CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada del PRI, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para que, en el caso de las niñas y niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, éstos permanezcan con ellas en algún centro penitenciario hasta que cumplan tres años de edad. 

La iniciativa, que busca reformar y adicionar los artículos 10, 44 y 116 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que la separación de los infantes de su madre se realizase en forma gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología. 

La legisladora tricolor puntualizó que el especialista deberá emitir un dictamen en el que se recomiende la realización de un régimen de visitas y convivencia entre el menor de edad y su madre interna durante los días de visitas familiares, estableciendo sus términos, además de procurar en todo momento la conservación del vínculo emocional entre ambos. 

La iniciativa también detalla que la custodia de las niñas y niños que sean separados de su madre interna y salgan del centro penitenciario se otorgará a un familiar designado por la madre, o bien, a un albergue de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la respectiva entidad federativa, según el caso, o a alguna organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien será la autoridad encargada de darle la atención psicológica recomendada, lo cual deberá ser coordinado con quien tenga la custodia del menor de edad. 

El documento señala que el Estado tiene la obligación de proteger por todos los medios el interés superior de la niñez; es decir, garantizar de manera plena que accedan a todos sus derechos para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, entre otros, como parte de su desarrollo integral. 

La iniciativa resalta que la cantidad de niñas y niños que permanecen bajo estas condiciones es variable año con año, pues de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ese año había 344 niñas y niños; en 2022, 346; en 2021, 343; en 2020, 128; 2019, 362, mientras que en 2018 fueron 436. 

La diputada detalló que según datos que se desprenden del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de población infantil en su interior. Sin embargo, algunas entidades como Guerrero, transgreden el principio del interés superior de la niñez, al permitir en sus centros penitenciarios la estancia de niñas y niños de 8 años de edad y en otros a menores de 12 años de edad. 

Ante ello, la legisladora advirtió que tiene el riesgo de generar un verdadero problema social que puede magnificarse en pocos años al estar expuestos a un ambiente penitenciario y en contacto directo con diversos factores criminógenos, además de crearles alteraciones en el aspecto psicológico.