CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-  En el contexto de la discusión de la Reforma Judicial, que pretende que todos los juzgadores del país sean electos por voto popular, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) inició la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pero sin lograr el incremento presupuestal que desde al año pasado fue solicitado por su magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez.

El 12 de junio último el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México publicó el Acuerdo General 44-17/2024, con el cual autorizó la extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares de proceso escrito, lo que ocurrirá del 17 de junio al 29 de noviembre próximo.

Con esto, dio inicio la primera etapa de la implementación del citado código que establece que, a más tardar en 2027 todos los tribunales del país en materia civil o familiar operen bajo el esquema de justicia oral, como ocurrió con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Lo anterior significó que desde el 17 de junio último la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia capitalino dejó de enviar asuntos nuevos a los 24 juzgados civiles y los 11 familiares que serán extintos.

En los avisos publicados por el Consejo de la Judicatura local se estableció que del 11 al 25 de noviembre próximos se realizará el cierre jurisdiccional y el returno de los asuntos que quedaron en trámite a los juzgados que continuarán operando en proceso escrito.

De acuerdo con información difundida por el PJCDMX, vía su página electrónica, tan sólo en 2023 los juzgados familiares de proceso escrito, que actualmente son 42, recibieron 61 mil 244 nuevos asuntos (aproximadamente mil 458 por juzgado) y en ese mismo año concluyeron 38 mil 30 casos (cerca de 905 por juzgado), mientras que de enero al 30 de abril de este año habían recibido 20 mil 812 (495 por juzgado, aproximadamente) y concluyeron 12 mil 390 (295 por juzgado).

Durante 2023 en los juzgados civiles, que actualmente son 74, se recibieron 85 mil 55 nuevos asuntos (equivalente a mil 149 expedientes por juzgado), ese año concluyeron 69 mil 153 (aproximadamente 947 por juzgado), y de enero a abril de 2024 fueron ingresados 29 mil 77 nuevos casos (alrededor de 392 por juzgado), mientras que en el mismo periodo concluyeron 21 mil 957 litigios (caso 296 por juzgado).

Tanto la materia civil como la familiar de proceso escrito concentran los mayores porcentajes de asuntos ingresados por año en todo el PJCDMX, con 34.3% y 28%, respectivamente.

De acuerdo con información consultada por Proceso en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX), los juzgados que se extinguirán en realidad se convertirán en nuevas salas de oralidad.

Ello, con la meta de que, en año y medio aproximadamente, se implemente por completo en la CDMX el nuevo código para que operen 14 unidades de gestión en materia civil y siete en materia familiar, con seis impartidores de justicia cada uno. Es decir, 126 juzgadores estarán adscritos a dichas unidades de gestión.

Para ello, en junio del año pasado el magistrado presidente del TSJCDMX solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reformar los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para autorizar recursos federales y locales suficientes para implementar su aplicación en todos los tribunales del país.

En diciembre de ese año ante el Congreso capitalino, Guerra Álvarez calculó que sólo en la CDMX se requiere una inversión de mil 647 millones de pesos, por lo que solicitó el apoyo de los legisladores para incrementar el presupuesto del tribunal para este año por 10 mil 319.8 millones de pesos.

En total, Guerra Álvarez solicitó al Congreso capitalino que para 2024 le fuera asignado al TSJCDMX un presupuesto de 16 mil 527 millones 251 mil 697.95 pesos. Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México únicamente autorizó para este año un presupuesto de seis mil 814 millones 600 mil pesos para el tribunal, pese a los ruegos del magistrado presidente.

Debido a que se inició la primera etapa de implementación, fuentes judiciales confirmaron a esta casa editorial que en septiembre de este año Guerra Álvarez planteará un nuevo cálculo para solicitar el incremento presupuestal que el TSJCDMX requiere para continuar con el plan de conversión de los juzgados civiles y familiares a oralidad.

Hasta febrero pasado 45 magistrados, 173 jueces y cerca de mil 518 servidores de carrera judicial en materias civil y familiar tanto de proceso oral como escrito fueron capacitados para la implementación del Código.

Movilidad de personal 

De acuerdo con la información difundida por el propio Poder Judicial local, a partir del inicio de la primera etapa de implementación calculó capacitar a más de cuatro mil operadores judiciales.

Esto significa que actualmente no todos los trabajadores de juzgados civiles y familiares del TSJCDMX están capacitados en justicia oral civil y familiar.

Fuentes judiciales consultadas por Proceso explicaron que los trabajadores que no han recibido tal capacitación serán repartidos entre los juzgados que recibirán los asuntos nuevos y los que están pendientes de trámite de aquellos de proceso escrito que serán convertidos en salas de oralidad.

De acuerdo con la información pública del PJCDMX, hasta el año 2022 el tribunal capitalino contaba con 10 mil 529 trabajadores, de los cuales sólo 31.8% son de carrera judicial y quienes se han capacitado en materia de oralidad.

El grueso de la plantilla del TSJCDMX, cuatro mil 182, son personal administrativo especializado, quienes, además de tener los salarios más bajos de toda la institución, no están obligados a capacitarse en materia de oralidad porque no pertenecen a la carrera judicial y a quienes, conforme a los puestos que ocupan, no se les exige grado de estudios mayor al de preparatoria, por lo que son los perfiles que tienen mayor posibilidad de ser readscritos como personal de apoyo a los juzgados que recibirán más trabajo derivado de la extinción de los 24 civiles y 11 familiares anunciada por el magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez.