CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace un año, el 19 de julio de 2023, en Sabinas, Coahuila, dos trabajadores de la Minera Fuga murieron cuando el malacate del pocito de carbón en el que trabajaban se reventó y la canastilla se los llevó en caída libre unos 70 metros.

Desde entonces, los datos que se dieron a conocer permitieron saber que el episodio era un desorden del gobierno federal:

Minera Fuga, que operaba la rudimentaria mina, cumplía un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 113 millones de pesos; para hacerlo, contaba con el aval del Servicio Geológico Mexicano (SGM), organismo sectorizado a la Secretaría de Economía.

El problema es que ni la CFE ni el SGM, tomaron en cuenta que, al momento de otorgar el contrato y avalar su operación, esa mina estaba clausurada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De hecho, el SGM no era autoridad competente en materia laboral.

Además, el Título de Concesión Minera no estaba inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental.

La exhibición del caso y el señalamiento de ilegalidad con la que operaban tanto la mina como las dependencias implicadas fueron dadas a conocer desde el primer momento por la Familia de Pasta de Conchos, un colectivo que agrupa a víctimas directas y familiares de mineros fallecidos.

La denuncia pública del colectivo tenía razón: ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó por medio de un comunicado que Orlando “N”, representante legal de la empresa, fue vinculado a proceso por explotación ilegal de un bien nacional.

Funcionarios ausentes

En el comunicado emitido por la FGR, los funcionarios de la CFE y el SGM, implicados en la autorización del contrato a la Minera Fuga, no son mencionados.

La implicación consiste en que la CFE, con instrucciones directas de su director general, Manuel Bartlett Díaz, anunció la asignación de contratos dejando en manos del SGM la revisión de las empresas proveedoras.

El SGM no tiene facultades en materia laboral, sólo en relación con las condiciones extractivas y las documentales de concesión minera, pero la obstinación de Bartlett por echar a andar las carboeléctricas de Nava, Coahuila, permitió que en diferentes casos se pusieran a extraer carbón empresas y concesionarios con instalaciones inseguras.

Minera Fuga obtuvo por asignación directa el contrato CFE-ADAAN-0035-2022 para la adquisición de 81 mil toneladas de carbón mineral para abastecer la carboeléctrica Carbón II. El monto asignado a dicha empresa fue por 113 millones 462 mil 337 pesos.

Sin embargo, desde 2020, la Dirección General de Inspección del Trabajo, de la STPS, había restringido las operaciones de esa mina debido a las condiciones inseguras que se identificaron durante una vista presencial de sus instalaciones.

De hecho, el 22 de noviembre de 2020, Proceso dio a conocer en su edición impresa, la forma irregular de asignación de contratos a empresas con un largo historial de muertes, accidentes de trabajo y otras anomalías, a través de 54 adjudicaciones directas.

Por esos días, durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Región Carbonífera coahuilense, un discurso de Manuel Bartlett fue la admisión de la transgresión a numerosas normas al asegurar orgulloso que había reactivado las compras de carbón y, con eso, la actividad económica regional.

En aquella ocasión, la Familia de Pasta de Conchos le entregó a Bartlett una carpeta informándole lo que de por sí era información pública: que de las 54 empresas, 33 tenían pendientes de cumplimiento; ocho tenían que clarificar aspectos fiscales sobre sus razones sociales y el pago de impuestos al SAT, así como observaciones de naturaleza laboral, ambiental y de seguridad industrial. Y que una más ni siquiera había entregado información.

No le importó. Cuando el 4 de junio de 2021 una explotación carbonera completamente irregular colapsó, pues siguió operando pese a la información entregada por las familias y lo publicado por Proceso.

La CFE rechazó que las familias le hubieran entregado la dichosa carpeta a Manuel Bartlett a través de una carta aclaratoria enviada a esta redacción.

Las minas continuaron explotándose con la consecuente serie de accidentes como la de El Pinabete y la de Minera Fuga.

Impunidades locales

El representante legal de Minera Fuga ante la CFE, de acuerdo con las carpetas que en 2020 se hicieron públicas, era Orlando García Macías, quien operaba el pocito de nombre Santa Fe.

El fundo minero, sin embargo, operaba bajo el Título de Concesión 219312, propiedad de Alfonso González Garza, El Mupo.

Junto con su hermano de nombre Luis y los mismos apellidos, son conocidos en la región como Los Mupos” Se trata de carboneros que han acaparado concesiones mineras y cuyas operaciones han cobrado la vida de al menos 18 personas entre 2011 y 2023.

El 3 de mayo de 2011 murieron 14 trabajadores y un adolescente resultó mutilado en el Pozo 3 de un predio denominado Santa María I, cuyos dueños eran Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), empresa constituida por el hijo de El Mupo: Melchor González Vélez, El Chorín, y su esposa Hilda Griselda Marines, hija del exalcalde de Sabinas, Conrado Marines.

Sin embargo, El Chorín operaba con la concesión minera que tenían en conjunto su padre González Garza y su socio Jesús María Chuma Montemayor Seguy, el hermano del exgobernador Rogelio Montemayor, él mismo exalcalde de Sabinas y padre de quien entonces era alcalde de Sabinas y hoy secretario de Desarrollo Rural en la entidad, Jesús María Montemayor Garza.

El Mupo y Chuma Montemator pagaron unos cuantos miles de pesos por el título, la apertura de la mina y obras de exploración, pero no contaban con estudios geológicos. 

A pesar del siniestro, El Mupo continuó operando concesiones y sumando tragedias: un año después, el 18 de mayo de 2012, otro minero falleció luego de que se inundó el pocito en el que trabajaba, ubicado el ejido Pueblo Nuevo, también en Sabinas.

Más recientemente, el 6 de abril de 2017, Pedro Gómez Salazar, de 53 años, falleció aplastado por rocas en la mina El Mezquite, antes llamada Alpha Prime, en donde ese año ocurrieron tres incidentes relacionados con piedras que cayeron del techo, una de ellas a Lázaro Ernesto Villanueva Coronado, un joven de 19 años al que le cayó una roca en la columna dorsal.

Las autoridades cerraron temporalmente la mina y poco después fue reabierta. Tanto El Mupo como su hermano Luis González Garza han gozado de numerosas concesiones mineras y muchas en alianza con Jesús María, Rogelio y Heriberto Montemayor, la familia del mencionado exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy.

En el caso del pocito Santa Fe, en El Mezquite, murieron José Guadalupe Esparza Pérez y Juan Jesús Zapata Alfaro. Pero una vez más González Garza y sus socios quedaron fuera de la investigación en la que la FGR sólo ha logrado consignar a Orlando “N”.