OAXACA, Oax. (apro).- A tres años de la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se han cometido 72 ataques en los que se perpetraron 226 agresiones cometidas en su mayoría por el Estado mexicano a través del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en los territorios indígenas, informó una Misión Civil de Observación.

La Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec (MCO) conformada por 22 organizaciones internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos y de los pueblos originarios, denunciaron que los datos de violencia contra los opositores al megaproyecto presidencial son alarmantes.

Y detallaron que, del 1 de mayo de 2021 al 1 de mayo de 2024, se registraron un total de 72 ataques, en los que se perpetraron, al menos, 226 agresiones diversas en contra de personas defensoras, siendo las más recurrentes: intimidación (30%), hostigamiento (28%), amenazas (10%) y agresiones físicas (7%).

Además, se documentaron tres homicidios en contra de defensores zapotecos: Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023). Hicieron hincapié que el 92% de las víctimas defensoras pertenecen a algún pueblo indígena; en ese marco, los pueblos Mixe (Ayuujk) y Zapoteco (Binnizá) fueron quienes tuvieron que enfrentar un mayor número de agresiones en su contra.

Consideran que es importante visibilizar la existencia de agresiones e impactos diferenciados en contra de defensoras indígenas, quienes han enfrentado ataques de intimidación, amenazas y agresiones físicas basados en roles y estereotipos de género y con cargas de sexualidad.

Lo preocupante es que los autores de los casos documentados por la Misión, el Estado mexicano, registró el mayor número de participaciones en la violencia perpetrada (en 94 ocasiones dentro de los 72 ataques documentados), con una presencia permanente y protagónica del Ejército, la Marina y Guardia Nacional en los territorios indígenas del Istmo, que propicia un clima hostil y de intimidación, lo cual ha generado una violación sistemática a los derechos fundamentales contra las comunidades y pueblos que habitan en el Istmo de Tehuantepec.

La realidad es que el Corredor Interoceánico solo ha provocado la criminalización y violencia hacia personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio y pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec, quienes hasta la fecha mantienen procesos de resistencia y organización comunitaria.

Frente a diversas acciones que las comunidades y personas defensoras han llevado a cabo para proteger sus propiedades, territorios y formas de vida, el Estado mexicano ha desplegado una serie de actos que afectan su integridad física y emocional, su libertad y territorio.

Luego que la Misión Civil realizó del 22 al 25 de julio de 2023 un recorrido por diferentes comunidades del Istmo de Tehuantepec, constataron una violación sistemática a los derechos fundamentales contra las comunidades y pueblos de la región.

Denunciaron que, respecto a la libre determinación y consentimiento, las consultas realizadas en el Istmo, no respetaron los estándares internacionales en la materia ni los derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados.

En cuanto al territorio se documentó el despojo de tierras ejidales con violencia vinculada a las dinámicas de especulación inmobiliaria y destrucción de tierras de siembra. También se conoció de la intervención del Estado limitando el derecho de control de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Respecto a la libertad personal documentaron detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y Agencia Estatal de Investigaciones, las autoridades irrumpieron en los domicilios, emplearon uso excesivo de la fuerza pública y no señalaron las razones de las detenciones (se desconoce su existió una orden legal de aprehensión para ejecutar las detenciones).

Aunado a ello, documentaron también casos de desplazamiento forzado en los que las personas defensoras fueron desplazadas, mediando violencia en su contra, así como comisión de delitos: robo, agresiones físicas, en el caso de obras específicas como los polos de desarrollo, vías férreas y parques industriales.

Es por ello que recomendaron cumplir con las obligaciones de debida diligencia en el marco de la investigación y sanción de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas y comunidades defensoras, así como sus familiares.

Reconocer y respetar los derechos humanos y colectivos de las personas y comunidades indígenas zapotecas, mixes y zoques y otros de la región, sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; su derecho al territorio, al consentimiento previo, libre e informado, a partir de su efectivo reconocimiento como sujetos de derecho público. Detener de manera urgente y efectiva el proceso de militarización a efecto de garantizar una protección efectiva de los derechos a la autodeterminación, territorio y consulta.

Detener toda forma de amenaza, criminalización y agresión en contra de las personas defensoras y pueblos indígenas, así como emprender acciones para garantizar un entorno seguro y garantizar la implementación urgente de medidas de protección efectivas en favor de personas defensoras del Istmo, las cuáles deben ser acordadas con las mismas y tener pertinencia de contexto, perspectiva de género y comunitaria.

Adoptar las medidas necesarias y suficientes para la reparación integral y no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas y comunidades del Istmo de Tehuantepec. Finalmente, la Misión Civil advierte que, de no acatar las recomendaciones generadas, se profundizarán las violaciones a los derechos fundamentales de comunidades y personas defensoras en el Istmo de Tehuantepec.