PUEBLA, Pue. (Proceso).- El cierre de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 33 de Puebla, que pretende consumar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), es prácticamente una condena a que la mayor parte de los más de 10 mil expedientes que están sin resolver sean abandonados por los trabajadores y se resuelvan a favor la parte patronal, que son entes del gobierno federal y grandes empresas como Audi y Volkswagen.

El viernes último, trabajadores y abogados laboristas se manifestaron frente a las oficinas de la STyPS en la Ciudad de México. Acusan que, con la determinación de trasladar los expedientes de demandas a Oaxaca y Tlaxcala, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación contradice uno de los sus principales lemas que es “primero los pobres”.

La mayoría de los juicios, explican, son demandas de pensión por viudez, orfandad, incapacidad, despidos, invalidez y otros y, por lo tanto, son personas en su mayoría de la tercera edad, con carencias económicas y/o limitaciones físicas que difícilmente harán los viajes para seguir con sus casos en Oaxaca o Tlaxcala y acabarán por darlos por perdidos.

Juan Pérez Vega, de 54 años de edad, es un ejemplo de esto. Desde 2017 demandó una pensión por invalidez luego de que sufrió desprendimiento de retina que lo dejó sin visión en uno de sus ojos y sólo con 15% de capacidad visual en el otro. Esto le impidió seguir como conductor de transporte de carga, trabajo que desempeñó por 24 años.

Después de siete años de juicio, su caso tenía ya un laudo en firme a su favor y estaba en proceso de ejecución de pago. De concretarse el cierre de la Junta en Puebla, tendrá que viajar a Oaxaca para concluir el proceso, pero dice que eso sería económica y físicamente imposible para él.

Igual situación enfrenta Deisy González, quien era trabajadora de limpieza de una empresa y lleva ya cinco años con una demanda laboral para obtener una pensión por riesgo de trabajo. Con dificultad para caminar luego de tres cirugías de columna y con diagnóstico de cáncer, da por hecho que su caso se perdería si trasladan su expediente a Oaxaca. “Si no tengo para mis medicinas, imagínese si voy a tener para ir hasta allá”, exclama.

Ayer lunes, trabajadores y abogados, con apoyo de sindicatos y organizaciones, cumplieron 83 días de mantener un campamento afuera de las oficinas de la Junta Especial 33 de esta capital para impedir que trasladen los expedientes de sus juicios laborales.

Entrevistada en la carpa donde mantienen las guardias, doña Gloria Ibarra, de 60 años de edad, cuenta que ha seguido un juicio desde 2017 para obtener una pensión a partir de un accidente laboral que la dejó con inmovilidad en la pierna derecha y con hernias discales. Ahora vende semillas y dulces para subsistir.

“Yo necesito mi pensión; me acaban de diagnosticar cáncer de mama”, reclama. “Hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas veces él se ha parado el cuello que primero los pobres y los trabajadores, pero ¿dónde está eso ahora? Intervenga, presidente, o que lo haga la presidenta (electa) Claudia Sheinbaum, que vean la situación en la que quedamos las personas vulnerables que tenemos aquí nuestros expedientes”.

El acuerdo

El 17 de junio, Marath Baruch Bolaños López, titular de la STyPS, emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con el cual se determina suprimir diversas Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje (JCyA) del país.

En el caso de la 33, con sede en Puebla, se estipuló que los asuntos que se encuentren en fase de instrucción ahora serían tramitados en la Junta Especial de Tlaxcala; en tanto que los que estén en laudo, ejecución y amparo, se llevarían en la sede de Oaxaca.

Al día siguiente que se publicó este acuerdo, para sorpresa de abogados y trabajadores, las puertas de la JCyA 33 fueron cerradas.

Maricela Sánchez Marún, abogada laborista, explica que desde que se aprobó la reforma laboral en 2019 se tuvo conocimiento de que estas juntas, que corresponden al viejo esquema, se cerrarían de manera paulatina, pero se esperaba que se haría –conforme lo marcan los transitorios del decreto– hasta resolver el último caso pendiente.

“No estamos en contra del cierre, estamos en contra de que se haga cuando hay más de 10 mil expedientes en trámite; lo que decimos es que no hay condiciones para este cierre”, expone.

El viernes 6 de septiembre, integrantes de este movimiento decidieron viajar a la Ciudad de México para exigir a la STyPS una alternativa que resuelva el conflicto a favor de los trabajadores, luego de que la dependencia mantiene su postura de que el acuerdo del 17 de junio, que determina el traslado de los expedientes, será ejecutado.

Los manifestantes lograron establecer una mesa de diálogo con funcionarios de la secretaría, la cual continuará este martes en busca de una solución.

Abogados y trabajadores interpusieron “cientos” de amparos al argumentar que el acuerdo se contrapone al decreto del 1 de mayo de 2019 sobre la reforma laboral, pues éste señala que las juntas se suprimirían hasta resolver el último caso pendiente.

Sánchez Marún explica que las resoluciones de estos amparos están ahora en el Tribunal Colegiado, pero no hay forma que avancen luego de que el Poder Judicial de la Federación está en paro.

Abatir a la fuerza

La abogada dice que “pareciera” que, con este cierre, la STyPS buscar abatir, de manera arbitraria y pasando por encima de los derechos de miles de trabajadores, el rezago de expedientes que la dependencia estaba obligada a resolver a partir de que se aprobó la reforma laboral.

Aduce que con esto la STyPS obtiene de tajo un ahorro de recursos, aunque la operación de la junta 33 estaba contemplada en el presupuesto de 2024.

No obstante, indica que no hay lógica en suprimir la junta de un polo industrial como Puebla, con más de 10 mil expedientes sin resolver, para ser absorbida por las sedes de Tlaxcala y Oaxaca, que tienen estructuras más limitadas, menor personal y escasos tribunales.

En el caso de la Junta Especial de Tlaxcala, explica, lleva menos de mil expedientes, entonces considera que “no hay lógica” en que “el más chico absorba al más grande”, a no ser que la intención sea precisamente que los juicios acaben en “carpetazos” porque la parte trabajadora no los pueda continuar. Así la dependencia dirá que abatió el rezago, pero en el fondo será un atropello contra los trabajadores, expresa la abogada.

Esto apunta, agrega, a “una decisión tomada a la ligera, sin haber un estudio, un consenso o un análisis”, pero que está afectando a miles de familias, pues detrás de esas demandas, individuales y colectivas, hay personas que, en su gran mayoría, viven situaciones vulnerables.

Si los juicios nos llevan cinco, siete, diez años con la autoridad cercana, ¿cuántos años va a implicar llevarlos hasta Oaxaca? ¿Cuántos juicios se van a quedar sin reconocimiento de derechos para el trabajador porque éstos ya no los podrán seguir?

Un viaje de Puebla a Oaxaca de un solo día, comenta, implica alrededor de 3 mil 500 pesos en traslado y alimentos, y en muchos casos el desembolso aumenta si hay que pagar hotel para esperar un día o más por algún trámite.

La abogada sostiene que esta “decisión arbitraria” de la STyPS representa un golpe para la clase trabajadora, lo cual resulta tremendamente contradictorio en un gobierno que asegura tener como prioridad a los más vulnerables.

En cambio, añade que los beneficiados serían los entes descentralizados del gobierno federal como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, ISSSTE o las Afores y las grandes empresas como las automotrices Volkswagen y Audi, contra quienes están dirigidas la mayoría de las demandas laborales, pues muchos casos acabarían cerrados.

“¿A quién están protegiendo con esto?”, cuestiona. “¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los casos que están en amparo aquí en Puebla si se llevan los expedientes? Va a pasar que ya no va a haber materia. Se van a ir al archivo porque cesan los efectos del acto reclamado”.

A su vez, el abogado Leiverseín Martínez Cortés dice que “todo indica” que en este proceso de cierre de juntas laborales se ponderó el interés de Bolaños López para obtener la continuidad al frente de la STyPS en el sexenio de Claudia Sheinbaum, por encima de los intereses de la colectividad trabajadora.

“Todo parece indicar que el objetivo fue justificar una eficiencia en el desempeño del secretario del Trabajo para promover su continuidad en la nueva administración”, detalla al recordar que Bolaños fue el segundo secretario que fue confirmado para seguir con el mismo cargo en el siguiente sexenio.

Es por tintes políticos, considera, que ordenan el cierre de la junta de Puebla. “No porque en realidad hayan entregado buenos resultados; los 10 mil 700 expedientes hablan por sí mismos. Sólo por fines estadísticos, para mostrar avances en los que se programó desde 2019, pero lo que no dicen es en qué condiciones se está haciendo”.

Agrega que aunque se han expuesto ante los funcionarios de la STyPS múltiples casos de trabajadores que ejemplifican la injusticia masiva que representa esta medida, que no sólo burocratiza aún más la justicia para la clase trabajadora, sino que afecta otros derechos como el acceso a la salud, hasta ahora ha prevalecido una “falta de sensibilidad y humanismo”.

“En los últimos meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha tenido un discurso y una lucha a favor de la clase trabajadora, a gente con una situación muy vulnerable, la están dejando sin acceso a la justicia”, subraya.