CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Acuerdo Bicentenario, el tratado de seguridad suscrito en 2021 por los gobiernos de México y Estados Unidos, representa, en los hechos, la continuidad de la Iniciativa Mérida adoptada en 2008 por Felipe Calderón y George W. Bush, y la militarización de la cooperación binacional en materia de lucha contra el crimen y del control de la migración.

Un estudio de la organización civil Elementa DDHH señala, además, que el Acuerdo Bicentenario, pactado entre los gobiernos de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, se inscribe en el “modelo de prohibición” y en las “lógicas bélicas y de persecución” que dieron origen a la Iniciativa Mérida de Calderón.

La investigación de Elementa, que incluye documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya, sostiene que la información contenida en esos archivos electrónicos permite identificar cuatro temas que tienen prioridad en la agenda bilateral de seguridad: migración, extradiciones, tráfico de fentanilo y tráfico de armas.

Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, dice a Proceso que más allá de la retórica nacionalista de López Obrador, éste acabó por alinearse y por “someterse” a la nueva agenda de seguridad de Estados Unidos, en la que el combate a la cocaína fue desplazado a un segundo plano por dos fenómenos de enorme preocupación para la sociedad y el gobierno estadunidenses: la migración y el fentanilo.

De esta manera, el presidente y el alto mando de las Fuerzas Armadas pusieron a buena parte de los 106 mil efectivos de la militarizada Guardia Nacional (GN), y a unos 38 mil soldados y marinos, a realizar labores de “contención” migratoria.

Con este despliegue, México ha cumplido con uno de los “indicadores” del Acuerdo Bicentenario, el de “reducir el tráfico y la trata de personas”. Las cifras de la Secretaría de Gobernación son elocuentes: en los últimos seis años, el número de migrantes extranjeros detenidos y deportados ha crecido 978 por ciento.

En 2018, cada día eran detenidos 365 migrantes. Este año, el promedio diario es de tres mil 936, un promedio de 2.7 cada minuto.

En materia de lucha contra el fentanilo, el gobierno de López Obrador también ha sido un firme colaborador de Estados Unidos, a pesar de los reparos de la Agencia Antidrogas de ese país, la DEA, un organismo de seguridad que ha quedado desplazado por el Departamento de Defensa como eje de la cooperación binacional contra el narcotráfico.   

Según datos de la Sedena, los aseguramientos de fentanilo en México han crecido exponencialmente este sexenio, al pasar de cinco kilogramos en 2018 a 2.3 toneladas en 2023, lo que representa un incremento de 46,000 por ciento en ese lapso.   

La lucha de este gobierno contra el fentanilo también es legal. El presidente busca llevar la prohibición de ese opioide sintético a nivel constitucional. Esa iniciativa figura en el paquete de reformas del mandatario conocido como el Plan C.

Tropas extranjeras en México

La directora de Elementa, Adriana Muro, señala que tanto en el diseño del Acuerdo Bicentenario como en el cumplimiento de los compromisos asumidos con Estados Unidos, la Sedena, al mando del general Luis Cresencio Sandoval, juega “un papel central”.

Documentos de la Sedena obtenidos por Guacamaya y analizados por Elementa indican que la institución militar fue muy activa en la elaboración del acuerdo binacional en materia de seguridad, lo cual es apenas el reflejo del proceso de militarización emprendido por López Obrador desde el inicio de su sexenio.  

Muro, una abogada experta en derechos humanos, seguridad y drogas, dice que en el marco del Acuerdo Bicentenario la cooperación militar entre México y Estados Unidos ha llegado a niveles sin precedentes, a juzgar por la información pública disponible.

La abogada pone como ejemplo la inusual presencia de tropas estadunidenses en México para capacitar las Fuerzas Militares de este país y realizar ejercicios conjuntos. 

Sólo en abril pasado, el Senado mexicano aprobó varias iniciativas de López Obrador para permitir el ingreso a este país a 447 militares estadunidenses, 227 de ellos armados, con municiones y equipo de combate, para entrenar a tropas de la Sedena en operaciones especiales, “infiltraciones de larga distancia y capturas de valor estratégico”.

Los cursos de capacitación y dos ejercicios militares conjuntos se realizaron o están por llevarse a cabo este mes de agosto en campos de la Sedena en Chihuahua, el Estado de México y Chiapas, estado que es un punto neurálgico de la migración y de las guerras entre cárteles.

La Armada mexicana –que en sexenios pasados era la institución de seguridad más confiable para la DEA– también recibió entrenamiento por parte de ocho comandos estadounidenses.       

Para Muro, esta solicitud de López Obrador para que vengan militares estadounidenses a adiestrar a militares mexicanos es inédita. La directora de Elementa, una organización civil con sede en México y en Colombia, señala:

Sabemos que los ejércitos latinoamericanos han ido a Estados Unidos a capacitarse, pero no es común que militares de ese país vengan para acá a entrenar tropas.

De acuerdo con Muro, esa inusual anuencia de México con el ingreso de tropas estadounidenses al país puede obedecer a la intención de mandar señales de cooperación al precandidato republicano Donald Trump, quien es partidario de una iniciativa que circula en el Congreso de su país para declarar “terroristas” a los cárteles mexicanos que producen fentanilo y permitir, así, atacarlos con incursiones militares de manera unilateral.

Extradiciones por montón

Mientras que la relación del gobierno mexicano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se fracturó luego de que agentes de esa corporación detuvieron por cargos de narcotráfico en Los Ángeles al extitular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020, las instituciones militares de ambos países estrecharon relaciones.

Aunque Cienfuegos fue liberado por la inconformidad de López Obrador con su captura, México retiró la inmunidad a los agentes de la DEA que actúan en su territorio y los obligó a informar de sus investigaciones a autoridades mexicanas.

En el marco del Acuerdo Bicentenario, la cooperación se centró entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Sedena, y aunque la iniciativa no contempla ayuda financiera ésta se produce de manera directa y sin pasar por el Congreso estadunidense, lo que ha reducido la influencia de los legisladores de ese país en la política mexicana.

En 2019, la ayuda militar del Departamento de Defensa a México ascendió a 50 millones de dólares, indica el estudio de Elementa.

Y a pesar del distanciamiento con la DEA y de la retórica de López Obrador contra la actuación “injerencista” de esa corporación, México no ha dejado de colaborar con Estados Unidos en un tema considerado crucial para los indicadores de resultados de esa agencia: las extradiciones de capos de la droga al vecino país.

Datos obtenidos por Elementa de la Fiscalía General de la República (FGR) mediante derechos de petición señalan que hasta 2022 México había extraditado a Estados Unidos a 363 presuntos criminales, 90 cada año en promedio, cifra mayor a la del sexenio de Enrique Peña Nieto (87 al año) aunque menor a la del gobierno de Calderón (99 al año).

Pero en 2023 las extradiciones se multiplicaron y, según el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegaron a “la cifra anual más alta en una década”, aunque no precisó cuántas fueron. Tampoco la FGR respondió a Elementa un derecho de petición sobre el tema.

La ONG descubrió en los documentos de Guacamaya que Estados Unidos impuso a México una “cuota” de al menos 60 extraditados por año, lo que el gobierno de López Obrador ha cumplido con creces.

Opacidad verde olivo

El texto completo del Acuerdo Bicentenario se ha mantenido en secreto y sólo se conocen hojas informativas o comunicados sobre esa iniciativa, pero los documentos del colectivo Guacamaya a los que Elementa accedió revelan detalles de la negociación.

“En los documentos pudimos observar comentarios enviados desde Estados Unidos a la Sedena para la aprobación de los indicadores”, señala el estudio de la ONG y explica que éstos pudieron sufrir modificaciones.

En el acuerdo, en que México buscó reorientar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, se establecen tres objetivos: proteger a nuestra gente (que incluye enfrentar el consumo de drogas y reducir los homicidios); prevenir los delitos transfronterizos (como tráfico de drogas, armas y personas) y perseguir a las redes criminales (con extradiciones y en sus finanzas).

Elementa señala en su análisis que el Acuerdo Bicentenario propone un nuevo enfoque de seguridad que contrasta con el de acuerdos previos que centraron la cooperación en armas, equipo o capacitación de las agencias de seguridad, pero, en la práctica, lo que se observa es un modelo que da continuidad a las lógicas punitivas inauguradas por Calderón.

Muro indica que el Departamento de Defensa se toma “muy en serio” el tema del fentanilo y busca elevar la capacidad de las Fuerzas Armadas mexicanas para hacer frente en este país a la fabricación y tráfico de ese opioide sintético, el cual fue responsable de 70% de las 107 mil 500 muertes por sobredosis que ocurrieron en Estados Unidos en 2023.

Según la DEA, los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en “el corazón” de la “más peligrosa y mortal crisis de drogas que Estados Unidos haya enfrentado” por el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, ya que –asegura esa agencia– son los que fabrican esas drogas con precursores químicos provenientes, principalmente, de China.

Muro subraya, sin embargo, que la DEA fue incapaz de combatir en su propio territorio el uso indiscriminado de opioides sintéticos que recetaban médicos estadounidenses y que fue la puerta que abrió paso a la crisis del fentanilo, así como ha sido incapaz de impedir que esa droga ingrese y circule de manera indiscriminada en todos los rincones del país. 

De acuerdo con la directora de Elementa, el propio López Obrador, para quien el consumo de drogas responde a la falta de valores familiares, “se vio acorralado” por la presión estadounidense en el tema del fentanilo y por eso reforzó el combate a esa sustancia, con decomisos y desmantelamiento de laboratorios, a pesar de que negaba que en México se produjera ese opioide sintético.

Un indicador establecido en el acuerdo binacional para medir su efectividad es el de la reducción de homicidios y delitos de alto impacto. La tasa diaria de homicidios dolosos se ha reducido de 100 en 2019 a 83 en lo que va de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero al mismo tiempo, en este sexenio se han reportado más de 50 mil personas desaparecidas, cifra más alta a la de cualquier gobierno anterior, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El estudio de Elementa señala que el gobierno de López Obrador ha usado la baja en homicidios como un indicador del éxito de la estrategia de seguridad y de que hoy México, según el presidente, “es un país pacífico”.

Las cifras oficiales, sin embargo, señalan con claridad que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 en México se han cometido 172 mil 375 homicidios, una cifra histórica que convierte a este sexenio en el más violento de la historia moderna de México.