CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La senadora y futura consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, considera que las vías legales para impugnar la reforma judicial aprobada por el Congreso están cerradas, y afirma que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desconoce ese hecho se produciría “una confrontación” entre los poderes del Estado.

Ante ese escenario, dice la legisladora a Proceso, “yo lo que pediría es que todo mundo se serene”.

—¿Teme que aumente el enfrentamiento entre del Ejecutivo y el Legislativo con el Poder Judicial? —se le pregunta a Godoy.

—Sí, sí, sí, sí. Y a nadie le conviene una crisis constitucional en el país. Llamamos al Poder Judicial a que actúe con responsabilidad, y a todos los ministros. Que actúen con responsabilidad.

Para la exfiscal capitalina, quien será la asesora jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el próximo 1 de octubre, la reforma judicial “es irreversible”, a pesar de lo cual la SCJN mantiene la puerta abierta a una eventual revisión de su constitucionalidad.

El miércoles, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, inició un proceso de consulta con el pleno de ese tribunal para que determine si puede admitir controversias constitucionales presentadas por jueces y magistrados federales contra la reforma judicial por el incumplimiento del procedimiento legislativo y por su contenido material.

La consulta fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá presentar al pleno un proyecto de resolución.

Para que la SCJN pueda pronunciarse sobre una reforma constitucional, como es el caso de la judicial, tendrá que comenzar por declarar inconstitucional el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que los juicios de amparo contra reformas constitucionales son improcedentes.

Godoy cree que la SCJN podría dar curso a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores que se sienten vulnerados en sus derechos por la reforma judicial.

Los ministros de la Corte, asegura, “quieren invalidar ese (artículo, el 61, fracción I, de la Ley de Amparo); quieren invalidar el artículo que permite que las comisiones (legislativas) emitan dictámenes y éstos puedan ser discutidos por la siguiente Legislatura”.

“Ahora quieren invalidar todo, pero hay que ir viendo, todo a su tiempo. Vamos viendo caso por caso, caso por caso”, sostiene la legisladora de Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

—Hay otros países —se le plantea a la senadora—, como Colombia, donde el mismo Poder Judicial ha echado para atrás, por inconstitucionales, reformas que buscan modificar su estructura...

—Aquí está clarísimo —responde— que la ley de amparo no admite impugnar una reforma constitucional.

—Pero en 2014 –se le recuerda—, usted y los entonces senadores Manuel Bartlett, Adán Augusto López y David Monreal impugnaron la constitucionalidad de la reforma energética y del artículo 61 de la Ley de Amparo.

—No, yo no —asegura.

—¿Usted no participó en esa demanda?

—No –señala, y voltea a ver a un asesor, a quien le dice “nosotros no participamos en nada de eso, ¿verdad?, y él niega con la cabeza.

El nombre de Ernestina Godoy figura en una demanda de amparo contra la reforma energética que admitió el 29 de enero de 2014 el juez de Distrito Fernando Silva García, cuya decisión fue revocada el 14 de mayo de ese año por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa tras una queja presentada por la Consejería Jurídica del entonces presidente Enrique Peña.

—En esa demanda —se le indica a la senadora— pidieron empezar por declarar inconstitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo...

—No, ahí está la ley, ahí está el artículo, y eso está vigente.

—¿Y si lo declara inconstitucional la Corte? —se le pregunta.

—Vamos a ver si se atreven a declarar inconstitucional algo así.

Consultado al respecto, el senador Manlio Fabio Beltrones considera que los caminos jurídicos para impugnar la constitucionalidad de la reforma “siguen abiertos y hay mucho por dónde incursionar todavía”.

El legislador independiente, a quien el PRI marginó de su bancada en el Senado, avala la decisión de partidos políticos opositores que presentarán controversias constitucionales contra la reforma judicial con el argumento de que toca indebidamente la materia electoral.

“Los partidos tienen derecho de hacer uso de su facultad e ir a una acción de inconstitucionalidad con ese argumento, y habrá también una lluvia de amparos, a nivel individual, de jueces y magistrados, y la Corte habrá de calificar si estos recursos proceden”, asegura Beltrones.

Al referirse al riesgo de la “crisis constitucional” que plantea la senadora Godoy, el exdirigente priista señala que habría que ver quién provocó esta crisis, si los promotores de la reforma o quienes se oponen a ella.