CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek pidió al Poder Legislativo hacer un diagnóstico sobre el Poder Judicial, antes de decidir qué hacer para reformarlo y advirtió que limitar las facultades de revisión de las leyes puede implicar un retroceso a un poder concentrado.

Durante el cuarto foro de discusión de la reforma judicial realizado por la Cámara de Diputados, esta vez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Laynez recordó que la ciudadanía accede a la justicia, primero a través de los poderes judiciales locales, mismos que han sido desatendidos.

“El primer contacto de la ciudadanía siempre va a ser con la justicia local, no se trata, ahora, de echarle la culpa a la justicia local, pero ahí perdón, no este Gobierno ni todos los demás, nadie, ha puesto atención a la justicia local, que es la que más lo necesitaba porque es la de proximidad: feminicidio, homicidio, roban casa, habitaciones, contrato incumplido, todo eso es local y siempre reformamos de arriba, pero no vemos precisamente la raíz que es lo que la ciudadanía sufre”, dijo, “pregúntele a la ciudadanía y verán que les dirán ‘mi mala experiencia en justicia es cuando entré a ver a la policía o cuando entré con el ministerio público’, entonces, primero, diagnóstico y, luego, decidimos qué hacer”.

Reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene problemas graves pero cuestionó a los legisladores sobre la idoneidad de elegir a los juzgadores federales mediante voto popular pues sólo en la Ciudad de México, los electores tendrán que votar entre dos mil 88 perfiles para jueces, magistrados y ministros de la Corte, por lo que consideró que no es una vía que garantice que los mejores candidatos lleguen a ocupar esos puestos.

“Claro que el Poder Judicial Federal tiene problemas y tiene problemas graves. Mi pregunta es: ¿si esos problemas te llevan a hacer una reforma, que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección?, yo, permítanme decirles que tengo mis dudas”, comentó.

“Si tú tienes que ir a una elección por 6 años está bien, a la mejor tienes el aliciente de prepararte, pero pues muy seguramente tu aliciente mayor sea ganarte a los grupos de apoyo que, insisto y lo diré siempre, es muy legítimo en la representación popular, es natural, es su sustancia, un legislador compra una causa y compromete su voto en ella, el juez no, no puede hacer eso”, enfatizó

Indicó que los datos del diagnóstico que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó en su iniciativa de reforma al Poder Judicial son reales, pero que estos no significan necesariamente que todo el PJF esté “podrido”.

“El diagnóstico, es cierto que el diagnóstico viene de datos concretos, es un poder corrupto, ese punto somos 55 mil; 1,647 juezas, jueces, magistrados y magistrados; y 30 mil abogados, abogadas de todas las edades que pertenecen al sistema de carrera, eso es el Poder Judicial, ¿eso todo está podrido? ¿todo eso es conflicto de interés? ¿todo? O sea, primero, yo sí quisiera ver eso: percepción ciudadana, tienen toda la razón, pero muchos sectores salimos reprobados ahí”, refirió.

Por ello, dijo que actualmente el PJF tiene mecanismos para prevenir y castigar el nepotismo, mismos que fueron incluidos en la reforma constitucional aprobada por la legislatura saliente en el año 2021 y que fue impulsada por el ministro en retiro, Arturo Zaldívar en colaboración con el Ejecutivo federal.

“Desde la reforma de 2021, que también fue constitucional, la vieron ustedes, precisamente se marcó como problema y se atendió”, recordó.

“Los problemas se atienden, sería absurdo que, en esa época, en el 2021 que se hizo la reforma, fue algo de lo que se nos dijo, traen este problema, se ataca ese problema, se emite la legislación y ahí está la legislación”.

También recordó que desde 1994 se reformó al PJF para que fungiera como un contrapeso real, mientras que el Legislativo no requirió de tal reforma para convertirse en un verdadero contrapeso sino de que el PRI perdió la mayoría parlamentaria en 19997 en la Cámara de Diputados y en el 2000 en ambas cámaras.

Por lo que defendió figuras como la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, el juicio de amparo, el interés legítimo, entre otras, que han servido para frenar leyes para beneficiar a todos por igual.

“Se nos dice ‘este Poder Judicial ha excedido su labor como como contrapeso, hay que revisar el control y, a lo mejor, regresar a control concentrado’, revisémoslo ¿por qué no?, sí habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir ya los jueces, un juez local no, puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo”, detalló.

 “Por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad (…) el amparo es control no sólo del poder político, sino de los poderes fácticos”.

Incluso indicó a los legisladores que desde 1996 la Corte ha revisado el proceso legislativo para poder invalidar leyes en 221 asuntos, pero únicamente ha declarado inconstitucionalidad de cuatro leyes federales.

Esta facultad ha sido duramente criticada por el presidente López Obrador, Morena y ahora, por la ministra Lenia Batres Guadarrama al considerar que la Corte se ha excedido.

“Respetuosamente no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”, apuntó.