CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces y magistrados federales solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de medidas cautelares para suspender la reforma judicial o su ejecución.

Un total de 820 jueces y magistrados federales presentaron el escrito ante ambas instancias internacionales al considerar que en México ya están agotados todos los recursos legales posibles para frenar la reforma judicial y sus consecuencias.

“En los últimos días se ha acelerado el embate contra el Poder Judicial, al grado de que por privarlo de su independencia prácticamente lo desaparecerán. Esta es una ruptura del orden democrático que se traduce en un golpe de Estado”, advirtieron.

En el escrito los juzgadores recordaron que el pasado 26 de agosto solicitaron intervención de ambas instancias internacionales pero que desde esa fecha a la actualidad han cambiado las circunstancias que hacen urgente su intervención.

“La iniciativa de reforma al Poder Judicial fue presentada por el actual Presidente de la Repu´blica y los tiempos poli´ticos de esta reforma esta´n deliberadamente calculados para que sea consolidada en breve27 esto es, antes del 1 de octubre de 2024. Asi´, la urgencia de las medidas cautelares debe ser analizada de cara a esta fecha, de manera que, a medida que avanza el tiempo el proceso legislativo se acerca ma´s a su fin y con e´ste la inminencia del dan~o se asegura.

“Naturalmente no sera´ lo mismo solicitar al Estado mexicano, en vi´a precautoria, que suspenda un proceso legislativo de reforma constitucional para garantizar la convencionalidad de su contenido, que solicitarle, luego de aprobada la reforma, que inaplique mu´ltiples normas de su Constitucio´n por ser violatorias de los esta´ndares internacionales”, detallaron.

Describieron que a raíz de las concesiones de suspensiones de amparo para frenar el proceso de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, los integrantes de la bancada de Morena hicieron caso omiso y públicamente el coordinador de la misma, Ricardo Monreal, “juzgó a los jueces”.

“Sosteniendo la inadmisibilidad de dichas suspensiones y pregonando que en México no existe ningún recurso disponible que se pueda agotar para combatir una reforma constitucional, pero además como represalia por dichas órdenes judiciales los líderes de la bancada oficialista anunciaron que denunciarían penalmente a dichos jueces”, acusaron.

Reiteraron los daños irreparables de las consecuencias de una reforma judicial como la que actualmente se encuentra pendiente de discusión en el Senado y que fue aprobada en la Cámara de Diputados a menos de una semana de haber iniciado la legislatura.

“Como los propios li´deres poli´ticos de la coalicio´n en el poder han resaltado y presumido [al amenazar con meter a la ca´rcel a los juzgadores federales que han intentado frenar la reforma judicial] las reformas constitucionales en Me´xico no son susceptibles de ningu´n control juri´dico, de manera que estamos ante la inexistencia de recursos adecuados y efectivos que permitieran la reparacio´n integral de las violaciones que llegaren a ocurrir.

“Este, sin duda, es un caso evidente de riesgo de irreparabilidad de las violaciones que se pretenderi´an evitar con las medidas cautelares y muy especialmente las violaciones contra la independencia judicial en su dimensio´n institucional”, enfatizaron.