CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ya inició acciones ante agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano para que la Reforma Judicial aprobada en México sea sometida a escrutinio mundial y promover su rechazo entre países comprometidos con los derechos humanos.

La directora para América Latina de la CIJ, Carolina Villadiego, dice a Proceso que su organización, que tiene estatus consultivo en la ONU y en el Sistema Interamericano, impulsa un debate sobre la reforma en foros multilaterales que tienen la facultad de emitir resoluciones sobre asuntos que atentan contra los derechos humanos, la independencia judicial y el Estado de derecho.

Villadiego explicó que la semana anterior la CIJ y otras organizaciones realizaron un evento en el contexto del 57 Periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en Ginebra, para abordar el tema de la reforma judicial mexicana.

En ese acto, en el que participó la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, se abordaron “varios puntos que nos preocupan” de la reforma judicial, dice la abogada de la universidad colombiana de los Andes.

Villadiego explica que, por ahora, antes de promover una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la reforma, “vamos a seguir haciendo incidencia y a seguir presentando en esos organismos información sobre lo que está pasando en México”.

Indica que, además, en el próximo periodo de sesiones del Consejo, que se realizará en Ginebra en febrero o marzo próximo, la CIJ presentará información más específica sobre la reforma, los preparativos para su implementación y la orientación de las leyes secundarias que deberá discutir y aprobar el Congreso mexicano en los próximos meses.

Y dice que lo mismo hará la CIJ en el periodo de mediados de 2025, en el cual el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordará un tema directamente relacionado con la reforma lopezobradorista: el de la independencia judicial.

“Y ahí seguramente también tendremos que conversar con varias organizaciones para ver cuál es la mejor estrategia para lograr que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en este tema”, señala la maestra en derecho de la Universidad George Washington y en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Las obligaciones de México 

Villadiego sostiene que la reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador en el último mes de su gobierno está fuera de estándares internacionales en materia de sistemas de justicia que México tiene la obligación de cumplir.

La directora de la CIJ para América Latina menciona, entre ellos, la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.

Puntualiza, en particular, la falta de independencia que tendrán los jueces, pues será el partido oficialista, Morena, el que decida mayoritariamente quiénes se podrán postular para ser electos por el voto popular y a qué candidatos apoya con su aparato electoral.

También existe preocupación por el acceso a la justicia que tendrán los ciudadanos, por el despido de los juzgadores de carrera, por la figura del juez sin rostro, que es condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por los mecanismos de selección y disciplinarios que “comprometen la imparcialidad judicial”.  

Afirma que, además, la reforma judicial de López Obrador “se aprobó en un tiempo récord y sin un debate serio y profundo para un asunto de semejante calado”.

(Es una reforma) realmente muy preocupante que socava profundamente la independencia judicial y politiza el sistema de justicia.

De acuerdo con Villadiego, por esas consideraciones, la CIJ y otras organizaciones civiles consultivas seguirán promoviendo el debate sobre la reforma judicial mexicana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la CIDH. 

“El tema de una resolución (del Consejo contra la reforma) es algo que siempre está latente, pero hay un camino para llegar a eso”, explica, y agrega que por ahora la CIJ dará seguimiento a la implementación de las nuevas disposiciones, que tienen rango constitucional. 

La abogada colombiana, experta en sistemas de justicia en América Latrina, adelanta que su organización participará en eventuales audiencias que convoque la CIDH para analizar el tema y proporcionará información a ese organismo y a diferentes agencias de la ONU interesadas en el asunto.

Señala que los Estados miembros de esos organismos multilaterales, como es el caso de México, deben tener muy en cuenta lo que implica ser condenados en esas instancias y el efecto que medidas de ese tipo pueden tener en su confiabilidad frente a la comunidad internacional.  

Para la CIJ, la reforma judicial mexicana es incompatible con obligaciones en materia de derechos humanos, pues atenta contra la estabilidad laboral de actuales empleados judiciales, antepone consideraciones políticas a los méritos en la selección de personas juzgadoras y afecta la autonomía disciplinaria de la judicatura.

Villadiego considera que, si México instrumenta esta reforma, se podría ser acreedor a resoluciones de censura de la CIDH y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque esto último puede tardar varios años.