CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una prolongada sesión, con receso incluido, devino en una reducción tan histórica como las multas que originalmente el Instituto Nacional Electoral (INE) pretendía imponer a los partidos políticos por irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral 2023-2024.

Al concluir, los montos fueron drásticamente reducidos respecto a la proyección original, con documentos votados en bloque con tachaduras y adendas que hacen previsibles cientos de litigios que podrían reducir los montos aun más.

Si hasta la noche del domingo, los predictamenes apuntaban a sanciones por mil 420 millones de pesos, luego de una serie de ajustes que causaron polémica y división en el consejo general del INE, este martes el país amaneció con la noticia de una reducción por casi la mitad: 778.9 millones de pesos.

El desastre en los informes de fiscalización no se había visto en el órgano electoral, cuya Unidad Técnica de Fiscalización reportó una serie de fallas en su Sistema de Integral de Fiscalización, un aplicación digital en la que los partidos, en tanto sujetos obligados, deben cargar los datos de sus gastos de campaña. Esto es una caída del sistema que puso en riesgo la integridad de los dictámenes de fiscalización.

La solución de la UTF fue integrar datos la madrugada del lunes, para poder armar al menos 60 dictámenes al vapor que no pasaron por la comisión responsable, sino que se fueron al pleno del Consejo General del INE, donde varios de sus integrantes alertaron sobre las condiciones forzando un receso para verificar la nueva información entregada.

La clave está en los criterios de sanción por concepto de gastos no reportados, gastos no comprobados y los egresos no reportados, que terminaron resultando en el megadescuento.

Durante la sesión ni siquiera hubo una discusión encendida de los partidos, mientras que los consejeros electorales se enfrascaron en las modificaciones de los predictámenes y los criterios de sanción.