CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Hace un año, sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los vecinos de La Palma que se arrepentirían de no someterse al pago de cuotas y de negarse a ser reclutados en sus filas.

Lo han pagado caro: los criminales están a punto de acabar con el ganado, han devastado casas con bombas lanzadas desde drones, desplazado a más 30 familias y asesinado con violencia extrema a seis habitantes.

El asesinato de Jaime Ramírez Bravo, hermano del comisario, el 10 de agosto, detonó el hartazgo y la movilización.

Junto a cientos pobladores vecinos -que al igual sufren el yugo criminal- tomaron por dos días la carretera Acapulco – Zihuatanejo, el 12 y 13 de agosto, para pedir a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado el repliegue de los criminales.

Las autoridades les ofrecieron reforzar la seguridad policiaca y militar en la zona; los pobladores les dieron el voto de confianza, que aseguran, es el último.

De lo contrario elegirán entre dos opciones: hacer un éxodo para solicitar asilo político en los Estados Unidos o tomarán las armas para unirse a otro grupo criminal para sacar a La familia Michoacana de la región.

El acoso inició en diciembre de 2022 en la localidad vecina de El Durazno, ubicada en la sierra de Coyuca de Catalán, en los límites de Tierra Caliente y Costa Grande.

Aquel sábado 10, más de 100 sicarios llegaron a la cancha. Convocaron a los jóvenes para notificarles que serían recluidos, pero estos se negaron.

Vino la tortura y la matanza a plena luz del día de José Luis, Bonifacio, Vladimir, Isidro, Daniel, Fernando y Elder, este último de 15 años.

El Durazno posee cientos de hectáreas de aguacate y de bosque para la explotación de madera

En julio pasado, la Fiscalía de Guerrero informó que Hermelindo N alias “El Meli” o “El Chiquillo”, supuesto jefe de plaza de La Familia Michoacana, fue sentenciado a 140 años de cárcel por su responsabilidad en el homicidio de siete personas en El Durazno. También se le impuso el pago por reparación del daño de 874 mil 722 pesos por cada una de las víctimas.

Nueve meses después, en septiembre de 2023, La Familia Michoacana llegó a La Palma, también en esa área de la sierra, pero perteneciente al municipio de Petatlán.

En camionetas pick up llegaron decenas de sicarios con armas largas.

Preguntaron a la población a qué Cártel pertenecían, le contestaron que a ninguno y ahí vino la imposición.

-¡Van a pertenecer a nosotros!

Les dijeron que tendrían que trabajar para ellos, pagar una cuota mensual y los hombres reclutarse al brazo armado.

Los vecinos respondieron firmes que no querían pertenecer a La Familia Michoacana y a ningún grupo criminal.

A casi un año de esa incursión, el comisario de La Palma, Alberto Bravo Ramírez recuerda:

“Ese día nos dijeron que nos íbamos a arrepentir, y creo que lo estamos haciendo, hasta el momento no hemos tenido garantías para estar en paz”, dice.

Las autoridades y pobladores del corredor Santa Rosa de Lima (Tecpan de Galeana) – La Palma (Petatlán) – El Durazno (Coyuca de Catalán) refieren que la célula que mantiene asolada a la zona está integrada por 150 civiles armados.

Y cuando preparan una incursión armada el número se llega a triplicar.

Ellos controlan los precios de los alimentos, el gas, la gasolina y el transporte público.

Fuentes de seguridad en el estado indican que el líder de la célula criminal es Oliver Sánchez Coria El Ruso y está al servicio de La Familia Michoacana, cuyos jefes máximos son los hermanos Johnny "El Pez" y José Alfredo "El Fresa" Olascoaga Hurtado.

La familia michoacana se ha ensañado con La Palma

Los ataques con drones explosivos del año pasado provocaron que todo el pueblo saliera en noviembre; unas 100 familias regresaron en mayo pasado resguardadas por policías y militares, pero continúan en desplazamiento forzado más de la mitad de la población.

En todo el corredor, indican, hay unas 500 familias en desplazamiento forzado.

En la comunidad no hay médicos, menos medicinas. El único maestro de la escuela primaria trabaja en línea en una zona donde el internet se compra por fichas y donde la gente apenas subsiste.

Cuando un habitante requiere atención médica de emergencia se solicita acompañamiento al convoy militar y hasta que éste lo autoriza pueden bajar a la zona urbana a atenderse.

De abril a la fecha han sido asesinados seis pobladores de La Palma.

En abril fue asesinado César Cadena Duarte, trabajador de limpia del Ayuntamiento de Petatlán.

En mayo tras el regreso a su comunidad después de siete meses de desplazamiento fueron privados de su libertad Rogelio y Gustavo Garduño, sus cuerpos fueron tirados en la comunidad de Troncones.

El primero era empleado en una empresa arrendadora de automóviles y el segundo técnico en aires acondicionados.

El 22 de julio se llevaron por la fuerza a Juan Gabriel Ramírez Orbe en El Zarco y su cadáver apareció en Zihuatanejo.

Dos días después, el exregidor de Petatlán y originario de La Palma, Francisco Rosales López, también fue desaparecido cuando se dirigía a su vivienda y su cuerpo hallado por la noche envuelto en bolsas negras también en Zihuatanejo.

Y el sábado 10 de agosto, Jaime Ramírez Bravo, hermano del Comisario de La Palma Alberto Bravo, fue atacado con armas de fuego cuando pastoreaba sus vacas en el campo. En esa agresión otras dos personas resultaron heridas.

El crimen se registró a 300 metros de la Base de Operaciones Mixtas, encabezada por efectivos del Ejército, pero no hicieron nada cuando escucharon los balazos.

El comisario de La Palma, considera que ya es un problema personal de La familia michoacana con los pueblos que se han resistido a servirles.

“La Palma es el único pueblo que se está resistiendo a sus atrocidades. Una vez quitando a La Palma se van con los otros pueblos”.

Ofrecen más seguridad

Tras un bloqueo de dos días, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Josué Barrón Sevilla; el fiscal general de Guerrero, Zipacná Torres Ojeda y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, ofrecieron a 30 comisarios de comunidades de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalan reforzar las bases de operaciones mixtas y realizar patrullajes de militares y Guardia Nacional.

Mientras que el comandante de la 27 zona militar, el general Andrés Ojeda Ramírez informó que 250 militares se sumarán a las tareas de seguridad.

El comisario Alberto Bravo, confió a Proceso que le van a otorgar el voto de confianza a las autoridades.

Si la situación no cambia, todos los pueblos que están padeciendo la violencia tendrán que decidir entre dos opciones:  

“O nos vamos todos los pueblos afectados a solicitar asilo a Estados Unidos o nos unimos a un Cártel”.