CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juzgadores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga ante las posibles consecuencias irreversibles que acarrearía la aprobación y entrada en vigor de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo de personas juzgadoras Guardianes de la Constitución, el colectivo de Circuitos Unidos Trabajadores de PJF, con el apoyo de Iniciativa Americana por la Justicia presentaron este martes una solicitud de medida cautelar ante la CIDH.

“La medida cautelar es un recurso que se presenta ante un organismo internacional ante situaciones graves y urgentes que producen daño irreparable. Este mecanismo fue activado para denunciar ante esa instancia (CIDH) el proyecto de reforma constitucional (relativa al Poder Judicial) sobre la base de las interferencias arbitrarias e inconstitucionales a la independencia y autonomía del Poder Judicial”, explicaron las organizaciones.

La solicitud fue tramitada en representación de más de 1,800 jueces y magistrados y más de 52 mil trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados de Circuito, de Apelación y Juzgados de Distrito.

En el documento, las organizaciones realizaron un análisis de los antecedentes del proyecto de reforma judicial, incluida la intervención de la Relatora Especial sobre independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas; así como los hechos y circunstancias actuales y las “irreversibles consecuencias que acarrearía la entrada en vigor de la cuestionada propuesta legislativa”.

“Se aboca a desarrollar las particulares afectaciones a la independencia judicial, la separación de poderes, el orden democrático y el estado de Derecho, además de hacer especial hincapié en la importancia de la estabilidad en los cargos y las condiciones para la separación del mismo”, detallaron los promoventes.

“Este esfuerzo colectivo debe ser interpretado como la intención abierta de entablar un diálogo productivo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que permita la revisión amplia de la propuesta y su adecuación a los derechos e intereses en juego, además de las exigencias internacionales vigentes”.

Las organizaciones afirmaron que confían en la fortaleza de los argumentos y enfatizaron en que están dispuestos a luchar por los derechos de todos los integrantes del PJF.

Ayer los trabajadores del PJF iniciaron un paro indefinido de labores contra la reforma judicial.

Los participantes han afirmado que el paro continuará hasta que el Ejecutivo y el Legislativo atienda sus demandas, principalmente, la de frenar el proceso de aprobación de la reforma judicial, entablar diálogo con el PJF y realizar un diagnóstico para construir una nueva propuesta que se enfoque en los problemas de la institución y no en la designación de juzgadores a modo.