AGUASCALIENTES, Ags. (Proceso).- En menos de 20 días, Aguascalientes contrajo una deuda multimillonaria con la empresa Next Energy, acusada de fraude en la capital del estado, así como en Baja California –donde es investigada penalmente– y en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El plan de la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel para favorecer a un socio de la compañía al que le ha entregado otros contratos millonarios no tuvo ningún obstáculo.

La deuda, que es mayor a los 12 mil millones de pesos, fue aprobada en una sesión extraordinaria celebrada fast track por el Congreso local, de mayoría panista, este 28 de agosto. Integrantes de las bancadas del PRI, PRD, Partido Verde (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y dos de los cinco integrantes de la bancada de Morena: Juan Luis Jasso y Arturo Piña, también votaron a favor. La sesión estuvo protegida por policías estatales y granaderos, que reprimieron una protesta política contra el endeudamiento. Los manifestantes, la mayoría de Morena, gritaron consignas como “traidores” y “corruptos” a los legisladores, además de instalar una manta con la frase: “No a los negocios de Teresa con dinero público”.

La deuda entró en vigor esa misma tarde, cuando, con una rapidez inusual, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Empresa en entredicho

Next Energy es un conglomerado de más de una decena de razones sociales constituidas en diversas entidades que, en general, brindan servicios de energía solar. En 2019, Jiménez Esquivel, entonces alcaldesa de la capital aguascalentense, firmó un contrato con una de esas filiales: Next Energy del Centro, para que dotara de energía “limpia” a las dependencias municipales. Para ello, contrajo una deuda por 3 mil 369 millones de pesos bajo el modelo de Asociación Pública-Privada (APP), cuya fuente de pago sería 41.7% de las participaciones federales del ayuntamiento hasta 2050.

A partir de 2020, la empresa comenzó a cobrar entre 10 y 30 millones de pesos mensuales al municipio, según lo establecido en el contrato. El compromiso era que pusiera en marcha un parque solar fotovoltaico que produjera energía solar y así lograr ahorros en el pago de electricidad, pero ese parque nunca ha funcionado debido a que no se terminó de construir y a que no tiene los permisos federales para operar. En las otras entidades Next Energy es investigada y acusada de lo mismo: cobrar millones de pesos a los gobiernos sin prestar ningún servicio.

En Baja California provocó un escándalo político para la administración del exgobernador morenista Jaime Bonilla. Funcionarios de su gobierno están vinculados a proceso por peculado y uso ilícito de atribuciones y también han sido acusados empleados de la compañía. Por el caso, en diciembre de 2023 la Interpol detuvo a un empleado de Banca Afirme, fiduciaria de Next Energy en el contrato con esa entidad.

Entre 2020 y lo que va de 2024, la capital de Aguascalientes ha pagado a la empresa 584 millones de pesos, de acuerdo con documentos a los que Proceso tuvo acceso. Y aunque nunca se le ha dejado de pagar sin recibir nada a cambio, la falta de cumplimiento provocó que el municipio iniciara un proceso jurídico mercantil en 2022. Pero a inicios de agosto de este año Jiménez Esquivel emprendió un plan para echar abajo ese proceso legal, reestructurar la deuda y aumentarla a más de 12 mil 870 millones de pesos a pagar hasta 2035.

La renegociación incluye al Poder Ejecutivo y municipios gobernados por el PRI-PAN-PRD. La promesa es la misma: recibirán energía solar para sus instalaciones, aunque ahora se suman postes de alumbrado público y el funcionamiento de pozos.

Los socios

Next Energy del Centro tiene dos socios principales: Héctor Martínez Vivas, un empresario veracruzano, y Eugenio Javier Maíz Domene, hijo de un político priista regiomontano y exdueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey.

En 2019, el mismo año en que Jiménez Esquivel firmó el primer contrato con la compañía, Maíz Domene fue nombrado presidente y socio mayoritario de la empresa donde también es el apoderado general. La información está consignada en documentos del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.

El empresario es una pieza clave para la gobernadora, pues es el socio mayoritario de la empresa MD Iluminación Nacional, con la que, como alcaldesa en 2020, firmó otro contrato de Asociación Público-Privada para renovar las luminarias de la capital. La compañía tiene como accionista minoritaria a Jovita Morín, que ese año era presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Además del tráfico de influencias, el caso fue denunciado por, presuntamente, contener precios inflados. Aunque en Aguascalientes cuatro funcionarios –todos suplentes– fueron vinculados a proceso acusados de fraude y uso indebido del servicio público, en 2022 un tribunal colegiado resolvió absolverlos y dar por concluida la investigación.

La deuda con MD Iluminación Nacional compromete el 14% de las participaciones federales del municipio capital hasta 2030. Hasta marzo de este año, el saldo pagado es de 345 millones de pesos de los casi 700 que se acordaron en el contrato, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin obstáculos

Para que el nuevo contrato con Next Energy pudiera concretarse se tuvo que hacer una reforma legislativa que amplió la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para que el Estado, municipios y los demás entes gubernamentales pudieran solicitar al Legislativo no sólo la contratación de una APP, sino autorización para adherirse a proyectos con el objetivo, principalmente, de compartir deudas contraídas con inversionistas privados a largo plazo. La nueva deuda también tuvo que pasar por la aprobación del Cabildo capital y luego, de nuevo, por el Congreso local. Todo eso sucedió en tan sólo 15 días y con ayuda de partidos políticos considerados de oposición.

Jiménez Esquivel y su grupo de operadores han logrado controlar políticamente a Aguascalientes, a sus poderes Legislativo y Judicial, a órganos autónomos como la Fiscalía del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA), y a los medios de comunicación locales. Por eso, el nuevo endeudamiento pasó casi sin discusión al interior del estado.

El grupo político de la gobernadora incluye a Alfredo Martín Cervantes, secretario estatal de Finanzas; Rubén Camarillo, empresario, exdiputado federal y exsenador por el PAN; al alcalde de la capital, Leonardo Montañez Castro –una de las cartas fuertes de Acción Nacional para la gubernatura en 2027– y a Luis Alberto Villarreal García, esposo de la mandataria y exalcalde del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde es acusado de millonarios desvíos de recursos públicos. En 2014, como diputados federales del PAN, ambos fueron señalados por cobrar sobornos –conocidos como “moches”– a los municipios del país a cambio de otorgarles recursos federales.

La reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes fue aprobada por 24 de los 27 diputados en una sesión extraordinaria del Congreso el 13 de agosto pasado. Los únicos en votar en contra fueron los morenistas Leslie Figuera, Ana Laura Gómez y Juan Carlos Regalado, el único que se ha pronunciado en contra del endeudamiento en el Congreso.

De acuerdo con documentos del Legislativo, al otro día, el 14, la empresa presentó al municipio capital la propuesta para reestructurar el contrato firmado en 2019 y ese mismo día la Secretaría de Servicios Públicos lo aprobó, también lo hizo la Secretaría de Finanzas, que ordenó instalar una Comisión Especial para analizarla.

La Comisión Especial sesionó el 16 de agosto y el mismo día remitió el contrato al Poder Ejecutivo debido a que la reestructura incluye la adhesión de dependencias estatales. Una semana después, el 23 de agosto, el nuevo contrato fue aprobado por unanimidad en el Cabildo de la capital.

El mismo día por la tarde, el presidente municipal, Leonardo Montañez, remitió la propuesta al Congreso, donde tenía que ser aprobada. Dos días después, el 26, el Legislativo aprobó una nueva sesión extraordinaria para votar, entre otras reformas controvertidas, el incremento de la deuda. La sesión se celebró el 28 y el nuevo contrato fue aprobado.

Nuevo modelo de negocio

Aunque por ahora no se conocen los detalles, Proceso obtuvo documentos que señalan que el nuevo modelo de negocio propone aumentar el servicio a los organismos paraestatales, como fideicomisos, institutos, el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, el DIF, Radio y Televisión (RyTA), plantas tratadoras, centros de salud y más de mil escuelas; así como a los municipios de Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Asientos, Tepezalá y el organismo operador de agua del municipio de San Francisco de los Romo, todos gobernados el próximo trienio por la alianza PAN-PRI-PRD. También a organismos autónomos: las sedes de la Fiscalía estatal y del Poder Judicial local. En total serán más de cuatro mil microplantas solares instaladas.

Se incluirán además a empresas locales en un modelo aún no transparentado.

Sumado a la deuda de la capital, que sería de 3 mil 195 millones de pesos, por los servicios prestados a los demás órganos de gobierno, la empresa cobrará más de 9 mil 674 millones que serán pagados con los recursos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). En los documentos se incluyen costos de mantenimiento por 184.4 millones para el municipio y de 262.7 millones para el estado.

En la tabla de pagos plurianuales que Proceso pudo consultar se consigna que la mayor carga presupuestal será para las administraciones que operen en 2035, cuando la capital tendría que pagar mensualmente a la compañía 31 millones y el estado, con los demás organismos gubernamentales, 125.8 millones de pesos cada mes, siete veces más que lo que pagaría la administración de Jiménez este año.