CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con un subejercicio de 418 millones de los 2 mil 978 millones de pesos que se aprobaron originalmente, es decir 14%, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró el gasto en publicidad en medios en 2023, informa la organización Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La concentración del gasto se dio en diciembre de ese año, al registrar mil 890 mdp, lo cual para las organizaciones “refleja una persistente mala planificación en la gestión de los recursos públicos”.

Además de que “aún carece de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, lo que perpetúa el riesgo de que estos recursos se utilicen para premiar o castigar a medios de comunicación según su cobertura de las actividades gubernamentales”.

En ese año el 45.05% de la publicidad del gobierno federal se concentró en 10 medios de comunicación, aunque en total 424 medios de comunicación recibieron dinero por este concepto.

Los medios más beneficiados por publicidad en este gobierno son: La Jornada, con 9.46% del total; Televisa, el 9.09%, y Medios Masivos Mexicanos con el 8.02%. Los tres sumaron 680 millones de pesos, solo estos representan el 26.57% del total.

De los 921 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2023, diez concentraron el 48.57% de los recursos, mientras que los 911 medios restantes se repartieron el 51.43%. 

Televisa, La Jornada, y TV Azteca han sido los medios que concentran la mayor parte de la publicidad oficial. 

Televisa con el 10.43% del total, La Jornada el 9%, y TV Azteca el 8.71%. 

En total sumaron 4 mil 79 millones de pesos, lo que representa el 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial.

El informe también indica que solo 10 dependencias concentraron el 80.51%, es decir cerca de 2 mil 60 millones de pesos, del gasto total. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron las que más gastaron en publicidad oficial, con 1,452 millones de pesos, lo que representa el 56.73% del total.

Le sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cuarto lugar con 105.27 mdp y, por ejemplo, la Secretaría de Marina sumó 48.8 mdp, lo que representa casi 2 por ciento del gasto total, por lo que se ubica en décimo lugar.

Entre 2019 y 2023 la mayor parte de los recursos, es decir 78.7% se concentró en 10 dependencias y el resto, 148 se quedaron con el 21.93%.

En ese periodo el IMSS de nuevo se ubicó en primer lugar con el 26.62%, le sigue la Secretaría de Gobernación con 11.55%; la Lotería Nacional, con 11.07%; Pronósticos para la Asistencia Pública, con 6.57%; el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) con el 5.7%; el ISSSTE con 5.26%; Sedena con 4.10%; CFE con 2.52%; la Secretaría de Hacienda, con 2.44%; y Semar con 2.07%.

En total son 14 mil 500 mdp.

De acuerdo con el análisis de estas organizaciones, “el gobierno federal, en este sexenio, ha mantenido tres tendencias en el presupuesto de publicidad oficial: subejercicio del gasto y reducción del presupuesto; (hiper)concentración del gasto en unos cuantos medios; y falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de recursos”.

También concluyen que el gasto decembrino ha sido una constante durante el gobierno del presidente López Obrador.

“En cada año, más de la mitad del presupuesto de publicidad oficial se ejerció en el mes de diciembre: en 2019 se gastó el 83%; en 2020 el 69%; en 2021 el 77%; en 2022 el 67%; y en 2023 el 73%. Esto es una mala práctica resultado de la falta de planificación y transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Las organizaciones recuerdan que este gobierno “llegó con la promesa de una transformación profunda en las políticas públicas, incluyendo un cambio significativo en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación”. 

Añaden que “el presupuesto destinado a este rubro se redujo, pero la falta de un marco regulatorio robusto ha permitido que la distribución siga siendo discrecional”.

La falta de una regulación adecuada, alertan, tiene varias implicaciones preocupantes como el que se perpetúe “un ambiente en el que los medios de comunicación pueden sentirse presionados para moderar su cobertura crítica hacia el gobierno por temor a perder ingresos”.

También “la opacidad en la asignación de estos recursos dificulta la fiscalización y el control ciudadano, erosionando la confianza pública en las instituciones”.

Para el siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum se mantiene el desafío de reformar el marco regulatorio vigente para que se garantice que la publicidad oficial no sea utilizada como un mecanismo de censura sutil sobre los medios de comunicación, sino como una herramienta para informar a la ciudadanía de manera imparcial y efectiva.

Recordaron que está pendiente el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el folio AR 308/2022, emitida el 8 de septiembre de 2021. 

“Esta sentencia ordena al Congreso de la Unión reformar la ley para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. El Poder Legislativo tiene como plazo el 10 de septiembre de este año para llevar a cabo dicha reforma. La falta de regulación efectiva de la publicidad oficial sigue siendo una deuda con la democracia mexicana”.

Consideran que “sin reglas claras y transparentes, la relación entre el gobierno y los medios de comunicación seguirá 
marcada por la desconfianza y el riesgo de que los recursos públicos sean utilizados para coartar la libertad de prensa”, dado que la publicidad oficial es un recurso utilizado históricamente por los gobiernos para influir en la línea editorial de los medios de comunicación.