OAXACA, Oax. (apro).– Defensores ambientales de Unión Hidalgo denunciaron que la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) desacataron, por segunda ocasión, un mandato judicial federal que impide la extracción de material pétreo en el paraje llamado El Barrancón.

Por esta razón, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (Código-DH), informó que los defensores ambientales presentaron un incidente de incumplimiento porque GFS, CIIT y SEMAR continúan con la extracción ilegal de material pétreo en el paraje El Barrancón pese a que existe una suspensión otorgada por un Juzgado Federal.

Recordaron que, desde marzo de 2024, el amparo 54/2024 protege el área natural conocida como Loma Lope ubicada al oriente de la comunidad, donde GFS extrae material pétreo sin autorización ambiental para surtir a la Línea K del ferrocarril interoceánico que atraviesa Unión Hidalgo.

Mencionaron que el amparo concedido mandata la suspensión provisional de los trabajos de extracción de material pétreo en El Barrancón, y se evite cualquier despojo de la propiedad social del núcleo agrario de Juchitán y sus anexos.

Cabe mencionar que la comunidad de Unión Hidalgo ha denunciado que, desde octubre de 2023, tuvieron conocimiento que la Secretaría de Marina (Semar) pretendía operar un banco pétreo sin autorización de la asamblea de bienes comunales, cuya obra no cuenta con permiso de operación desde diciembre de 2018.

Además, informó que cuando la comunidad buscó información sobre este proyecto y un acercamiento con la Semarnat y la empresa GFS, se percató del ecocidio que se cometía en su territorio por el derribo de más de 9 mil árboles nativos, entre ellos especies protegidas establecidas en la NOM 59 de la Semarnat.

Es importante resaltar que, con tal de cumplir con el proyecto presidencial, estas instancias de gobierno y la empresa han ignorado las leyes ambientales y judiciales que tanto dicen respetar.

Esto se reflejan con la actitud de la Semar, la cual les negó implementar un proyecto de reposición de especies, mientras que la Semarnat exentó la realización de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por tratarse de una obra prioritaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.