de tratado de la ONU explicó que, de las 51 acciones urgentes, 29 corresponden a víctimas desaparecidas en Baja California; cinco en Jalisco; cuatro en Guanajuato; tres en Michoacán; dos en Zacatecas, dos en Ciudad de México, así como en Tamaulipas, Colima, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, con una acción urgente en cada estado.  

En cuanto a los perfiles de las víctimas, el CED abundó que 78% (39) corresponden a hombres, 22% (11) mujeres, incluida una mujer embarazada al momento de la desaparición; 10% (5) infantes; 2% (1) persona con discapacidad y 2% (1) persona defensora de derechos humanos.  

En cuanto a los reportes de desapariciones en Baja California, ocurridas en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali, se refieren a “víctimas privadas de libertad durante operaciones policiacas o interceptados por hombres uniformados”. 

El reporte indicó agregó que en Ensenada se tuvieron reportes de que “agentes de la policía municipal detuvo a trabajadores de la construcción con quienes forcejearon antes de subirlos a patrullas, de los cuales algunos fueron localizados en detención y otros permanecen desaparecidos”, mientras que, en otro caso, “una mujer y cuatro hombres fueron presuntamente secuestrados de un rancho, donde se encontraron manchas de sangre y pertenencias personales”. 

El CED manifestó que “si bien algunos agentes de policía enfrentan procesos penales por los casos mencionados, persisten las preocupaciones sobre demoras, intimidación contra las familias y ocultación o manipulación de pruebas cruciales”. 

Sobre Jalisco, se destacó que, sobre los casos de personas desaparecidas, fueron “privadas de la libertad por personas identificadas como agentes del Estado, así como hombres armados, en un contexto donde el Comité ha recibido repetidas alegaciones de la colusión entre agentes estatales y criminales”, e incluso se tiene información de que siete guardias municipales de Teocolotlán tienen órdenes de aprehensión por algunos de estos casos, pero no han sido detenidos. 

El informe del Comité de la ONU narró algunos casos ocurridos en Guanajuato, Irapuato y de Valle de Santiago, éste último relacionado con el caso del José Juan Arias Solís, adolescente de 14 años detenido tras un allanamiento en su domicilio por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, el 19 de junio de 2025, sin que se tenga noticias de él ni de quien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado respuesta.  

De esa misma entidad, el CED retomó el caso de José Francisco Arias, conocido como Don Panchito y padre buscador del colectivo Hasta Encontrarte, quien el 9 de junio “fue sacado de su casa por hombres armados”, mientras que “durante este incidente, otro de sus hijos (Jaime) fue asesinado frente a la familia”, sin que se tenga información de su paradero.  

El CED resaltó que gran parte de los casos en México “han tenido lugar en contextos en los que el Comité ha recibido reiteradas denuncias de vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos, incluso en relación con desapariciones”, a lo que se suman “denuncias de graves deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación iniciados por las autoridades del Estado”, entre ellos “retrasos significativos y escasa o nula actuación durante largos períodos”. 

En el reporte de Acciones Urgentes, el CED advirtió que “en muy pocos casos se implementó una estrategia de búsqueda e investigación”, y que cuando se hizo, no se apegaron al protocolo oficial de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada o por particulares, ni mucho menos siguió estándares internacionales.  

Añadió que “las labores de búsqueda se han limitado a la verificación de registros oficiales, con pocas acciones concretas para la búsqueda activa de la persona desaparecida en las zonas relevantes para el caso”.  

Asimismo, el CED tuvo información de que los familiares de víctimas no siempre tienen acceso a los planes de búsqueda ni mucho menos a reuniones interinstitucionales para buscar a las víctimas, incluso “las familias también enfrentarían limitaciones para acceder a los expedientes, incluyendo páginas faltantes y registros desorganizados, y reportarían dificultades para contactar a los agentes de la Fiscalía y a los asesores de víctimas responsables de su caso”. 

En cuanto a las respuestas gubernamentales a las Acciones Urgentes, el CED resaltó que si bien, se contestó a tiempo, continúan las mismas deficiencias para reaccionar ante las desapariciones de personas.  

Apuntó: “la información disponible indica la ausencia o el limitado establecimiento de estrategias integrales de búsqueda, así como dificultades en la planificación coordinada de las actividades de búsqueda, incluidas las búsquedas bajo la presunción de vida de la persona desaparecida o en lugares de enterramiento reportados”. 

El CED alertó que “en la mayoría de los casos, las actividades reportadas por el Estado consisten simplemente en la búsqueda de coincidencias en diferentes registros, con escasas acciones que podrían contribuir sustancialmente a la búsqueda de la persona desaparecida”. 

Entre las falencias observadas por el CED, destacaron la falta de comunicación con los familiares de las víctimas de desaparición para realizar los operativos de búsqueda e investigación; la negativa de funcionarios de fiscalías y comisiones de búsqueda para aceptar denuncias por desapariciones, declaraciones de testigos o pruebas aportadas por familiares y representantes, lo que retrasa el esclarecimiento de los casos; así como la falta de protección a familiares de víctimas contra amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados.  

El CED lamentó las deficiencias en las búsquedas e investigación de las Acciones Urgentes de casos de desapariciones forzadas ocurridas en México cuando en cada una de ellas, este órgano de tratado ha “ha proporcionado al Estado parte la información disponible para apoyar los procesos de búsqueda e investigación”.