CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Persistencia en violaciones graves a derechos humanos y de violencia criminal son algunos de los desafíos a los que se enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sucesora de, Andrés Manuel López Obrador, alertó Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2025.

El documento, que revisa la situación de derechos humanos en 19 países de América Latina, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, en el caso de México destaca que Sheinbaum Pardo “heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizados y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total”.  

La organización destaca que, si bien ha disminuido la tasa de homicidios a nivel nacional, de 25.9 por cada 100 mil habitantes a 24.9 por cada 100 mil personas, entre 2022 y 2023, “el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”.

Al señalar que en seis ciudades persisten tasas de 100 homicidios desde 2022,  HRW apunta que “dos tercios de los homicidios son cometidos por el crimen organizado” y que en 2023 “dos tercios de los homicidios  (…) fueron cometidos con armas de fuego según cifras oficiales”, mientras que 70% de las armas de fuego utilizadas en los ilícitos fueron contrabandeadas desde Estados Unidos.

En materia de desapariciones, HRW destaca que en septiembre de 2024 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportaba más de 115 mil personas desaparecidas, la mayoría desde 2006.

“Muchos podría haber sido asesinados y enterrados en las casi 5 mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto”, apuntó la organización tras lamentar que en enero el año pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reportó el cierre del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), mientras había reportes de que “más de 72 mil restos humanos habían sido marcados como no identificados por morgues estatales entre 2006 y 2023”.

Al destacar que ante la ausencia del Estado para abordar de forma integral la problemática de las desapariciones, se han formado al menos 230 colectivos de búsqueda, la organización internacional recuerda que en una audiencia ante la CIDH, representantes de los colectivos denunciaron que 16 de sus integrantes habían sido asesinados durante el gobierno de López Obrador, quien durante su gobierno “afirmó falsamente, en repetidas ocasiones, que el número oficial de personas desaparecidas se había exagerado para perjudicarle políticamente”.

Justicia penal “extremadamente ineficaz”

El informe retoma las consideraciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma al Poder Judicial, que implica la elección de jueces, magistrados y ministros, alertando que “el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”.

Asimismo, considera que el sistema de justicia penal “es extremadamente ineficaz”, debido a que “las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”.

Como muestra de ello, es que en 2022 “sólo el 16% de las investigaciones penales fueron resueltas”, a través de la judicialización, la mediación o “algún tipo de compensación”, en tato que “con frecuencia las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos como la tortura y el uso excesivo de la prisión preventiva”.

Detención arbitraria sigue siendo “una práctica generalizada”

En el tema de tortura, HRW destaca que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) de 2021, realizada por el Inegi,  casi la mitad de las personas detenidas por policías o soldados, “habían sido sometidos a malos tratos físicos” y que 38% se autoinculparon “porque las autoridades las habían golpeado o amenazado”.

La organización con sede en Washington, Estados Unidos, puntualizó que en 2022 las autoridades registraron 6 mil 226 denuncias penales por tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, de los cuales “sólo 82 casos derivaron en procesos penales y sólo 10 dieron lugar a una sentencia condenatoria o absolutoria”.

HRW retomó algunas de las conclusiones sobre la situación de México dadas a conocer por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, en septiembre de 2024, en las que se destaca que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada” en nuestro país, y que “es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias”.

Se agrega que el grupo de la ONU identificó que las autoridades “fabrican cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa” con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin presencia de un abogado”,

Reprueba prisión preventiva oficiosa

HRW reprobó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al destacar que “aproximadamente el 37% de las personas presas en 2023 no habían sido condenadas por ningún delito”, en tanto que “más del 20% de quienes se encontraban en prisión preventiva llevaban más de dos años en esa situación”.

La organización reprobó que en noviembre pasado, el Congreso de la Unión modificara la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, “lo que contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México eliminar esta práctica”.

HRW alerta en su análisis sobre las altas tasas de desigualad de ingresos que México mantiene en comparación con otras naciones del mundo; sobre la opacidad que representa la eliminación el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como resultado de una reforma constitucional; la transferencia de más de cien tareas del gobierno civil a las Fuerzas Armadas; el uso del software Pegasus “para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de oposición y altos funcionarios del gobierno”; la violencia contra periodistas que durante el gobierno de López Obrador sumó 3 mil 408 agresiones entre las que se destacan 46 homicidios a periodistas y cuatro desaparecidos, según registros de la organización Artículo 19.

La organización también alertó sobre los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y su despliegue de 232 mil 761 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional hasta septiembre de 2024, así como el recuento de 5 mil 696 muertes en operaciones militares desde 2007 a julio de 2024, en tanto que las fuerzas castrenses “han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”, como las de la llamada “guerra sucia” y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

En el Informe Mundial 2025 se mencionan los obstáculos para acceder al derecho al aborto; los abusos cometidos durante la contención de la migración irregular y que de enero a julio de 2024 las autoridades migratorias “llevaron a cabo casi 830 mil aprehensiones de migrantes”, así como la política medioambiental de la actual presidenta Claudia Sheinbaum quien “se ha comprometido a seguir invirtiendo en combustibles fósiles, al tiempo que se esfuerza por reducir las emisiones de los vehículos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la producción de energías renovables”.