CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mil 100 jueces y magistrados federales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga para que el Poder Legislativo suspenda la reforma judicial misma que consideraron un “golpe de Estado técnico”.

En conferencia de prensa, los magistrados Juan José Olvera López y José Manuel Torres Ángel explicaron que el documento fue presentado este lunes en la sede de la CIDH en Washington, DC, Estados Unidos.

"Como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso revelan que, bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento ahora también del Poder Judicial, bajo una sola corporación política que de llegar a cristalizar sus pretensiones materializaría un golpe de Estado técnico, en tanto que ubicaría al Estado mexicano en una misma posición que décadas atrás se lograba por medio de las armas en la región latinoamericana, es decir, en una dictadura de facto", señala el escrito presentado ante la CIDH.

"Solicitamos a la CIDH que, a la mayor brevedad: (solicite) al Estado mexicano que, en aplicación del artículo 41 de la CADH, evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso legislativo de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de la Convencionalidad del proyecto de reforma, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante la CIDH entre el propio Estado mexicano y los suscritos".

Entre las 10 peticiones que los jueces formularon a la Comisión se encuentra la de valorar la situación real de la democracia en México e incluyan al país dentro del capítulo de su informe anual ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como se ha hecho con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala.

En el escrito, los juzgadores federales enfatizaron en que el cese masivo de miles de jueces y magistrados, derivado de la reforma, es un acto ilícito que atenta contra el acceso a la justicia, la protección judicial, las garantías judiciales y la independencia judicial.

Señalaron que el Tribunal de Disciplina Judicial que se pretende crear con la reforma, busca someter y terminar con la autonomía de los impartidores de justicia mexicanos.

"El establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial -previsto en la iniciativa de reforma- que puede castigar y remover a jueces incómodos para el régimen, incentivando favores políticos en lugar de la imparcialidad judicial, y cuyos jueces no tienen garantías de independencia para resistir presiones y defender las decisiones del resto de los jueces y magistrados federales", indica.

Solicitaron a la CIDH que realice una observación presencial en México para escuchar testimonios de los juzgadores y de la sociedad y elaborar un informe sobre la situación actual del país en materia de democracia e independencia judicial, así como instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento sobre el mismo.

La solicitud de estos juzgadores es diferente a la que la semana pasada presentó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), en la que también solicitó a la CIDH dictar medidas cautelares.