CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal acusó al Poder Judicial y a la Defensoría federales de “abandonar” a las reclusas del Centro Federal de Reinserción Social 16 (Cefereso 16) de Morelos en el que suman ya 19 mujeres muertas por supuestos suicidios.

Durante una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre el tema, los representantes del Estado mexicano afirmaron que las causas que llevaron a las internas a suicidarse son “atribuibles a ellas” y al abandono que también sufren por parte de sus familias.

Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que, por ello, las autoridades han trabajado en medidas para poder acercar a las internas a sus familias gestionando el traslado de aquellas que están en dicha prisión por delitos del fuero común pero son originarias de otros estados como Sonora, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.

“Desde el Estado mexicano lamentamos profundamente los acontecimientos, pero reiteramos que no hemos sido ni omisos ni indolentes, sostenemos que la atención ha sido permanente, profesional, asertiva y sensible, no podemos dejar de mencionar que esta problemática requiere la urgente concurrencia del Poder Judicial, ya que hasta hoy las mujeres del Cefereso 16 carecen de una administración de justicia con perspectiva de género que les garantice una reclusión con propósito, esta situación demanda la participación activa de la Defensoría Pública Federal ya que se tienen testimonios del abandono de los casos, la falta de comunicación que les genera desesperanza al no conocer el estatus de sus procesos y la falta de promociones para garantizar su derecho a la justicia, además de las sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género que emiten los jueces y magistrados del Poder Judicial”, señaló.

Ante ello, representantes de las organizaciones de la sociedad civil rechazaron la postura al recordar que las internas del Cefereso que son originarias de otros estados fueron trasladadas ahí por las mismas autoridades y para sus familias resulta muy costoso ir a visitarlas, por lo que insistieron en que el Estado debe garantizar el derecho a preservar el vínculo familiar de las internas.

Añadieron que el problema requiere cambios estructurales, no atenciones específicas en sólo algunos aspectos y solicitaron también que las investigaciones de las muertes de las mujeres del Cefereso 16 sean bajo la óptica de ejecuciones extrajudiciales.

Sobre las acusaciones contra el Poder Judicial la magistrada Taissia Cruz, directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) admitió que el sistema de justicia tiene problemas pero que en el caso de las reclusas del penal de Morelos muchas de ellas contaban con resoluciones favorables que están pendientes de cumplir por parte de las autoridades penitenciarias.

“En la mayoría de ellas (las mujeres que han fallecido) tenían acciones de la Defensoría Pública Federal para defender sus derechos y resoluciones favorables para la defensa de sus derechos, controversias judiciales, juicios de amparo con suspensiones para que se atendieran de manera inmediata sus condiciones de salud, digamos que no es que no aceptemos que el sistema de justicia tiene problemas estructurales, que hay deficiencias en las defensorías, pero lo cierto es que en los casos específicos había actos de defensa que debieron ser efectivos, de hecho hay controversias judiciales con efectos generales que se encuentran pendientes de cumplir y que tienen que ver con la existencia de personal médico de carácter permanente en especialidades tales como atención ginecológica, psiquiátrica y psicológica”, explicó.

Durante la diligencia, Roberta Clarke, presidenta de la Comisión, cuestionó sobre las circunstancias excepcionales para mantener a las reclusas sujetas a prisión preventiva, pues las organizaciones enfatizaron en que la mitad de las reclusas están sujetas a esta medida.

Al respecto, la directora del IFDP enfatizó en que el gobierno federal busca ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, lo que incumple con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana exhortó al Estado mexicano a permitirle acudir al Cefereso 16 a realizar una revisión presencial de las condiciones del penal para encontrar oportunidades de apoyo y asistencia técnica.

Organizaciones de la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos, el IFDP y el Estado mexicano deberán rendir diversos informes a la CIDH sobre puntos específicos cuestionados por los comisionados.

Entre ellos, se prevé que el México responda a la petición de Ralón Orellana. Una vez que esto ocurra, la Comisión podrá emitir un informe sobre la situación de las mujeres en el Cefereso 16.