CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez penal en la Ciudad de México canceló la condena que el empresario argentino, Carlos Ahumada tenía pendiente por cerca de dos años de prisión y el pago de 26 millones de pesos por concepto de reparación del daño al concluir que la misma prescribió.

Luego de un debate de tres horas el juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Norte, Rubén Manuel Godínez Cerón dio la razón a la defensa de Ahumada en el sentido de que transcurrió el plazo establecido por ley para la prescripción de la pena que el Gobierno capitalino reclamó al empresario.

De este modo, el juez dio por cerrado el caso que inició hace 20 años por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra Ahumada por el delito de fraude en agravio de las delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac.

Aunque la Fiscalía y el gobierno capitalino cuentan con tres días para apelar la resolución, su defensa informó que el empresario regresará a su natal Argentina.

"(El juez) estimó procedentes los argumentos de la defensa en el sentido de que está prescrita tanto la sanción corporal como la sanción pecuniaria de 26 millones de pesos", señaló el abogado Enrique Ostos al salir de la audiencia.

"Queda totalmente libre, al margen de que tiene una suspensión, Carlos se regresa a su país a trabajar que es donde radica y tiene sus actividades, se va contento y satisfecho".

Al salir de la diligencia Carlos Ahumada rechazó hacer alguna declaración y acompañado por su hijo y otro de sus abogados se retiró rápidamente de las instalaciones del Centro de Justicia del Reclusorio Norte.

Ahumada había sido condenado a 5 años de prisión y al pago de 26 millones de pesos a favor del Gobierno capitalino, de los que sólo cumplió 3 años, un mes y 11 días.

En el año 2010 salió de México y se reinstaló en Argentina hasta julio pasado que fue extraditado para cumplir la última parte de su condena.

En entrevista con Proceso, días antes de la audiencia de hoy, el abogado Enrique Ostos explicó que Ahumada se preparó para regresar a México antes de ser detenido.

Para ello, luego de asegurarse que ya había prescrito su condena, lo que ocurrió el año pasado, tramitó un amparo en el que le fue concedida una suspensión para evitar ser detenido por las autoridades capitalinas y que la ficha roja emitida por la Interpol en su contra fuera cancelada.

De esa manera planeó regresar por voluntad propia a México y tomó un vuelo desde Buenos Aires con escala en Panamá.

Sin embargo, al estar sujeto a proceso de extradición, el 7 de junio fue detenido en el aeropuerto de Panamá cuyas autoridades no habían sido notificadas de la orden de cancelar la ficha roja.

De ahí, fue deportado a Paraguay, desde donde fue trasladado de regreso a Buenos Aires en cumplimiento a la ficha.

Allí permaneció 32 días privado de la libertad debido a que, según las autoridades argentinas, violó una restricción migratoria, es decir, que no podía salir de su país porque estaba vigente la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano que data de dos años.

“Cuando él ya tenía garantías de que no sería privado de su libertad se allanó a la extradición, pues su única finalidad para viajar a México era afrontar su situación jurídica ante el juez de ejecución y concluir así su problema legal”, relató el abogado.

“Este es un asunto relevante, por tratarse de Carlos Ahumada pues desde su origen (en el año 2007) ha tenido un matiz político más que jurídico”.

En el año 2004, Carlos Ahumada compartió con Televisa una serie de videograbaciones en las que se observa el momento en el que colaboradores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entonces se preparaba para contender por primera vez a la silla presidencial, recibían supuestos fajos de billetes como sobornos a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública en la Ciudad de México.

Entre los evidenciados se encontraba René Bejarano, entonces líder del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Carlos Ímaz, entonces jefe delegacional de Tlalpan y exesposo de la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum y Gustavo Ponce, exsecretario de Finanzas y colaborador cercano de Rosario Robles.

Enrique Ostos descartó que su cliente tenga intención de difundir nuevos videos para destapar redes de corrupción cercanas al actual presidente de la República.

“Tengo entendido que ya no quiere ruido, lo que quiere es paz, estar tranquilo y rehacer su vida después de 20 años de ser perseguido, él ya no tiene ningún interés y lo sé porque me lo ha comentado a mí personalmente desde el día siguiente de que llegó a México”, comentó.