CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados discutirá la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para elevar de 30 a 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como en línea, como parte del Paquete Económico 2026. 

Con lo anterior el gobierno busca cerrar brechas fiscales y recaudar más de 5 mil millones de pesos el siguiente año, un incremento de 35% respecto a lo proyectado para 2025. 

El dictamen será votado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, antes de pasar al pleno esta misma semana, a fin de cumplir con los plazos de la Ley de Ingresos. De aprobarse, la medida entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y aplicaría también a plataformas extranjeras que ofrecen servicios de apuestas en México, las cuales podrían ser bloqueadas temporalmente en caso de incumplimiento. 

De acuerdo con el documento entregado el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, la iniciativa busca alinear la carga fiscal de esta industria con los estándares internacionales y fortalecer los ingresos públicos. El Ejecutivo argumenta que la tasa actual es baja frente a otros países: en Francia, el gravamen máximo alcanza 83.5%; en Reino Unido y Polonia, 50%; en Argentina, 41.5%; en España, 39.4%; y en Brasil, 38.8%. Sostiene además que la industria mexicana representa 0.55% del PIB, pero sólo aporta 0.01% en recaudación, lo que, de acuerdo con la autoridad, evidencia un margen de contribución insuficiente. 

No obstante, expertos han subrayado que esos modelos son parciales o no directamente comparables: usan bases gravables distintas, tramos progresivos, deducciones por retorno al jugador (RTP), contribuciones locales y topes diferenciados para operaciones en línea y presenciales. En Francia, por ejemplo, la tasa del 83% se aplica únicamente a ganancias que superan montos millonarios, mientras que en Reino Unido se calcula sobre ingresos brutos y no sobre utilidades netas. 

Asimismo, especialistas en materia fiscal y representantes del sector han advertido que el incremento podría tener un efecto contrario al buscado. Señalan, consultados por diferentes medios de comunicación en semanas recientes, que gravar con 50% la utilidad de los operadores legales pondría en riesgo la viabilidad de las empresas establecidas, lo que alentaría la migración de jugadores hacia plataformas no reguladas que no pagan impuestos ni cumplen con obligaciones de supervisión.? 

Es decir, la medida puede fomentar la informalidad y terminar recaudando menos. 

El riesgo es mayor si se considera que alrededor del 60% del mercado de juegos en línea que opera en México lo hace de manera ilegal, según estimaciones del propio sector. Se calcula que existen cerca de 4 mil 500 sitios ilegales que operan en el país, lo que implica una evasión fiscal considerable y vulnera las políticas de juego responsable y control de edad actualmente aplicadas por la Secretaría de Gobernación.? 

De acuerdo con estimaciones de la industria, la operación formal de entretenimiento y apuestas genera más de 10 mil millones de pesos anuales en contribuciones fiscales a nivel federal, estatal y municipal, además de generar más de 60 mil empleos directos y 144 indirectos. 

Al elevar de forma drástica la carga fiscal, se debilitará a los operadores con permiso vigente, mientras el juego clandestino —que ya concentra buena parte del mercado— podría expandirse. 

En el ámbito internacional, México figura entre los mercados de iGaming más grandes de América Latina. Según proyecciones del sector, el segmento de juego en línea alcanzará 3 mil 700 millones de dólares en ingresos anuales hacia 2028, con una tasa de crecimiento superior al 15% anual. Solo en apuestas deportivas en línea, los ingresos podrían superar los mil 740 millones de dólares en ese mismo año. Con este potencial, los operadores advierten que un aumento fiscal sin condiciones diferenciadas podría desincentivar inversiones y frenar la expansión de una industria que ha crecido de manera sostenida pese a la falta de un marco jurídico actualizado. 

El planteamiento de Hacienda se sustenta también en un componente extrafiscal. Según el documento, la medida busca desalentar conductas de riesgo, reducir los posibles daños sociales asociados a la ludopatía y garantizar que los recursos adicionales se destinen a programas de salud.? 

No obstante, fiscalistas consultados consideran que se trata de un objetivo más recaudatorio que preventivo, similar al de los aumentos propuestos al IEPS de bebidas saborizadas, cigarros y videojuegos violentos. 

El dictamen subraya que el incremento ayudaría a “proteger a la sociedad” y aumentar los ingresos públicos, en beneficio de la población. No obstante, el sector formal sostiene que sin mecanismos eficaces contra el juego ilegal, el efecto será inverso: menor captación fiscal y pérdida de empleos. 

“A mayor carga impositiva, menor recaudación”, advierten representantes de la industria, quienes insisten en la necesidad de revisar la legislación que regula el sector —vigente desde 1947— antes de adoptar un nuevo gravamen.? 

La iniciativa incluye además la posibilidad de sancionar o suspender temporalmente a los operadores en línea, nacionales o extranjeros, que no acrediten el pago de impuestos. El gobierno argumenta que estas medidas permitirán transparentar los ingresos y reducir el riesgo de lavado de dinero mediante un control fiscal digital de las transacciones.? 

Para los especialistas, este objetivo es válido, pero advierten que se requiere una estrategia equilibrada. 

En el debate participan los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conformada por 45 diputados de todas las fracciones, entre ellos los morenistas Freyda Villegas, Rocío Abreu, Daniel Murguía, Carlos Hernández, Alfonso Ramírez Cuéllar, Agustín Alonso, Eduardo Castillo, Adrián Oseguera, Leticia Farfán, María Luévano, Paola Tenorio, Francisco Estrada, Fernando Castro, Claudia Rivera, Marcela Michel, Ana Elizabeth Ayala, Merary Villegas, Danisa Flores, Carlos Ventura Palacios, José Narro, José Armando Fernández.? 

Los panistas Federico Döring, Homero Niño de Rivera, César Rendón, Verónica Pérez, José Anata y Eva María Vásquez. Los priístas Yerico Abramo, Christian Castro, Emilio Suárez y Emilio Lara. Por el PT estarán Reginaldo Sandoval, José Antonio López, Luis Armando Díaz, Roberto Albores y Francisco Guízar. Del PVEM, Mario López, Ernesto Núñez, Carlos Canturosas, Denisse Guzmán, Héctor Pedroza y Cindy Winkler. Y por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, Gustavo De Hoyos y Eduardo Gaona. 

De ser aprobado el dictamen, la Cámara de Diputados deberá turnarlo al Senado antes del 31 de octubre. La industria legal confía en que durante la discusión se consideren ajustes al texto, como una tasa escalonada, una base homogénea y mecanismos específicos para combatir las plataformas ilegales que hoy representan más del 60% del mercado.